Juan Pablo Pedraza Martínez
Expediente 889/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2018
Partes del expediente
- Juan Pablo Pedraza Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA VII. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Pedraza Martínez, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
MESA VII. NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
MESA VII. AVISO (QUEJOSO J.P.P.M.) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 14 DE JUNIO DE 2018, QUE DICE: "Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca, Estado de México, y otras autoridades, fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como juicio de amparo 889/2018-VII. DESECHAMIENTO. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: La tramitación de la carpeta de investigación ante la autoridad ministerial, la cual dio origen a la carpeta administrativa ***/2018. De lo anterior, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el ordinal 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo que a continuación se expone: El numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 21 Constitucional disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial..." El primer dispositivo transcrito evidencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que ésta resulte de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley. Por lo que hace al segundo de dichos ordinales, se conoce que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales. De lo anterior se colige que la radicación de una indagatoria o carpeta de investigación, así como su tramitación e integración, comprende, primordialmente, la serie de diligencias practicadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, específicamente del citado artículo 21, cuyo objeto es indagar si existen o no datos de prueba suficientes que permitan establecer, en lo concerniente al sistema penal de oralidad, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y determinar quien participó en su comisión. Así, el Ministerio Público es a quien se encomienda la representación de los intereses sociales y cuya actividad fundamental consiste en investigar la comisión de los delitos y provocar el ejercicio de la jurisdicción mediante la judicialización de la carpeta de investigación correspondiente, a fin de que se castigue a los responsables y se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. Por tal motivo, a través de esa facultad indagatoria la fiscalía se hace del material probatorio necesario para sustentar la imputación y acusación que formule ante la autoridad jurisdiccional. Luego entonces, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en: La tramitación de la carpeta de investigación ante la autoridad ministerial, la cual dio origen a la carpeta administrativa ***/2018. De ahí que, se establece que el acto reclamado, no puede ser materia de estudio del amparo indirecto, ya que con ello, este juzgador estaría perpetrando la facultad autónoma que tiene el representante social para tutelar los derechos de los gobernados y analizar las conductas consagradas como delictivas dentro de la ley penal, luego entonces, se violaría dicha facultad, puesto que el juicio de amparo no puede seguirse en contra de actos que afecten el orden público y el interés general de las personas. En efecto, el juicio de amparo que en esta vía se intenta deviene improcedente, pues como ya se señaló la persecución de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. Por tanto, los actos y diligencias que se traducen en el trámite de la carpeta de investigación, está encaminada a probar la probable comisión de un hecho delictuoso y la responsabilidad o inocencia del imputado, no causan daño o perjuicio al peticionario de garantías, por ser de orden público dicha integración, según lo establece el artículo 21 de la Constitución Federal; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. Lo mismo acontece cuando el Representante de la Sociedad ejercite la acción penal, pues es el juez del proceso a quien compete resolver el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería lo que vendría a afectar la esfera jurídica de la quejosa. Es aplicable en lo conducente la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federal, Décima Época, Octubre 2017, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Debe indicarse que si se admitiera la hipótesis de que a quien se le sigue una carpeta de investigación por la probable comisión de un hecho delictuoso, pudiera impugnar a través del juicio de amparo, las resoluciones, acciones u omisiones que se dicten o se lleven a cabo durante la integración de la carpeta de investigación, se sustituiría al Agente del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, que conforme al artículo 21 constitucional le compete en forma exclusiva. En ese orden de ideas, las actuaciones de dicha Institución relativas a la tramitación e integración de la carpeta de investigación, aun cuando fueren indebidas, no pueden constituir violación a las garantías individuales, salvo en el supuesto de que éstas afecten de manera directa o indirecta los derechos sustanciales del individuo, su libertad, posesiones o derechos, lo que en la especie no aconteció. Sin que con la anterior determinación se deje en estado de indefensión al quejoso toda vez que es posible analizar las violaciones al procedimiento cometidas en la fase de la carpeta de investigación, en el juicio biinstancial cuando en éste se reclame un acto respecto del cual sea procedente el juicio de amparo indirecto (verbigracia, orden de aprehensión o auto de vinculación). Sirve de apoyo lo anterior por analogía la tesis P.LXIII/2004 Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX (Diciembre de 2004), página 1113, de rubro y texto: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL." De igual forma, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Octava Época, Pagina 689, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA." Por lo antes narrado, la tramitación de la carpeta de investigación que reclama el peticionario de amparo, no puede constituir violación a los derechos fundamentales del promovente, salvo en el supuesto de que de que éstas afecten de manera directa o indirecta los derechos sustanciales del individuo, su libertad, posesiones o derechos, como ya se ha expuesto, sin que de lo expuesto en la demanda de amparo, se evidencia alguno de esos supuestos. Consecuentemente, como ya quedó apuntado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 21, Constitucional, y 113 del primero de los ordenamientos en cita, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por su propio derecho. No pasa inadvertido para el suscrito, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DEIMPROCEDENCIA." DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida a las restantes personas, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. RANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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