Juan Pablo Rodriguez Morelos
Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Pablo Rodriguez Morelos
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de junio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Vistos, los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que, mediante acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, al efectuarse la valoración del presente asunto, se estimó que éste es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir de dicha determinación (veintidós de septiembre de dos mil veintiuno), pues no contiene información reservada ni se considera de relevancia documental; lo anterior, se realizó de conformidad con la fracción II, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Sin embargo, en la fecha de referencia (veintidós de septiembre de dos mil veintiuno), se encontraba vigente el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, mismo que en sus artículos transitorios, establece: "(...) TERCERO. Se abroga el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos. CUARTO. Los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental. QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste." Así, del quinto transitorio se advierte, que aquéllos expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de dicho acuerdo (veinticinco de marzo de dos mil veinte), serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste; por tanto, esta juzgadora determina que tal valoración fue inadecuada, consecuentemente con apoyo en lo dispuesto por los artículos 58 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2o, se decreta la regularización del presente asunto, únicamente en lo relativo a la aplicación de la normativa vigente, dejándose subsistente la orden de su archivo; por lo que, la perentoria de tres años deberá computarse a partir del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, para que se proceda a su destrucción. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE PROCEDE A REALIZAR VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en el capítulo octavo, artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, pues no contiene información reservada ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Así, una vez transcurrido el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA TREINTA DE AGOST0 DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Juan Pablo Rodríguez Morelos, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 477/2021-IV-K, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3º, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona a la Secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la promovente, señala como acto reclamado: ". De la autoridad señalada como Ordenadora Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Morelia, reclamo la resolución de fecha 16 dieciséis de Agosto del año en curso, pronunciada en cumplimiento a la sentencia de Amparo protectora derivada del juicio de derechos humanos número 467/2020-IV-O, promovido por el suscrito ante el Juez Quinto de Distrito con residencia en esta localidad, dentro del Toca de Apelación Penal número XI-40/2020, que deriva de la causa penal número 284/200, instruida en mi contra, por el delito de Robo de vehículo y robo agravado en perjuicio de los aquí terceros con interés y en la cual la autoridad responsable ordenadora MODIFICA LA RESOLUCIÓN INICIAL DE NO VINCULACIÓN A PROCESO DEL SUSCRITO PARA AHORA VINCULARME A PROCESO EN TÉRMINOS DEL NÚMERO 16 CONSTITUCIONAL Y 316 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CUMPLIMIENTO COMO YA SE INDICÓ A LA EJECUTORIA DE AMPARO YA MENCIONADA. Por otro lado señor Juez Federal, de la autoridad señalada como Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral región Uruapan, le reclamo la audiencia respectiva a efecto de explicarme los efectos y alcances de la ejecutoria que en cumplimiento a ejecutoria de amparo multicitado, pronunciada por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Morelia, dentro del Toca penal en apelación número XI-40/2020, la cual tendrá verificativo el día 30 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN PUNTO DE LAS 18.00 DIECIOCHO HORAS en la sala de oralidad 1, ubicada en el Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruiz", colonia San Rafael en la carretera Uruapan-Taretan kilómetro 4.5 de esta ciudad; audiencia que de llevarse a cabo con mi comparecencia tendría como efecto y alcance que el suscrito sea internado en el Centro de Reinserción Social de esta localidad por el delito supuestamente cometí (robo de vehículo con violencia), el cual de conformidad con el numeral 19 Constitucional y en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, cuenta con Prisión Preventiva Oficiosa, lo que me ocasionaría de comparecer a dicha audiencia la inminente privación de mi libertad, de la cual en este momento gozo, tras haberla adquirido por parte de la autoridad ejecutora en audiencia inicial en la que NO SE ME VINCULO A PROCESO por el delito que ahora supuestamente si cometí. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del acto reclamado en cita, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Del precepto citado se advierte que el juicio de amparo es improcedente tratándose de resoluciones dictadas ya sea durante el trámite de los juicios de amparo o bien, en ejecución de las sentencias emitidas en los mismos; causal que se encuentra dirigida a evitar que se tramiten juicios de amparo respecto a otros juicios de la misma naturaleza, generando inseguridad jurídica a través de juicios interminables. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, visible en la página 307, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia". Así, del criterio antes transcrito se desprende que naturalmente en la tramitación del juicio de amparo (sus distintas etapas), se emiten diversidad de resoluciones, desde el auto admisorio hasta el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia. Resoluciones y actos contra los que la norma no permite que sea procedente el medio de control constitucional, en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control constitucional sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional. En ese tenor, la causal de improcedencia en estudio, refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos en ejecución de una resolución dictada en un juicio de amparo anterior (sentencia que decida el fondo del asunto), lo cual generalmente corresponde a la autoridad responsable efectuar los actos pertinentes para el cumplimiento del fallo protector. Así, a fin de dilucidar si en el caso concreto se actualiza o no la causa de inejercibilidad en comento, resulta necesario verificar la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Previa existencia de un juicio de amparo. 2. Que en él se haya emitido una resolución. 3. Que se éste ejecutando una resolución dictada en dicho juicio. 4. Que el acto reclamado lo constituya aquella resolución o alguno de los actos emitidos en ejecución de la misma o en vías de su cumplimiento. En conclusión, dicha causal de improcedencia se actualiza cuando en una nueva demanda de derechos fundamentales se reclaman actos o resoluciones emitidos por una autoridad en cumplimiento a una ejecutoria dictada en un diverso juicio constitucional, de tal manera que el admitir este nuevo juicio de derechos afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para los justiciables. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de agosto del año en curso, pronunciada por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en cumplimiento a la sentencia de amparo derivada del juicio 467/2020-IV-O, promovido en este órgano jurisdiccional, dentó del toca penal XI-40/2020, derivado de la causa penal 284/2020, instruida en contra de Juan Pablo Rodríguez Morelos, en la que se determinó la vinculación a proceso por el delito de robo de vehículo de motor terrestre y robo calificado grave. No obstante, conviene precisar que dicha resolución fue emitida por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 467/2020-IV-O, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue promovido por Juan Pablo Rodríguez Morelos -aquí quejoso-, en contra de la ejecución del auto de vinculación a proceso en su contra. Lo anterior, pues así se corrobora de la sentencia veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en ese juicio de amparo, a través de la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el ahí quejoso Juan Pablo Rodríguez Morelos por su propio derecho, para el efecto de que la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, realizará lo siguiente: Deberá dejar insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, pronunciada dentro del toca penal de apelación XI-40/2020 de su índice, por la que se modificó el auto de no vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 284/2020, de la estadística del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, instruida a Juan Pablo Rodríguez Morelos, en la comisión del hecho que la ley señala como delitos de robo calificado grave y robo de vehículo de motor terrestre, en agravio de Luz Adriana Tafolla Chávez y Nabor Crispín Hernández, respectivamente. Posteriormente, previo a resolver el medio de impugnación, cite a las partes con la debida anticipación, para la celebración de la audiencia prevista por el numeral 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual deberá llevar a cabo siguiendo los lineamientos previstos en el diverso 57 del aludido Código y, hecho que sea, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda; ello, en términos de lo establecido por el artículo 67 de la referida codificación. Determinación que al no ser impugnada por las partes, mediante proveído de veintinueve de julio del presente año, causó ejecutoria, requiriéndose a la autoridad responsable, su cumplimiento. Asunto en el que, una vez requerido el cumplimiento a la autoridad responsable, en auto de diecinueve de los actuales, se tuvo a la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, remitiendo el oficio 494, a través del cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas, entre las que se encuentra el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa. Constancias que se tienen a la vista como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, con apoyo además en la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De ahí que, se pone de manifiesto que el acuerdo que a través de esta vía se combate únicamente se trata de la actuación llevada a cabo en cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de amparo 467/2020, del índice de este propio órgano jurisdiccional. Máxime que de las constancias que integran dicho sumario constitucional, se advierte que éste aún se encuentra en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el mismo, ya que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado dio vista a las partes por el término de tres días, con dichas constancias, para que manifiesten lo que a su interés convenga, mismo que se encuentra transcurriendo. De ahí que, en todo caso, las manifestaciones correspondientes en relación al actuar de la responsable deberá realizarlas la quejosa en dicho sumario constitucional (467/2020); mismas que en su caso, serán analizadas al momento de dictar la resolución correspondiente en donde, de manera fundada y motivada, se verifique si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo que aún no acontece; aunado a que derivado de dicha determinación, la parte quejosa tendrá a su alcance los diversos medios de impugnación que prevé la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en calle Galeana, número 24 letra A, planta alta, colonia Morelos, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Julián Cabrera Estrada, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciados en derecho. No así, a Luis Eduardo Estrada Rangel, a quien se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal; la primera por no contar con dicho requisito y los dos restantes por así haberlo solicitado la promovente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaría General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Juan Pablo Rodríguez Morelos, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 477/2021-IV-K, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3º, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona a la Secretaria, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la promovente, señala como acto reclamado: ". De la autoridad señalada como Ordenadora Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Morelia, reclamo la resolución de fecha 16 dieciséis de Agosto del año en curso, pronunciada en cumplimiento a la sentencia de Amparo protectora derivada del juicio de derechos humanos número 467/2020-IV-O, promovido por el suscrito ante el Juez Quinto de Distrito con residencia en esta localidad, dentro del Toca de Apelación Penal número XI-40/2020, que deriva de la causa penal número 284/200, instruida en mi contra, por el delito de Robo de vehículo y robo agravado en perjuicio de los aquí terceros con interés y en la cual la autoridad responsable ordenadora MODIFICA LA RESOLUCIÓN INICIAL DE NO VINCULACIÓN A PROCESO DEL SUSCRITO PARA AHORA VINCULARME A PROCESO EN TÉRMINOS DEL NÚMERO 16 CONSTITUCIONAL Y 316 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CUMPLIMIENTO COMO YA SE INDICÓ A LA EJECUTORIA DE AMPARO YA MENCIONADA. Por otro lado señor Juez Federal, de la autoridad señalada como Juez de Control y Enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral región Uruapan, le reclamo la audiencia respectiva a efecto de explicarme los efectos y alcances de la ejecutoria que en cumplimiento a ejecutoria de amparo multicitado, pronunciada por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Morelia, dentro del Toca penal en apelación número XI-40/2020, la cual tendrá verificativo el día 30 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN PUNTO DE LAS 18.00 DIECIOCHO HORAS en la sala de oralidad 1, ubicada en el Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruiz", colonia San Rafael en la carretera Uruapan-Taretan kilómetro 4.5 de esta ciudad; audiencia que de llevarse a cabo con mi comparecencia tendría como efecto y alcance que el suscrito sea internado en el Centro de Reinserción Social de esta localidad por el delito supuestamente cometí (robo de vehículo con violencia), el cual de conformidad con el numeral 19 Constitucional y en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, cuenta con Prisión Preventiva Oficiosa, lo que me ocasionaría de comparecer a dicha audiencia la inminente privación de mi libertad, de la cual en este momento gozo, tras haberla adquirido por parte de la autoridad ejecutora en audiencia inicial en la que NO SE ME VINCULO A PROCESO por el delito que ahora supuestamente si cometí. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del acto reclamado en cita, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Del precepto citado se advierte que el juicio de amparo es improcedente tratándose de resoluciones dictadas ya sea durante el trámite de los juicios de amparo o bien, en ejecución de las sentencias emitidas en los mismos; causal que se encuentra dirigida a evitar que se tramiten juicios de amparo respecto a otros juicios de la misma naturaleza, generando inseguridad jurídica a través de juicios interminables. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, visible en la página 307, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia". Así, del criterio antes transcrito se desprende que naturalmente en la tramitación del juicio de amparo (sus distintas etapas), se emiten diversidad de resoluciones, desde el auto admisorio hasta el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia. Resoluciones y actos contra los que la norma no permite que sea procedente el medio de control constitucional, en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control constitucional sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional. En ese tenor, la causal de improcedencia en estudio, refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos en ejecución de una resolución dictada en un juicio de amparo anterior (sentencia que decida el fondo del asunto), lo cual generalmente corresponde a la autoridad responsable efectuar los actos pertinentes para el cumplimiento del fallo protector. Así, a fin de dilucidar si en el caso concreto se actualiza o no la causa de inejercibilidad en comento, resulta necesario verificar la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Previa existencia de un juicio de amparo. 2. Que en él se haya emitido una resolución. 3. Que se éste ejecutando una resolución dictada en dicho juicio. 4. Que el acto reclamado lo constituya aquella resolución o alguno de los actos emitidos en ejecución de la misma o en vías de su cumplimiento. En conclusión, dicha causal de improcedencia se actualiza cuando en una nueva demanda de derechos fundamentales se reclaman actos o resoluciones emitidos por una autoridad en cumplimiento a una ejecutoria dictada en un diverso juicio constitucional, de tal manera que el admitir este nuevo juicio de derechos afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica para los justiciables. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de agosto del año en curso, pronunciada por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en cumplimiento a la sentencia de amparo derivada del juicio 467/2020-IV-O, promovido en este órgano jurisdiccional, dentó del toca penal XI-40/2020, derivado de la causa penal 284/2020, instruida en contra de Juan Pablo Rodríguez Morelos, en la que se determinó la vinculación a proceso por el delito de robo de vehículo de motor terrestre y robo calificado grave. No obstante, conviene precisar que dicha resolución fue emitida por la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 467/2020-IV-O, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue promovido por Juan Pablo Rodríguez Morelos -aquí quejoso-, en contra de la ejecución del auto de vinculación a proceso en su contra. Lo anterior, pues así se corrobora de la sentencia veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en ese juicio de amparo, a través de la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el ahí quejoso Juan Pablo Rodríguez Morelos por su propio derecho, para el efecto de que la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, realizará lo siguiente: Deberá dejar insubsistente la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, pronunciada dentro del toca penal de apelación XI-40/2020 de su índice, por la que se modificó el auto de no vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 284/2020, de la estadística del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, instruida a Juan Pablo Rodríguez Morelos, en la comisión del hecho que la ley señala como delitos de robo calificado grave y robo de vehículo de motor terrestre, en agravio de Luz Adriana Tafolla Chávez y Nabor Crispín Hernández, respectivamente. Posteriormente, previo a resolver el medio de impugnación, cite a las partes con la debida anticipación, para la celebración de la audiencia prevista por el numeral 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual deberá llevar a cabo siguiendo los lineamientos previstos en el diverso 57 del aludido Código y, hecho que sea, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda; ello, en términos de lo establecido por el artículo 67 de la referida codificación. Determinación que al no ser impugnada por las partes, mediante proveído de veintinueve de julio del presente año, causó ejecutoria, requiriéndose a la autoridad responsable, su cumplimiento. Asunto en el que, una vez requerido el cumplimiento a la autoridad responsable, en auto de diecinueve de los actuales, se tuvo a la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, remitiendo el oficio 494, a través del cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas, entre las que se encuentra el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa. Constancias que se tienen a la vista como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, con apoyo además en la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De ahí que, se pone de manifiesto que el acuerdo que a través de esta vía se combate únicamente se trata de la actuación llevada a cabo en cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de amparo 467/2020, del índice de este propio órgano jurisdiccional. Máxime que de las constancias que integran dicho sumario constitucional, se advierte que éste aún se encuentra en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el mismo, ya que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado dio vista a las partes por el término de tres días, con dichas constancias, para que manifiesten lo que a su interés convenga, mismo que se encuentra transcurriendo. De ahí que, en todo caso, las manifestaciones correspondientes en relación al actuar de la responsable deberá realizarlas la quejosa en dicho sumario constitucional (467/2020); mismas que en su caso, serán analizadas al momento de dictar la resolución correspondiente en donde, de manera fundada y motivada, se verifique si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo que aún no acontece; aunado a que derivado de dicha determinación, la parte quejosa tendrá a su alcance los diversos medios de impugnación que prevé la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del citado ordenamiento legal, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el ubicado en calle Galeana, número 24 letra A, planta alta, colonia Morelos, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Julián Cabrera Estrada, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciados en derecho. No así, a Luis Eduardo Estrada Rangel, a quien se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal; la primera por no contar con dicho requisito y los dos restantes por así haberlo solicitado la promovente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaría General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
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