Juan Pablo Rizo Gutierrez

Expediente 635/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
635/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Pablo Rizo Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto desechatorio... archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107 fracción V, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ***, en contra del acto que reclama de la Juez Sexto Civil de Partido de esta ciudad. De lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Bajo el anterior marco contextual, del análisis integral de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina que el acto reclamado consiste en: La negativa a dar trámite al recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en su carácter de actor reconvencional en el contradictorio ***/***-C, en contra del auto de cuatro de julio pasado, en el que el juez responsable requirió al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores diversa información solicitada por la contraparte del quejoso. En efecto, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento". cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Cabe precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis ***/***, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo. Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia. Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios. De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo y, con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Supuestos que en el caso concreto no se colman, pues la determinación aquí reclamada (desechar recurso de revocación), tiene como efecto que se ejecute el auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve (recurrido en el recurso de revocación), permitiendo el perfeccionamiento del medio de prueba ofrecido por la contraparte del quejoso (consistente en el informe a cargo del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores respecto del estado del crédito 1103003243, a nombre de José Fernando Taboada Cortes), lo que descarta que el acto reclamado en esta oportunidad, pueda ser considerado como uno de imposible reparación, pues no afecta algún derecho sustantivo del quejoso; sobre todo considerando que la información que se pretende recabar, corresponde a un crédito que fue otorgado a una persona diversa del quejoso, de ahí que el acto reclamado no pueda considerarse que tenga efectos de imposible reparación para él. En efecto, si bien el acto reclamado es contrario a los intereses de la parte quejosa, la realidad es que solamente trae como consecuencia que a su contraparte le sea admitido el informe a cargo del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, lo que no implica que con ello no se afecte de manera irremediable derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Carta Magna y por los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia de origen en cuanto a su fondo, en la medida en que la documental que ahora se requiere al director del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores influya o sea tomada en cuenta para que el resultado del fallo sea contrario a sus intereses. De ahí que el desechamiento del recurso de revocación de que se trata, no es un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si obtiene una sentencia a su favor, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado. Lo anterior, porque existe la posibilidad de que la posible afectación a sus derechos procesales desaparezca si la parte aquí agraviada, obtiene resolución favorable a sus intereses en el contradictorio génesis del acto reclamado; y, en caso contrario, goza de los medios de defensa que la ley establece para controvertir la sentencia y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que, eventualmente, le hayan dejado sin defensa. Bajo esa condición, en atención a que el acto reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo que se impone es desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley.

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