Juan Pedro Castillo Bahena

Expediente 18/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
18/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Pedro Castillo Bahena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y de las constancias procesales, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la legislación aplicable, sin que se haya hecho valer el medio de impugnación referido en contra del proveído del quince de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda promovida por *****, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2°, de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo, ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, intégrese a las actuaciones el oficio de la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 35/2021, orden 48/2021, mismo que fue enviado a efecto de notificar al quejoso el auto del veintinueve de enero pasado. Atento a ello, dése de baja la comunicación oficial para efectos estadísticos; sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente toda vez que éste se genera de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, notifíquese ese auto y este proveído por lista electrónica, como se encuentra ordenado en acuerdo del veintiséis de abril anterior. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    1. Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de junio de dos mil veintiuno. Téngase a la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, remitiendo testimonio de la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial 2/2021, así como el juicio de amparo 85/2021, en la cual se determinó que este Juzgado Federal que es inexistente el conflicto competencial que se suscitó entre este juzgado y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y que precisamente había quedado definido que este Juzgado es competente para conocer de la demanda de amparo promovido por *****contra un acto de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo; realícense las anotaciones respectivas. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y acúsese el recibo de estilo. En otro contexto, es preciso señalar que el artículo 113 de la normativa de la materia impone a este Juzgador, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En efecto, de la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado la sentencia del cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil 148/2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en la que se declaró competente para conocer de la demanda natural al Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, por conducto de su Sala Regional de esta ciudad, dejando nulo todo lo actuado, sin incluir la presentación de demanda y el auto que declara la rebeldía del demandado. Siendo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, pues es necesario efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya invocado el segundo de los arábigos de referencia; asimismo, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en salas es obligatoria para los plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, y la emitida por los Plenos de Circuito es obligatoria para los órganos en mención, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Ahora, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Luego, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, como en el caso acontece, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En ese contexto, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Por tanto, si la resolución combatida solamente dirime una cuestión de competencia por declinatoria, y no resuelve de manera definitiva la cuestión competencial, no le afecta personal y directa a la esfera de derechos del promovente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2009721, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En consecuencia, toda vez que la determinación que reclama el promovente no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que no tiene el carácter de definitiva, por los razonamientos expresados con anterioridad; en tales condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Víctor Alfonso Álvarez Bahena, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    1. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito del Estado, con sede en Chilpancingo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 96/2021 (orden 181/2021), del índice de este órgano de control, derivado del expediente en que se actúa, por tanto, se tiene por notificado al quejoso ****** del proveído del veinticinco de marzo pasado. Sin que sea necesario acusar de recibo, puesto que el mismo lo genera de manera automática el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE) como lo refiere la oficiante. Dése de baja la comunicación para efectos estadísticos. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que el citado sujeto procesal no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del veinticinco de marzo del año que trascurre; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, la notificación de este acuerdo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control. Por otra parte, glósese a los autos el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual inserta el proveído del diecinueve del actual, en el que comunica que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano de control y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mismo que fue registrado con el número 2/2021; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    1. Iguala de la Independencia, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, la boleta de conflicto competencial turnada al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, enviado por el correo electrónico sise@cjf.gob.mx, recibido por la misma vía de lo que se toma nota para los efectos a que haya lugar. Cúmplase. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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