Juan Pablo Rodríguez González

Expediente 590/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
590/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Pablo Rodríguez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano, con excepción de la demanda de amparo y auto admisorio, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término, es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en su carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, con motivo de su informe justificado, remitió cuatro discos compactos que contienen el audio y video de la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, transcripciones de la medida cautelar impuesta al mismo, audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso relativas a la causa penal 1729/2016; en obvio de mayores dilaciones, devuélvanse a su lugar de origen, debiendo la autoridad de mérito acusar el recibo correspondiente.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 590/2018.R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Raúl Gallegos López, a favor de Juan Pablo Rodríguez González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, Sector Central, con domicilio en esta ciudad. Agente Titular del Ministerio Público de Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, Sector Mozimba, con domicilio en esta ciudad. Fiscal General del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. Ejecutora Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional Acapulco, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la ordenadora La ilegal e inconstitucional detención e incomunicación del hijo de mi esposa, Juan Pablo Rodríguez González hoy quejoso. De la ejecutora La cumplimentación de la detención de mi hijo putativo Juan Pablo Rodríguez González, así como la aplicación de palo, tortura, tormento, azotes, o cualquier otro acto prohibido por el numeral 22 del Código Supremo, para que se declare culpable de algún injusto y que desde luego no ha cometido, en razón de la fama pública de la que gozan algunas corporaciones policiacas." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciocho se radicó la demanda en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 590/2018; se concedió la suspensión de plano de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y se ordenó la ratificación de la misma por el directo quejoso, hecho lo cual el cinco de julio siguiente se admitió a trámite, se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones, se llevó al cabo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Ampliación de la demanda. Por escrito presentado el siete de agosto de esta anualidad, el directo quejoso amplió su demanda y señaló como nuevas autoridades y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez de Garantías (sic Juez de Control) del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ejecutora Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. ACTOS RECLAMADOS "De la ordenadora: La orden de aprehensión emitida en mi contra, dentro de la causa penal 1729/2016 (.). De la ejecutora: La cumplimentación de las disposiciones emitidas por la ordenadora y como consecuencia de ello el internamiento en el centro penitenciario de su adscripción." QUINTO. Trámite de la ampliación de demanda. Por auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la ampliación planteada, por lo que se dio vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción y se pidió a las autoridades responsables ahí designadas rindieran su informe justificado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracciones II y IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia: a) La privación de su libertad fuera de procedimiento. b) La orden de aprehensión emitida en su contra, en la causa penal 1729/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de retención y sustracción de personas menores de edad o de quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, cometido en perjuicio del menor de iniciales J.P.R.M y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto precisado en el inciso a) del considerando que antecede que se atribuye a los Agentes Titulares del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares de los Sectores Central y Mozimba y al Fiscal General del Estado de Guerrero, pues así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación (este último por conducto del funcionario público que lo representa), máxime que del informe rendido por el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional Acapulco, se advierte que la detención del quejoso fue con motivo de la orden de aprehensión emitida en su contra el veintisiete de julio de dos mil dieciséis dentro de la causa penal número 1729/2016. En ese sentido, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que, el quejoso, no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia del acto reclamado a las autoridades precisadas y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por éstas, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a las autoridades mencionadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otro lado, son ciertos los actos precisados en el inciso b) del considerando segundo que se atribuyen al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, así como al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional Acapulco y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, pues así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional. Además de tal reconocimiento, el juez responsable allegó al juicio en apoyo a su informe con justificación, copia certificada de diversas constancias que integran la referida causa penal; dentro de la cual consta la orden de aprehensión que se combate. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. No obstante la certeza de la orden de aprehensión reclamada, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo. Así, el suscrito resolutor estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, ello en razón de que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión emitida en contra del quejoso Juan Pablo Rodríguez González el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal número 1729/2016, y su ejecución, y el doce de julio de dos mil dieciocho se emitió en su contra auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de retención y sustracción de menores y que no tiene la capacidad de entender el significado del hecho, cometido en agravio del menor de iniciales J.P.R.M, dentro de la mencionada causa penal. En efecto, el precepto en cita en la parte que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." Conforme a la interpretación de este numeral, la improcedencia del juicio de garantías se genera cuando existe un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, siendo los elementos que la determinan: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que durante la substanciación del juicio de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento o juicio correspondiente, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso particular, es evidente que se actualizan uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, dado que como ya se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión de veintisiete de julio de dos mil dieciséis librada en contra del quejoso, en la causa penal número 1729/2016; sin embargo, el doce de julio de dos mil dieciocho el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos dictó en su contra auto de vinculación a proceso por considerarlo probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como ilícito de retención y sustracción de menores y que no tiene la capacidad de entender el significado del hecho, en agravio del menor de iniciales J.P.R.M. Así las cosas, no cabe duda que, en el caso, operó un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la mencionada orden de aprehensión; ello, en atención a que no se puede decidir sobre la legalidad o constitucionalidad de ésta sin afectar la nueva situación jurídica creada por el dictado del auto de vinculación a proceso en contra del quejoso. Por ende, se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en este juicio, en razón de que es evidente que sí existe autonomía o independencia entre la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado y el auto de vinculación a proceso de referencia, ambas resoluciones dictadas en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 1729/2016 actualmente del índice del Juzgado de Control de Distrito Judicial Bravos, ya que aun cuando se analizara la legalidad o constitucionalidad de aquélla, esta última resolución puede subsistir jurídicamente, con independencia de que el citado acto materia de este amparo resultara o no inconstitucional; de ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia en cuestión, ante la imposibilidad de analizar la legalidad o constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que se sobresee en el juicio por lo que hace a la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso en la causa penal 1729/2016 del índice del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional Acapulco y al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, dado que no fue impugnado por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida a la autoridad ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas a pie de página en este asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 590/2018 promovido por Juan Pablo Rodríguez González, contra los actos y autoridades precisados en los resultandos primero y cuarto, en términos de lo establecido en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecinueve de septiembre del presente año, se requirió a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, Violencia Familiar y Trata de Personas, con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que proporcionara el domicilio de Emma Rocío Muñoz, representante legal del menor tercero interesado de iniciales J.P.R.M., a fin de notificarle el inicio del presente juicio de amparo; por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua (en su denominación correcta), sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; asimismo, ténganse por recibidos los discos compactos que anexa como apoyo a su informe justificado, en el entendido que la reproducción de la información contenida en los mismos, será el día en que tendrá verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que el juez responsable manifestó que el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, libró orden de aprehensión en contra del quejoso Juan Pablo Rodríguez González, en la causa penal 1729/2016, que se le instruye por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad o de quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, cometido en agravio del menor de iniciales J.P.R.M., representando legalmente por su progenitora Emma Rocío Muñoz Ramírez, a quien le reviste el carácter de tercero interesado conforme a lo previsto en el artículo 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo; sin embargo, no se advierte domicilio alguno donde pueda ser notificada dicha parte procesal del inicio de este juicio; por tanto, requiérasele a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, Violencia Familiar y Trata de Personas, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que dentro del término de tres días a que se refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, por disposición expresa de su artículo 2°, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione en sobre cerrado el domicilio de Emma Rocío Muñoz Ramírez que obre en autos de la carpeta de investigación 37-2015-0023073. Con el apercibimiento que de no cumplir en tiempo con el requerimiento formulado, se le impondrá una multa que va de cincuenta a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme a lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo De igual manera, de las constancias remitidas se advierte que el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, Cynthia Iracema Otero Caballero, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, Violencia Familiar y Trata de Personas, con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua, solicitó al juez responsable librara orden de aprehensión en contra del quejoso de referencia, por el delito y en agravio antes señalados, a quien le resulta el carácter de tercero interesado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º, fracción III, inciso e) de la Ley Reglamentaria; por tanto, con copia simple de la ampliación de demanda, notifíquese mediante oficio que al efecto se gire al citado representante social, el auto admisorio de la misma, a efecto de que esté en aptitud de alegar lo que a su derecho corresponda, en términos del artículo 124 de la ley de la materia.

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