Juan Pablo Reyes González

Expediente 59/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
59/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
13/05/2016

Partes del expediente

  • Juan Pablo Reyes González
  • Juez de Control del Distrito Judicial del Oro de Hidalgo, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil dieciséis. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, en el que causó ejecutoria; en consecuencia, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se sobresee y se negó el amparo promovido por Juan Pablo Reyes González; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Conclusión a la que se arriba, sin que obste que no se encuentra notificada de la sentencia en la que se sobreseyó y se negó el amparo en el presente juicio, a las autoridades responsables ordenadoras, pues atendiendo al sentido de la misma, las autoridades responsables carecen de legitimación para promover el recurso de revisión en su contra. Apoyan a lo anterior, los criterios que a continuación se identifican y transcriben: "Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIV, Septiembre de 2006Página: 308Tesis: 2a./J. 127/2006JurisprudenciaMateria(s): Común REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada." "Octava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación83, Noviembre de 1994Página: 84Tesis: XX. J/74JurisprudenciaMateria(s): Común AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa; asimismo, glósese al presente juicio el original del incidente de suspensión correspondiente. De conformidad con la certificación de cuenta y con fundamento en lo previsto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurarle, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, al ser un juicio de amparo donde se negó el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y Concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo. Ahora, devuélvase a su lugar de origen los anexos remitidos por la Agencia del Ministerio Público adscrito al Turno Único en El Oro de Hidalgo, Estado de México, a lo cual deberá acusar recibo de estilo correspondiente. Finalmente, De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en el presente juico, apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio, por cuanto hace a los actos y por las autoridades precisadas en el considerando tercero apartado A) de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A JUAN PABLO REYES GONZÁLEZ, en contra de la orden de aprehensión de veintiuno de diciembre de dos mil quince, que reclamó al Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de México, y su ejecución atribuida al Procurador General de Justicia del Estado de México, por las razones y fundamentos precisados en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se colige que se encuentran fijadas las once horas con veinte minutos del día de la fecha, para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, dado que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgó licencia al Titular de este juzgado de Distrito, para ausentarse en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y toda vez que el secretario encargado del despacho no cuenta con la autorización formal y expresa de dicho Consejo para resolver en definitiva; a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las once horas con diez minutos del siete de abril de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuitos, con número de registro 2002712, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es al tenor siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA." (Novena Época, T. C. C; S. J. F. y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Pág. 887. Materia Común). "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL." (S.J.F., 9ª Época, Tomo V, página 433) Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/463/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción a este Juzgado Federal al Juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312)

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