Juan Pablo Morales Jiménez

Expediente 662/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
662/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Pablo Morales Jiménez
  • Fiscal General del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y aun cuando en la sentencia de catorce de agosto del año en curso, se decretó el sobreseimiento total en este asunto, se tiene en cuenta que en el proveído de tres de julio de la presente anualidad, se otorgó a la parte quejosa la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones combatidas, la cual tuvo efectos definitivos y su vigencia abarcó hasta que quedó firme la resolución que puso fin al juicio constitucional en una situación análoga a la medida cautelar definitiva que se decreta en un incidente de suspensión, por lo que acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General se estima que este asunto es conservable en términos de lo estatuido por el diverso 17, fracción III, inciso b), del propio acuerdo de observancia general, aplicado por analogía en el caso, dada la concesión de la medida suspensional señalada. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que el presente juicio de amparo se resguardará íntegramente en este órgano jurisdiccional durante el plazo de tres años previsto por el ordinal 17, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la notificación de este auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese lapso de conservación en términos de lo señalado por el diverso 26 del Acuerdo General indicado se solicitará la transferencia de este expediente al Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 662/2023 promovido por ******** en contra de los actos reclamados a las autoridades que posteriormente se indicarán. I. ANTECEDENTES 1. El dos de julio de dos mil veintitrés, diversos policías de la Dirección de Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, detuvieron a ********** porque fue señalado como probable participante del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de *****. 2. Con motivo de esa detención, en la data señalada ******* fue puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, quien inició la capeta de investigación ***/***/***/***; en esa fecha la autoridad ministerial giró un oficio al Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca en donde ordenó que ******* fuera internado hasta en tanto resolviera su situación jurídica, porque se encontraba en calidad de detenido como probable responsable de la comisión del injusto de violencia familiar perpetrado en perjuicio de *******; tal mandamiento se materializó en la propia fecha. 3. Por auto de cuatro de julio del año en curso, dictado en la capeta de investigación ***/**/***/***la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género estableció que de los registros de investigación que obraban en esa indagatoria no existían elementos suficientes para llevar ante el Juez de Control al detenido, por lo que ordenó ponerlo en libertad de manera inmediata con las reservas de ley; en atención a esa determinación, en la propia data la autoridad ministerial emitió la boleta de libertad del detenido que se notificó al Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, por lo que ante esa situación ***** recuperó su libertad ambulatoria en la fecha señalada. 4. En consideración del titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 5. El tres de julio de dos mil veintitrés, **** formuló ante el secretario de guardia de este órgano jurisdiccional demanda de amparo por comparecencia a favor de ******* en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán; la demanda fue ratificada por el justiciable en la propia data. 6. Por acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal radicó escrito inicial registrándolo con el progresivo 662/2023; luego, mediante el proveído de cuatro de julio siguiente, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 7. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a diversas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 9. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 11. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: Del Fiscal General de Oaxaca, del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa y del Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, combate: La detención y la tortura física que se ejecutó en su contra. V. INEXISTENCIA DE ALGUNOS ACTOS COMBATIDOS 12. No son ciertos los actos atribuidos al Fiscal General de Oaxaca y al Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la detención del disidente; tampoco son ciertas las actuaciones reprochadas a esas autoridades y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa atinentes a la tortura física que se ejecutó en contra del quejoso, porque esos entes públicos en sus informes justificados negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, sin que el quejoso desvirtuara esas negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. 13. Además, de los documentos que las autoridades responsables aportaron se advierte que solo el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca intervino en la ejecución de la detención del justiciable, porque la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género en la capeta de investigación ***/***/***/*** ordenó que *** fuera internado hasta en tanto resolviera su situación jurídica, porque se encontraba en calidad de detenido como probable responsable de la comisión del injusto de violencia familiar perpetrado en perjuicio de ***** y ese mandamiento fue materializado en los separos del primero de los entes públicos señalados el dos de julio del año en curso, sin que en la orden o en la ejecución de ese mandato restrictivo de la libertad personal del inconforme hayan tenido intervención el Fiscal General de Oaxaca, ni el Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 14. Por otro lado, no existe algún elemento probatorio en este asunto que el Fiscal General de Oaxaca, el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de esta entidad federativa y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, hayan ejecutado actos de tortura física en contra del agraviado y tampoco que hayan ordenado esas actuaciones. 15. No escapa que en la razón de tres de julio de la presente anualidad, el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional al dar fe del estado físico del justiciable señaló que presentó un ligero golpe en el ojo derecho y en el hombro izquierdo; luego, lo requirió para que manifestara si contaba con lesiones internas y el agraviado respondió que no tenía, pero la existencia de esos golpes en modo alguno implica que los entes responsables hayan torturado físicamente al quejoso, porque este último no expuso esa situación, ni existe algún medio de convicción que evidencie esa situación o la intervención de esas autoridades en dichos actos. 16. En ese contexto, si el disidente no desvirtuó las negativas que los entes responsables sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esas autoridades en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 17. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 18. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 19. En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados precisados a las autoridades responsables señaladas, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DEL DIVERSO ACTO IMPUGNADO 20. Es cierto el acto reclamado al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, consistente en la detención del quejoso, a pesar de que en su informe con justificación negó la existencia de esa actuación, porque esa negativa se desvirtúa con las actuaciones que los entes responsables aportaron en este asunto. 21. Se sostiene lo anterior, porque como se indicó en los antecedentes relatados en el primer apartado de esa sentencia, el dos de julio de dos mil veintitrés, diversos policías de la Dirección de Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, detuvieron al quejoso ******** porque fue señalado como probable participante del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar cometido en agravio de ********. 22. Con motivo de esa detención, en la data señalada ***** fue puesto a disposición de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género, quien inició la capeta de investigación ***/***/***/***. 23. En esa fecha la autoridad ministerial giró un oficio al Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca en donde ordenó que el disidente fuera internado hasta en tanto resolviera su situación jurídica, porque se encontraba en calidad de detenido como probable responsable de la comisión del injusto de violencia familiar perpetrado en perjuicio de *****; tal mandamiento se materializó en la propia fecha en los separos de la primera de las autoridades señaladas. 24. A los instrumentos de donde se obtiene la información reseñada se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. 25. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 26. Con base en lo anterior, es factible sostener la certeza del acto combatido al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca atinente a la detención del agraviado y que la negativa que ese ente público estableció en su informe justificado se desvirtúa; por tanto, está demostrada la existencia de esa actuación. VII. PROCEDENCIA 27. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 28. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 29. En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, consistente en la detención del quejoso se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa actuación, porque el cuatro de julio de dos mil veintitrés, el justiciable quedó en libertad materialmente y actualmente goza de esa prerrogativa fundamental. 30. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" 31. El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 32. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio. 33. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 34. Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. 35. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 36. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. 37. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. 38. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. 39. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que el inconforme reclama del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca su detención, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener su libertad personal. 40. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular de las documentales que la responsable Fiscal General de Oaxaca aportó se advierte que por auto de cuatro de julio del año en curso, dictado en la capeta de investigación ***/***/***/***, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género estableció que de los registros de investigación que obraban en esa indagatoria no existían elementos suficientes para llevar ante el Juez de Control al detenido, por lo que ordenó ponerlo en libertad de manera inmediata con las reservas de ley. 41. En atención a esa determinación, en la propia data la autoridad ministerial emitió la boleta de libertad del detenido que se notificó al Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, por lo que ante esa situación ***** recuperó su libertad ambulatoria en la fecha señalada; en esos términos, es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con las actuaciones que la citada fiscalía y la autoridad responsable realizaron se demuestra que los efectos del acto atacado han cesado, porque el justiciable fue puesto en libertad desde el cuatro de julio de la presente anualidad y actualmente goza de ese derecho fundamental. 42. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la citada responsable; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. 43. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN 44. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que el justiciable reclamó al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca, consistente en su detención. 45. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. 46. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." 47. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 48. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 49. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 50. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especial de Tortura, dependiente de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General de Oaxaca en atención a la vista dada en el auto de tres de julio del año en curso y al requerimiento de veintisiete de julio pasado, respecto de las manifestaciones que el promovente *************** expuso en el sentido que *************** fue objeto de tortura física por parte de las autoridades responsables al momento de su detención para que estuviera en aptitud de realizar las acciones necesarias tendentes a investigar si lo relatado por el promovente eventualmente pudiera configurar la comisión de algún hecho ilícito asociado con la tortura que pudo haber sido objeto el disidente cuando fue detenido hace del conocimiento el estado procesal de la carpeta de investigación 26036/FEDH/FCTO/2023. Al respecto, se toma conocimiento de la situación que la representante social de la adscripción comunica. En diverso aspecto, se tiene como domicilio procesal de la oficiante el que indica en sus libelos. En otro punto, se tiene a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especial de Tortura por señalados el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre ese ente público y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales conforme a lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el ejemplar de la comunicación señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especial de Tortura, dependiente de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad de la Fiscalía General de Oaxaca en atención a la vista dada en el auto de tres de los corrientes respecto de las manifestaciones que el promovente ******************** expuso en el sentido que ******************** fue objeto de tortura física por parte de las autoridades responsables al momento de su detención para que estuviera en aptitud de realizar las acciones necesarias tendentes a investigar si lo relatado por el promovente eventualmente pudiera configurar la comisión de algún hecho ilícito asociado con la tortura que pudo haber sido objeto el disidente cuando fue detenido y a la incompetencia en razón de materia que le declinó el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula **-* en esta entidad federativa en la carpeta de investigación ********************, formó la diversa indagatoria ******************** y solicita diversa información relacionada con el presente contradictorio, se informe el estado procesal y requiere copias certificadas de diversas actuaciones a fin de realizar la correcta integración de la misma. Al respecto, se toma conocimiento de la situación que la representante social comunica y en atención a sus solicitudes comuníquesele que el presente sumario se encuentra en trámite; que en diligencia de tres de julio pasado ratificó la demanda de amparo presentada a su favor. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido por su ordinal 2, mediante el oficio que se elabore con motivo de este acuerdo remítase al órgano investigador reproducción autorizada de todas las actuaciones del presente sumario, para que este en aptitud de integrar la indagatoria ******************** y este en aptitud de deducir la información que requiere. Notifíquese.

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