Juan Parra Manel
Expediente 904/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Parra Manel
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guarda el presente juicio y la certificación secretarial precedente, advierto que el quejoso omitió recurrir el auto dictado el veinte de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 5 a 8), por el que se desechó la demanda de amparo conforme al principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, DECLARO QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, ordeno hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto concluido. Instruyo al secretario encargado del presente asunto, que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se desechó la demanda, es susceptible de destrucción. También, hago notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, ordeno hacer las anotaciones en la carátula del expediente.
- Principal
De la certificación secretarial advierto que a lo que respecta al presente asunto, se recibió un sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, donde indica la imposibilidad de notificar el oficio 27636/2019 con anexo dirigido a la Fiscalía de Zona Región Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, al contener la leyenda "No existe.", pues si bien la residencia de la citada autoridad es en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el sobre fue dirigido a Izúcar de Matamoros, Puebla. En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, ordeno remitir el oficio 27636/2019 con anexo, el cual deberá agregarse al oficio derivado del presente proveído al domicilio ubicado en: 15 PONIENTE ESQUINA CON 8 SUR, COLONIA NIÑOS HÉROES. TEHUACÁN, PUEBLA. Encomiendo a la actuaria + para que verifique la debida notificación del referido oficio a la autoridad señalada en su denominación correcta, completa y actual, así como el domicilio, número de oficio, cuaderno y la fecha del acuerdo, en el sobre a través del cual habrá de enviarse el oficio respectivo. Lo anterior, porque cualquier irregularidad pudiera ocasionar una imposibilidad por parte del Servicio Postal Mexicano para efectuar la notificación encomendada. En concomitancia a esa instrucción le hago saber a la Actuaria Judicial adscrita que para cumplir con esa encomienda cuenta con el apoyo del oficial administrativo designado para tal efecto, en quien también recae la obligación de realizar de manera eficiente la correspondencia del juzgado.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Recibo la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso + contra actos del agente del Ministerio Público Investigador non del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla sic. En consecuencia, ordeno formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Considero que esa hipótesis normativa, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia, debo imponerla a la demanda presentada por el quejoso. Para demostrarlo, presento el acto reclamado en la demanda: ".Lo es la abstención y no ejercicio de la acción penal dentro de la + puesto que dicha NUAT, data de mucho tiempo atrás y la autoridad responsable no ha consignado la misma, a pesar de que ya se cumplieron los requisitos que prevé el artículo 16 constitucional .". Ese acto me permite visualizar desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la abstención reclamada en la demanda que implica la falta de ejercicio de la acción penal, en la carpeta + iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Así lo obtengo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación, debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria el juicio de amparo. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 10a. publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. Bajo este contexto, afirmo que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público desde el inicio de la carpeta de investigación, en particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entra las cuales queda incluida la abstención de pronunciarse respecto de la acción penal. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las omisiones e incluso la emisión de la determinación procedente al ejercicio de la acción penal. Lo cual obtuve de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de determinación en la carpeta de investigación. Por consiguiente, afirmo que el reclamo planteado por el quejoso, contra la abstención que implica la falta de ejercicio de la acción penal, debe llevarla primero a la ruta ordinaria de impugnación, prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definividad. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra el acto reclamado en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la legalidad de la conducta adoptada por la responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Así, declaro que la abstención reclamada en la demanda de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación una víctima por hechos con apariencia de delito y una denuncia presentada bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues el acto reclamado por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Lo cual de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, desecho de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad pues la abstención de emitir la determinación correspondiente al ejercicio de la acción penal, debe impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Por otro lado tengo como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones el inmueble citado en la demanda ubicado en la ciudad de Puebla); y como autorizados en términos restringidos, a los profesionistas que nombró en el proemio de aquella, porque omitió conferirles las facultades amplias del numeral 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado hago saber al quejoso que desde este momento autorizo la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, le hago saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrá que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de estas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, dejo establecido que mi determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA . Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, informo al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, faculto al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último ordeno realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
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