Juan Pablo Ordaz Leyva

Expediente 472/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
472/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2015

Partes del expediente

  • Juan Pablo Ordaz Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de junio de dos mil quince (foja 135 a 137), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, y puesto que a la presente fecha no se ha recibido promoción alguna, con relación a dicho proveído; consecuentemente, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara firme el auto referido. Por lo tanto, de conformidad con el numeral 214 de la invocada legislación, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE EXPEDIENTE, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace constar que en su oportunidad, EL PRESENTE EXPEDIENTE E INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEDUCIDO DEL MISMO, SERAN SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, en virtud de haberse concedido el amparo en estos autos, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, haciéndose notar que el duplicado del incidente de suspensión deducido del presente juicio de garantías será susceptible de destrucción, a partir de los seis meses en que se haya dictado la correspondiente interlocutoria. Además, como se ordenó en el segundo resolutivo de la sentencia de dieciséis de abril de dos mil quince, al hacerse pública la resolución dictada en el presente juicio, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deberán suprimirse los datos personales de las partes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Primero, párrafo segundo, del citado acuerdo 1/2009, colóquese en la carátula del presente expediente una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de éste proveído, mediante el cual se ordena el archivo, la data en que se remita materialmente al mismo, así como el que el presente expediente no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de cinco de junio del año en curso, sin que las partes efectuaran manifestaciones al respecto. Al respecto, este juzgado procede analizar de oficio acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; conforme lo previsto en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.] En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." En el caso, en proveído de veintiocho de mayo de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, para los siguientes efectos: "- Deje insubsistente la cita de comparecencia dictado dentro del proceso 109/2013, el veinte de junio de dos mil trece, como probable responsable del delito de abandono de persona, previsto y sancionado por los artículos 347 y 348, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado, cometido en agravio de los menores Ylenia y Juan Pablo, ambos de apellidos Ordaz Losson, representados por Ylenia Losson Ramos. - Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de afectación, pero purgando los vicios formales advertidos, a fin de restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos violados, es decir: - Debe precisar con cuál o cuáles elementos de prueba existentes en la causa penal de origen quedan, en su caso, acreditados cada uno de los elementos del cuerpo del delito de abandono de persona. Dicha concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Comandante de la Policía Ministerial de San Andrés Cholula, Puebla y Director General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla" Posteriormente, mediante oficio 1400 de dos de junio del presente año, el Juez Municipal Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, en la cual se advierte: 1. "PRIMERO. Por lo que en virtud y con fundamento en los dispuesto en el artículo 104, 105 de la Ley de amparo y en cumplimiento la ejecutoria dictada dentro del juicio de garantías número 108/2015-IV, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, promovido por el quejoso amparista JUAN CARLOS ORDAZ LEYVA, se deja insubsistente la resolución de fecha veinte de junio del 2013, a través del cual se decretó ORDEN DE COMPARECENCIA, a dicha inculpado. SEGUNDO.- En cumplimiento a la mencionada sentencia dictada dentro del juicio de garantías, se DECRETA ORDEN DE COMPARECENCIA en contra de JUAN CARLOS ORDAZ LEYVA, como probable responsable en la comisión del delito de ABANDONO DE PERSONA, ilícito previsto y sancionado por los artículos 347, 348, en relación con los artículos 11, 12, 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado, cometido en agravio de los menores YLENIA Y JUAN PABLO AMBOS DE APELLIDOS ORDAZ LOSSON Y DENUNCIADO POR LA MADRE YLENA LOSSON RAMOS [.]" (reverso de la foja 117) 2. En dicha determinación se hizo referencia que los elementos fundamentales de prueba fueron las declaraciones de la querellante YLENA LOSSON RAMOS y de las atestes ROSALVA ÁLVAREZ MARTÍNEZ Y JESÚS RAMÍREZ CASTAÑEDA. (Reverso de la foja 116) De igual forma, el Director General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, a través del oficio recepcionado por este Juzgado Federal el uno de junio de la presente anualidad, manifestó que a esa fecha no había recibido orden de comparecencia dictada dentro del proceso 109/2013. Ahora, del examen de las documentales relacionadas las cuales de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2, tiene valor probatorio pleno, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, esto es, dejo insubsistente la cita de comparecencia dictado dentro del proceso 109/2013, el veinte de junio de dos mil trece, con plenitud de jurisdicción y precisó los elementos de prueba existentes que fueron acreditados en cada uno de los elementos del cuerpo del delito de abandono de persona. Por lo anterior, este juzgado declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA; además, este Juzgado de Distrito estima que no se incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, ni existió imposibilidad para tal efecto. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que contra esta determinación tienen expedito su derecho, para interponer el recurso previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que, una vez fenecido el plazo respectivo, de no existir inconformidad con el presente pronunciamiento, se ordenará el archivo de este expediente. Cabe hacer mención que mediante el acuerdo general 23/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determinó la semiespecialización de este órgano jurisdiccional para conocer de los asuntos comprendidos dentro de los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, También del citado cuerpo normativo, se advierte que, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio se determinó que los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, deberán, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, no previstos en el reparto dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 del citado cuerpo normativo y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos. Apuntado lo anterior, no obstante que en el caso se trata de un asunto de la materia penal, el suscrito resulta legalmente competente para resolverlo en definitiva, dado que los juicios de amparo en materia penal que eran del conocimiento de este órgano jurisdiccional, no fueron contemplados por el citado acuerdo general, motivo por el cual se deben conservar para su resolución.

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