Juan Pablo Valencia Castañeda
Expediente 1939/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1939/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Juan Pablo Valencia Castañeda
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Comparecencia. Agréguese a los autos la comparecencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, mediante la cual ********************, perito oficial designado por este Juzgado, ratifica en todas y cada una de sus partes su dictamen pericial. Fundamentación. Artículos 66 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Motivación. Se ordena dar vista a las partes con el dictamen pericial de mérito, para que, en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga. En el entendido que la frase "dar vista" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. Se requieren constancias (documento original). No obstante lo anterior, del estado procesal que guardan los presentes autos, así como del contenido del dictamen rendido por el perito oficial recibido el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de este Juzgado, registrado con el número de promoción 20069, se advierte que el perito oficial hizo la precisión de que la firma dubitable que se encuentra plasmada en la cédula de emplazamiento del juicio oral mercantil número ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, no puede ser materia de su análisis dado, que corresponde a una firma original. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera necesario que, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, y a efecto de que tanto el perito oficial como el de la parte quejosa rindan su dictamen de manera correcta, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializada en Juicios Orales (antes Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor), para que, en caso de no tener inconveniente alguno, en el término de tres días, remita el original de la cédula de emplazamiento del juicio oral mercantil número ********************, de su índice, de fecha tres de octubre de dos mil diecinueve (en préstamo), a fin de que los citados peritos a estén en posibilidad de emitir su dictamen. Sin que obste a lo anterior, que en autos ya obren los dictámenes periciales de ambos peritos, pues al advertir la afirmación de uno de ellos de que se contaba con limitaciones para emitir su dictamen, genera la consecuencia lógica de que éstos carezcan de eficacia probatoria para demostrar la falsedad de la firma cuestionada. En tal sentido, se hace saber al perito de la parte quejosa (por conducto de ésta última), como al perito oficial, para que una vez que se cuente con la documental precisada en el párrafo que antecede, se pondrá a su vista para que se impongan de su contenido, y se les requerirá nuevamente para que emitir su respectivo dictamen pericial de nueva cuenta, esta vez con la totalidad de los elementos necesarios para emitirlos. Documentos en poder del perito oficial. Por ello, se reitera al Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y al perito oficial ********************, que las diversas constancias que obran en su poder, deberá conservarlas, hasta en tanto se cuente con la firma original del documento dubitable, y esté en posibilidad de emitir su dictamen de nueva cuenta, de tal modo, que en su momento devuelva la totalidad de las constancias mediante el actuario encargado del expediente, una vez que concluya el estudio de dichas firmas, por lo que al tratarse de originales, deducidas del presente juicio de amparo ********************, seguirán bajo su resguardo bajo la más estricta responsabilidad. Notificación al perito oficial. Lo anterior hágase del conocimiento al perito oficial ********************, por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Notifíquese por lista a la tercera interesada, vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y al perito oficial ********************, por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
- Principal
ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y/O INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023: San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés DEMANDA DE AMPARO RADICACIÓN El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1939/2023-IX-B. En consecuencia, fórmese el expediente electrónico e intégrese físicamente únicamente con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, se precisa que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procedente examina la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharse de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga, de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De los numerales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a los derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen, ni genera su paralización total, circunstancias que sí actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, como quedó precisado, la parte quejosa reclama la omisión de acordar los escritos recibidos por la autoridad el quince de agosto (vía electrónica) y tres de octubre de dos mil veintitrés, dirigidas al expediente 697/2019 del índice de la responsable. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda de amparo, la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado al Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros Puebla; lo anterior es así, ya que si bien la ley aplicable no señala el plazo máximo que tengan las autoridades jurisdiccionales para considerar que el exceso constituya una dilación excesiva, lo cierto es que puede considerarse tal criterio para poder valorar si la omisión de la autoridad señalada como responsable se considera una dilación excesiva. Empero, no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos jurisdiccionales facultados para impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador. En consecuencia, en la especie, al no haber trascurrido los noventa días hábiles para la emisión del acuerdo correspondiente a los escritos recibidos por la autoridad el quince de agosto (vía electrónica) y tres de octubre de dos mil veintitrés, dirigidas al expediente 697/2019, de cuya omisión se duele la parte quejosa; es inconcuso que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa a la quejosa. Plazo de noventa días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, en el caso, transcurridos los tres días que tiene la autoridad para emitir acuerdos, tal como lo establece el artículo 50, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual dispone: "Artículo 50 Las sentencias definitivas, una vez turnado el expediente al Juez, deberán dictarse dentro de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término hasta por un periodo igual. Las sentencias interlocutorias se dictarán dentro de ocho días. Los autos, dentro del tercer día." Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa refiere que por escrito recibido ante la autoridad responsable el quince de agosto de dos mil veintitrés, solicitó que causara ejecutoria la sentencia, y en diverso de tres de octubre de dos mil veintitrés, reiteró su petición, sin que a la fecha la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto; entonces, es evidente que los tres días para determinar sobre el primer escrito, transcurrieron del dieciséis al dieciocho de agosto de dos mil veintitrés; y del segundo escrito del cuatro al seis de octubre de dos mil veintitrés. De lo que se sigue que del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés a la fecha de presentación de la demanda de amparo trece de noviembre de dos mil veintitrés, han transcurrido sesenta días hábiles. Y, respecto del segundo escrito del tres de octubre de dos mil veintitrés a la fecha de presentación de la demanda de amparo trece de noviembre de dos mil veintitrés, han transcurrido veintiséis días hábiles. Así las cosas, no es de considerarse como retardo en proveerse del ocurso del que se duele la solicitante de amparo. En tales condiciones, el juicio de amparo indirecto contra la dilación en la omisión de acordar los escritos recibidos por la autoridad el quince de agosto (vía electrónica) y tres de octubre de dos mil veintitrés, dirigidas al expediente 697/2019 del índice de la responsable, es improcedente, puesto que no puede considerarse de naturaleza irreparable. Ciertamente, el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de amparo que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. Conclusión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de amparo que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. EXHORTO A LAS PARTES En términos del artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo, se les solicita que señalen números telefónicos, servicios de mensajería instantánea y correos electrónicos, tanto suyos como de las diversas partes en el procedimiento, a fin de entablar comunicaciones no procesales entre las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 ibídem a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. DATOS DE CONTACTO No señala. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente5y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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