Juan Pablo Zamora Ángel
Expediente 479/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2021
Partes del expediente
- Juan Pablo Zamora Ángel
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 479/2021-F El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja, en contra del proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintitrés de agosto de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Pablo Zamora Ángel, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 17, 18, 21 y 133 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 479/2021-F. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como acto reclamado la omisión de otorgar atención médica para el padecimiento que aduce sufrir el quejoso, se concede de plano la suspensión para que las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad brinden a Juan Pablo Zamora Ángel, el tratamiento y la atención médica adecuados que requiere para que no se ponga en riesgo su salud e integridad física. Es así, porque el marco normativo que integran los artículos 1º, 4º y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano -a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público-, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Por ende, al manifestar el quejoso que no se le proporciona la atención médica que requiere ni se le suministran los medicamentos necesarios, es imperativo que las autoridades responsables, dentro de sus facultades, establezcan las medidas que estimen convenientes para brindarle el tratamiento médico apropiado y, atento a su resultado, se suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar su calidad de vida. Así, con los informes correspondientes, las autoridades responsables deberán comunicar a este juzgado de distrito, con las constancias médicas respectivas, el estado de salud del quejoso, con precisión de los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la adecuada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1270, libro 69, agosto de 2019, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, legalmente computado, rindan su informe en acato a la suspensión de plano; hágase de su conocimiento, que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el artículo 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse, daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Requerimiento previo Ahora bien, no obstante que el quejoso manifestó haber formulado controversia respecto de la omisión que refiere, previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda, requiérase al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe a este tribunal si Juan Pablo Zamora Ángel, expuso ante él controversia alguna en relación con la omisión de brindarle atención médica y el medicamento que requiere para su padecimiento; en su caso, deberá allegar las constancias respectivas. Apercibido que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Notificación Con motivo de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Tijuana, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación del presente proveído se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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