Juan Pablo Sánchez Reséndiz
Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Pablo Sánchez Reséndiz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del proveído de veintiuno de junio del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara FIRME. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable, del proveído en el que se sobreseyó en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ésta carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente. A efecto de realizar la valoración del expediente en que se actúa, se precisa que la resolución que se dictó fue la siguiente. En el juicio principal, se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Se toma nota que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. En consecuencia, como el asunto que nos ocupa se encuentra fuera de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción II, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en especial las constancias que anexó la Magistrada de la Cuarta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Guanajuato a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: La omisión de la Cuarta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Guanajuato, de emitir el auto de radicación solicitada dentro del proceso administrativo ************** de su estadística. b. De acuerdo con las constancias que remitió la Magistrada de la Cuarta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Guanajuato, se desprende que: El seis de marzo del año en curso, la parte quejosa presentó demanda en el Sistema Informático de los Tribunales de Justicia Administrativa del Estado. Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a la Cuarta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Guanajuato, la que en auto de diez de marzo de dos mil veintitrés se registró bajo el número ***************. En la referida providencia se previno a la parte quejosa para que aclarara su solicitud. En diverso de treinta de mayo del presente año, una vez que la parte quejosa cumplió con la prevención realizada, se admitió a trámite su demanda; y se ordenó la notificación de las partes. Por tanto, es evidente que la omisión que se reclama cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable tuvo por recibida la demanda promovida y admitió la misma, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Magistrada de la Cuarta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, ello para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe previamente acordado y esté en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses; en consecuencia, se difiere y se señalan las once horas del tres de julio de dos mil veintitrés, para su desahogo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII constitucional, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 380/2023-III. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, en el entendido que deberá adjuntar copia certificada legible de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibida que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuye. Asimismo, con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento, previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y se abstengan de comunicarla a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa. Dese al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ****************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza la documental que anexa, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Se reserva proveer lo conducente respecto al reconocimiento y emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obre en autos el informe justificado requerido a la autoridad responsable. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por tanto, a fin de evitar lo señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea requerido. Por otro lado, tomando en consideración que el quejoso solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. En otro orden, en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
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