Juan Pablo Monroy Mendoza
Expediente 830/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Pablo Monroy Mendoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Exhorto sin diligenciar, sin mayor pronunciamiento. Téngase por recibido el oficio procedente del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, mediante el cual refiere que devuelve sin diligenciar el exhorto 226/2022, número de orden 530/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, a través del cual se le solicitó notificara el proveído de incompetencia de tres de agosto del año en curso dictado en el presente juicio, al quejoso Juan Pablo Monroy Mendoza, sin embargo omitió adjuntar la citada comunicación oficial. Atendiendo a que otorga acceso al expediente electrónico de la comunicación oficial de su índice, resulta innecesario requerir dichas constancias. Dése de baja la comunicación referida y háganse las anotaciones necesarias en el libro de gobierno que corresponda, lo anterior para el efecto legal conducente. Finalmente, sin que haya lugar a ordenar se gire nuevo exhorto, toda vez que en proveído de diecinueve de agosto pasado, se tuvo a dicho Juzgado informando que asumió competencia y se avocó al conocimiento del presente juicio, previno al quejoso y ordenó notificarle personalmente tal determinación. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/20202, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Acuse recibo de incompetencia. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por medio del cual acusa recibo del diverso oficio 23986/2022, e informa que asume competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Juan Pablo Monroy Mendoza, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, registrándolo con el número 877/2022 de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que es el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, quien se avocó al conocimiento del presente asunto, como se advierte de los párrafos que anteceden, se determina que este cuadernillo es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Juzgado Sexto en Uruapan, acusa recibo y remite asunto al juzgado correcto. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual acusa recibo del diverso comunicado 23986/2022, mediante el cual se remitió por error el original del juicio en que se actúa, e informa que no acepta la competencia planteada, toda vez que el citado oficio se encuentra dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, por lo que ordenó al remisión del asunto al destinatario correcto a efecto de evitar mayores dilaciones. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por último, no se inadvierte que el oficio de cuenta se encuentra dirigido al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, sin embargo de su contenido se desprende claramente que el juzgado al que se hace referencia en el mismo es precisamente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en los términos señalados en los párrafos que anteceden. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden." Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 830/2022. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. CONSIDERACIÓN PREVIA. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Monroy Mendoza, por propio derecho, se advierte que señala como responsables al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y como actos reclamados la emisión orden de arresto, detención, comparecencia, presentación o cualquier otra que de modo alguno restrinja o limite su libertad personal, y su cumplimentación. Asimismo, señala como autoridad responsable a esta juzgadora, por lo que resulta necesario definir si ésta juzgadora debe declarar carecer de competencia o impedida para conocer de la aludida demanda de amparo, atendiendo a las dos hipótesis que se actualizan: a) Incompetencia, por haber sido señalada como responsable, en términos de los artículos 38 y 39 de la Ley de Amparo; o, b) Impedida, para intervenir con absoluta independencia de ánimo en la tramitación y resolución del presente juicio, bajo la hipótesis de la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 95/2019, resolvió: "En primer lugar, se debe entender que la jurisdicción es la potestad del Estado para impartir justicia por medio de los tribunales que integran el Poder Judicial. A partir de ahí, como un límite a la jurisdicción surge la competencia, que es la facultad de los órganos jurisdiccionales para conocer de ciertos negocios ya sea porque es atribuida por la ley o derivada de la voluntad de las partes. De manera tal, que el Juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado, es decir, en los que es competente. Al respecto, dentro de las reglas procesales, la competencia se confunde con el concepto de jurisdicción, lo que ha implicado que se entienda en dos sentidos, el primero referido a su sentido amplio, es decir, al ámbito, esfera o campo dentro del cual un órgano de Poder puede desempeñar sus atribuciones y funciones. Así, en un sentido estricto, que constituye la facultad otorgada a un órgano jurisdiccional específico para que válida y legalmente conozca de un determinado asunto, de manera tal, que un órgano jurisdiccional no puede resolverlo, si es a otro al que le corresponde específicamente esa atribución, aun cuando ambos pertenezcan al mismo Poder Judicial. A su vez, la competencia en sentido estricto, se divide en competencia objetiva, que se refiere al órgano jurisdiccional, en donde se encuentran los criterios de territorio, materia, grado, entre otros; y la competencia subjetiva que alude al titular o persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo. Ahora bien, en relación con la competencia objetiva, se encuentran diversas clasificaciones de los elementos que la componen; al respecto, cabe atender al derecho comparado, en específico a la doctrina española, orientada por el jurista italiano Calamandrei, la cual también ha sido invocada en los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia y que la divide por razón de territorio, funcional u objetiva. Al respecto, por territorio, se entiende en relación con el ámbito espacial; objetiva, atiende a la materia y el valor del negocio, y funcional, referida a la pluralidad de instancias y grados, esto es, entendido de otro modo, el que ha de conocer de los incidentes y recursos ya sean estos ordinarios o extraordinarios, de las medidas cautelares y de la ejecución de las sentencias, como consecuencia de un proceso ya iniciado. En relación con el último elemento, según la doctrina mexicana, se caracteriza por "la índole de la actividad desenvuelta por el Juez o el tribunal en el proceso". Visto el desarrollo doctrinal y comparado de los elementos que componen la competencia; a la luz del juicio de amparo, dicho presupuesto forma parte de las garantías de legalidad, consagrada en el artículo 16, así como las que derivan de los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, atendiendo al juicio de amparo, la distribución de competencias por razones objetivas, tradicionalmente se ha dividido en los elementos esenciales siguientes: Por territorio, que se prevé en el artículo 94 constitucional, al facultar al Consejo de la Judicatura Federal el establecimiento del número y división en Circuitos, así como la actuación territorial de los órganos jurisdiccionales. Por materia, también se desprende del señalado artículo 94, remite a lo previsto en la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tanto para amparo directo como indirecto. Por grado, respecto a la promoción del juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios o Juzgados de Distrito, y excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A manera de comparación, bajo esta clasificación, la competencia por territorio es idéntica, en cuanto a la competencia objetiva, ésta se asimila a la competencia por materia y por lo que hace la funcional, a partir de lo señalado tanto por la doctrina comparada, como por la que otorga la doctrina mexicana, se desprenden ciertos elementos en relación al grado sobre los cuales cabe hacer un desarrollo especial en las siguientes líneas: La competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente; sin embargo, tal como quedó establecido, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen. Atento a lo anterior, se tiene que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias en virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados. Así, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante ello, en relación con el juicio de amparo indirecto, con la salvedad de la competencia auxiliar de la que se hablará más adelante, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuitos, son los órganos competentes atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), para conocer en primera instancia. Sin embargo, conforme a lo dicho, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción. De ahí, que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional. En ese sentido, si por principio de cuentas el juicio de amparo tiene por objeto, conforme al artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por dicha Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; no se justificaría que un órgano jurisdiccional tenga facultades para resolver un juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos emitidos por el mismo, con independencia de quien sea su titular. (.) Antes bien, cabe señalar que no es obstáculo a la afirmación anterior, que, conforme a la integración de ciertas legislaciones, exista la posibilidad ante determinados supuestos que un órgano jurisdiccional pueda revisar sus propias determinaciones; sin embargo, a partir de las reglas de tramitación del juicio de amparo indirecto, esa posibilidad queda descartada, como se expondrá más adelante. Pues resulta contrario a su propio fin sostener que sea el mismo tribunal o juzgado, señalado como autoridad responsable, quien resuelva sobre la constitucionalidad de sus actos. Así pues, atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto -para efectos de la contradicción- la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de materia, no sólo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional). Ante ello, las reglas para la sustanciación del referido juicio de amparo indirecto, se encuentran contenidas en la sección segunda, "Sustanciación" del capítulo I "El amparo indirecto" del título segundo, "De los procedimientos de amparo" de la Ley de Amparo; de las que se desprende que, una vez señalada en el escrito de demanda a la autoridad responsable, el acto que se le reclama y los conceptos de violación y, admitida por el órgano jurisdiccional, éste señalará día y hora para la audiencia constitucional y pedirá a las autoridades responsables que rindan un informe con justificación, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando las constancias necesarias para apoyarlo. Lo anterior, resulta conforme con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.) De ahí, es claro que una de las bases para resolver sobre las cuestiones planteadas es precisamente el informe con justificación de la autoridad responsable; en ese sentido, de ser el mismo órgano quien deba rendirlo en su carácter de responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. Así, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito o Tribunal Unitario, otro del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiere el más próximo; haciendo especial énfasis en que debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. A continuación, los artículos en comento. (.) Además, también se desprende la competencia auxiliar a que aluden la última parte de los referidos artículos 36, 38, así como el artículo 159, este último en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, por la que se conceden facultades a los Jueces de primera instancia (materia penal) o Juzgados de Distrito de la jurisdicción más cercana cuando en el lugar en que se ejecuten o traten de ejecutarse no resida un Juez de Distrito para recibir la demanda de garantías, solicitar informes a las responsables e incluso suspender los actos reclamados, siendo la finalidad de la ley que todo gobernado tenga acceso de manera pronta a la Justicia Federal. En ese sentido, ubicada en el artículo 39 de la Ley de Amparo, precisamente por una cuestión que atañe al desempeño de los órganos, se establece lo siguiente: (.) Así, de dicha norma se tiene que en caso de que se promueva un juicio de amparo indirecto en contra del órgano que actúo en auxilio -ya sea Juzgado de primera instancia o de Distrito de la jurisdicción más cercana-, no podrá conocer el Juez de Distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado; debiendo ser otro del mismo distrito y especialización. Dicha falta de competencia deriva de un elemento objetivo, pues se observa que el elemento determinante de la competencia es la autoridad señalada como responsable, a decir, el órgano que actuó en auxilio. Así, el órgano que en principio tendría competencia ya sea por territorio, materia o grado -en sentido jerárquico- para resolver, no está facultado para conocer de la instancia. Así pues, en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que, en principio, se debe declarar incompetente; ello pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular. Expuesto lo anterior, si bien en el caso se actualiza un supuesto de incompetencia; en relación con el punto de contradicción, este Tribunal Pleno considera que cuando un secretario en funciones haya planteado su impedimento, con sustento en el artículo 51, fracciones IV y VIII, de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto cuyo acto fue emitido por el mismo órgano jurisdiccional, por economía procesal, es posible declararlo fundado. Para explicar lo anterior, cabe retomar los conceptos explicados al inicio del presente considerando. Así pues, se tiene que la competencia es un límite a la jurisdicción y que, en sentido estricto, se ha divido en competencia objetiva relacionada a los órganos jurisdiccionales y su organización -entre otros aspectos- y subjetiva, que se refiere al encargado del desempeño jurisdiccional en un determinado tribunal, en otras palabras, al titular. Ahora bien, en relación con la competencia subjetiva, de conformidad con los criterios de este Alto Tribunal, la figura legal del impedimento, resulta ser el medio para examinar si el titular del órgano jurisdiccional es ajeno a la cuestión planteada o, si por el contrario, puede considerarse que se encuentra en riesgo de resolver con parcialidad, lo anterior, en aras de evitar que se ponga en tela de juicio el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. (.) A decir de lo anterior, a través del impedimento se busca proteger los principios de independencia e imparcialidad, lo cuales se encuentran tutelados en el artículo 17 de la Constitución Federal, específicamente en los párrafos segundo y sexto; y resulta ser una condición esencial que debe revestir a los juzgadores o tribunales que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste precisamente en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en la controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Asimismo, la Primera Sala de este Alto Tribunal a partir de la contradicción de tesis 48/2018, determinó que el principio de imparcialidad debe entenderse en dos dimensiones: (i) subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador; y (ii) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver. Explicado lo anterior, en caso de que se actualice una causa ya sea subjetiva u objetiva de imparcialidad, el resultado será el impedimento del titular de un órgano jurisdiccional para conocer del asunto sometido a su conocimiento. Dicho aquello, se tiene que cuando se plantea un impedimento para conocer de un juicio de amparo indirecto cuyo acto fue emitido por el mismo órgano jurisdiccional, al que en principio le tocaría conocer del asunto, es válido considerar que existe una causa objetiva de riesgo de pérdida de parcialidad. Lo anterior se evidencia con lo dispuesto por el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo: (.) En ese supuesto, la causa de impedimento consiste en haber tenido el carácter de autoridad responsable y, si bien el secretario en funciones de Juez no fue la misma persona física que fue señalada como responsable, sí lo es en un sentido institucional, advirtiendo inclusive, de manera personal, el riesgo de pérdida de objetividad hasta el punto de plantearlo como impedimento. Sin que lo anterior resulte contrario con la primera conclusión a que se arriba, en cuanto a que se actualiza una falta de competencia funcional, pues conforme a lo expuesto, tanto la competencia (objetiva o subjetiva) como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, a decir, servir como un límite a la función jurisdiccional. Por ello, ambas instituciones encuentran su razón de ser en la protección de la imparcialidad judicial, por lo que en realidad se trata de diversas aristas de un mismo punto, es decir, mientras que la vía procesal idónea para examinar si un órgano judicial es o no competente para conocer de un asunto es, precisamente, plantear una cuestión de competencia, la vía adecuada para cuestionar la incompetencia subjetiva, es el impedimento. Máxime, cuando el impedimento es planteado por las causas señaladas, por un secretario en funciones, conlleva una decisión vinculada con el órgano que representa y emitió el acto reclamado, en especial con los actos que deberá llevar a cabo, como es su defensa en el informe justificado o el cumplimiento de la suspensión que el mismo dicte, entre otros, lo que posteriormente sería incompatible con el análisis sobre la inconstitucionalidad de lo reclamado. De ahí que, ya sea planteado como incompetencia, lo cual técnicamente resulta ser la vía más acertada, o como impedimento, el resultado será el mismo, es decir, que el órgano jurisdiccional, actuando a través de su titular, no puede resolver en el asunto que le es sometido a su conocimiento." De la aludida ejecutoria se advierte que la falta de competencia deriva de un elemento objetivo, pues se observa que el elemento determinante de la competencia es la autoridad señalada como responsable. Así, el órgano que en principio tendría competencia ya sea por territorio, materia o grado -en sentido jerárquico- para resolver, no está facultado para conocer de la instancia. Así pues, en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que, en principio, se debe declarar incompetente; ello pues se actualiza una causa de incompetencia funcional En ese tenor, es que esta juzgadora no plantea impedimento y declara carecer de competencia legal, al haber sido señalada como autoridad responsable. INCOMPETENCIA. En la especie, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, resulta legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, por las razones que a continuación se expondrán. El artículo 38 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Conforme al numeral antes transcrito, es competente para conocer de un juicio de amparo contra actos que se reclamen de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiere, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como autoridad responsable ordenadora, entre otras, al Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. De lo antes expuesto, se advierte que este Juzgado de Distrito fue señalado como responsable en la presente demanda de amparo, por lo que en términos del referido artículo 38 de la Ley de Amparo, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo, otro Juzgado de Distrito. Asimismo, es de hacer notar que el quejoso señaló como autoridades responsables ordenadoras a: Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia y en la ciudad de Uruapan. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Michoacán. Jueces Primero, Segundo y Tercero en Materia Penal con sede en Morelia. Juez de Primera Instancia en Materia Penal en Uruapan. Todos los Jueces en Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral con sede en Morelia y en Uruapan. Y como autoridades ejecutoras: Titular Comandante de la Guardia Nacional, al Fiscal General de la República en la Ciudad México. Fiscal General del Estado de Michoacán. Director de la Policía de Investigación en el Estado de Michoacán. Fiscal Regional en Uruapan. Director Regional de Carpetas de Investigación en Uruapan. Director General de la Policía Estatal en Uruapan. Secretario General de la Policía Municipal en Uruapan. Delegado de la Fiscalía General de la República en Morelia. Fiscal General del Estado de Puebla. Director General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla. Autoridades a las que les reclama la posible orden de arresto, detención, comparecencia, presentación o cualquier otra que de modo alguno restrinja o limite su libertad personal, y su cumplimentación. Refiriendo bajo protesta, que señala como autoridades ejecutoras a las autoridades en Puebla, en razón de que es la entidad federativa donde vive y donde pretende ser ejecutados los actos reclamados; precisando además que señala autoridades ejecutoras en el Estado de Michoacán, atendiendo a que deberá presentarse ante la autoridad ordenadora, por lo que podría ejecutarse su detención en el trayecto a las instalaciones de las responsables. En tales condiciones, los efectos del acto podrán materializarse en el Estado de Puebla o en el Estado de Michoacán, sin embargo, atendiendo a que señaló como responsables a todas los Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán, y a que la ejecución podrá ser en Puebla, de ahí que, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, que se encuentre en turno. Tienen aplicación el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de la Amparo, este órgano jurisdiccional declina de plano, la competencia para conocer de la demanda, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en esa ciudad. Consecuentemente, previa impresión de la versión electrónica de las actuaciones que integran el presente asunto, se ordena su remisión con las constancias originales, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, para que lo turne al Juzgado de Distrito que le corresponda, y éste a su vez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, manifieste si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese el acuse de recibo de estilo para el cuaderno de antecedentes relativo a la incompetencia planteada. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. No ha lugar a decidir sobre la suspensión del acto reclamado, previo a la remisión del asunto al Juzgado competente, atendiendo a que el acto aquí reclamado no se encuentra contemplados dentro de los señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Máxime, en términos de lo estipulado por el artículo 48, párrafo primero, de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedida legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda, en atención a la incompetencia legal aquí planteada; de ahí que, compete acordar lo conducente respecto a dicha medida cautelar, al juzgado que por cuestión de turno corresponda su conocimiento. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle 20 de Noviembre número ciento ocho, colonia Centro Chignautla, en Puebla. En consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa, tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición de su precepto 2º., gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en la ciudad de Puebla, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, tenga a bien comisionar a quien corresponda a fin de que se constituya en domicilio del citado quejoso, y una vez cerciorado de que efectivamente corresponde al mismo, le notifique el contenido de este proveído. Asimismo, lo requiera para que en ese momento o en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, en esta ciudad, apercibido que de ser omiso al respecto, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado Federal, como lo establece el dispositivo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Se le hace del conocimiento al Juez, que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 21, último párrafo, de la Ley de la Materia, y el 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la citada Ley, se habilitan días y horas inhábiles para que se realice la notificación. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Assael Torres Hermosillo y Marco Antonio Morales López, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos Salvador Ortega Santana, Anahí Torres Hermosillo y Miguel Azael García Reyna, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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