Juan Pablo Moya Morales
Expediente 105/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Pablo Moya Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa y al tercero interesado, en proveído de veintiséis de junio del año en curso, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintinueve de mayo del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Pablo Moya Morales, para el siguiente efecto: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado; 2. Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados; y, 3. Sin que la concesión del amparo implique dejar en libertad al quejoso, dado que únicamente se trata de purgar los vicios formales, no así de fondo. Es decir, deberá: I. Relacionar con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, en la inteligencia que las pruebas deberán ser valoradas pormenorizadamente de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del Estado." b) Por providencia de dieciocho de junio de dos mil quince, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió al Juez responsable cumpliera con el. c) Mediante oficio registrado con el número 7993, el Juez Penal de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, allegó copia certificada de la resolución emitida el veinticinco de junio del año en curso. d) Con motivo de lo anterior, el veintiséis de junio pasado, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la aludida responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la responsable: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de diecinueve de enero de dos mil quince, dictada dentro de la causa penal 41/2014 de su índice; Emitió una nueva determinación en la que indicó con qué medios de prueba, de los existentes en el sumario, se acreditó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de lesiones y el valor que les otorgó a cada uno de ellos. En relación a la circunstancia de tiempo, precisó la hora en que ocurrieron los hechos, dado que estableció lo siguiente: ".aproximadamente a las 2:00 horas, al ir caminando el ofendido por la calle Morelos de la Comunidad de San Bartolomé de Agua Caliente, de Apaseo el Alto, Guanajuato, le dieron alcance tres sujetos del sexo masculino, quienes comenzaron a golpearlo en todo su cuerpo a puñetazos y patadas y además lo lesionaron con un instrumento punzocortante.". Estimó acreditado el cuerpo del delito de lesiones, previsto en el artículo 142 en relación con el 145 del Código Penal vigente para el Estado de Guanajuato, cometido en agravio de Seferino Servín Salazar, así como la probable responsabilidad penal del aquí quejoso Juan Pablo Moya Morales, por lo que dictó en su contra auto de formal prisión. En ese contexto, si la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado y en su lugar dictó otro subsanando los vicios señalados, es incuestionable que restituyó al accionante del amparo en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al proceso penal 41/2014 (un tomo), que remitió el Juez responsable, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Penal de Partido, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, al que adjunta copia certificada de la sentencia emitida en el proceso penal 41/2014, del índice de ese juzgado.
- Principal
Agréguese en autos el oficio de cuenta que remite el Juez Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato; mediante el cual aduce cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio. En ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil quince, que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Juan Pablo Moya Morales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase al Juez responsable, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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