Juan Pablo Moreno Herrera
Expediente 1057/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Pablo Moreno Herrera
Actuaciones
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Moreno Herrera, contra actos del juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Córdoba, Veracruz, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1057/2023-I-A; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su volumen, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señaló como acto reclamado: La resolución dictada en fecha TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, dentro de los autos del expediente ordinario civil número 2543/2022/X del índice de ese propio juzgado, y notificado al suscrito en la misma fecha mediante lista de acuerdos publicada por ese tribunal, y la cual DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós, en contra del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil veintidós. Acto reclamado respecto del cual se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu de la ley de la materia, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, sea parte. De acuerdo con lo anterior, se estima que el acto reclamado no trae como consecuencia una imposible reparación, en virtud de que estos se traducen en todos aquellos actos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (libertad, propiedad, estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos. Lo anterior es así, ya que de conformidad con los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que perturban materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Expuesto lo anterior, el suscrito considera que las consecuencias jurídicas del acto que por esta vía pretende combatirse, esto es, la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio ordinario civil 2543/2022/X del índice administrativo del juzgado responsable, por medio de la cual se declaró infundado el recurso de revocación hecho valer por el aquí quejoso, contra el proveído por medio del cual se tuvo por contestada la demanda propuesta por su contraria, no puede ser considerado como un acto imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene una resolución favorable. Lo anterior es así, pues del ocurso de demanda se advierte que con el recurso de revocación interpuesto por la parte actora, aquí quejoso, se impugnó el auto mediante el cual el juez responsable admitió el escrito de contestación de demanda, reconvención y reclamación, teniendo por hechas las manifestaciones y opuestas las excepciones y defensas de la parte demandada, cuya naturaleza se estima eminentemente procesal, sin que afecte directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de los protegidos constitucionalmente, o bien, que pueda ocasionar una afectación en grado predominante o superior a alguna de las partes en el citado controvertido. Cobra aplicación a lo anteriormente determinado, por sus razones, el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del tenor literal siguiente. Registro digital: 160910 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 54/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto. Asimismo, se cita el criterio aislado siguiente: Registro digital: 2008239 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: VII.2o.C.82 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, página 1893 Tipo: Aislada DEMANDA RECONVENCIONAL. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN TIEMPO Y FORMA ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO QUE NO TIENE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La resolución que confirma el proveído que tiene por contestada en tiempo y forma la demanda reconvencional es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, de conformidad con su contenido y alcances legales, tampoco es una resolución de condena, ni constitutiva de derechos, al tratarse de un auto declarativo al haberse admitido aquélla, ya que el litigio continúa, pues no es una decisión con la cual finalice. Es decir, la resolución donde se confirma el proveído que tiene por contestada la demanda reconvencional no es un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues dicha determinación no origina una afectación inmediata y directa a algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal, en tanto que el hecho de confirmarse el proveído que la admite, sólo implica que la alzada analice el auto de admisión a la contestación conforme a los conceptos de agravio y, por ende, aún no ocasiona un menoscabo, pues dicha confirmación está supeditada a lo resuelto en el juicio natural, en tanto pudiera suceder que no hubiera afectación con la confirmación al proveído que diera entrada a la contestación reconvencional y que la sentencia que se pronunciara en el juicio fuera favorable a los intereses de la recurrente. En esa tesitura, toda vez que opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes (SISE). Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ezequiel Hernández Cerón (3540356), en virtud de haber acreditado contar con cédula inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaría encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaría encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquellas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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