Juan Pablo Mireles González
Expediente 217/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Pablo Mireles González
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; veintiséis de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta por medio de los cuales el Director General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 88 de la Ley de Amparo se tienen por interpuestos los referidos medios de impugnación. De conformidad con el numeral 89 de la ley de la materia, córrase traslado a las partes con copia de los oficios de agravios. Asimismo, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente el expediente en que se actúa, de conformidad con el artículo 84 de la ley de la materia, remítase el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, enviando por separado los oficios originales de expresión de agravios, con la copia respectiva para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Con las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 116/2004 aprobada en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil cuatro por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO.- El artículo 89 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme el artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del Tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 07/febrero/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; siete de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, por el cual y en atención a requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de diversas constancias, asimismo hace alusión a la relación del Número Único de Trámite (NUT) 4417888 con el oficio INM/ORCDMX/SFCDMX/SCVM/0002/2020, de nueve de enero de dos mil veinte. En consecuencia, se tienen por recibidas las constancias de referencia, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. De conformidad con en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con la documentales de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; las cuales se deja a disposición en la correspondiente mesa de trámite para su consulta. Ahora, tomando en cuenta el contenido de las pruebas documentales mandadas agregar al presente juicio, es menester precisar que las únicas personas que tienen acceso a esa información son aquellas que tienen el carácter de parte en el proceso constitucional en que se actúa. Asimismo, en razón de que solo las partes tienen derecho a consultar las actuaciones, máxime que en el presente expediente no existe tercero interesado y, en el caso concreto, las mismas son de relevancia para realizar el pronunciamiento respectivo; se da a conocer a la parte quejosa las constancias mandadas agregar en párrafos precedentes. Sin embargo, considerando la naturaleza del acto reclamado y la especificidad del caso concreto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a una adecuada defensa, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se permite a las partes el acceso a las constancias remitidas por la responsable que se ordenaron agregar en autos únicamente para su consulta; sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 26/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, materia común, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Asimismo, apoya lo anterior el hecho de que los presupuestos previstos en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no pueden considerase como una regla absoluta como se desprende de la jurisprudencia y tesis aislada que se transcriben a continuación: Jurisprudencia P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, del mes de diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva. Tesis 1ª.XXXVII/2006, visible en la página 650, del tomo XXIII, del mes de febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 Y 43 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTES EN 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los citados preceptos, al establecer la facultad de los particulares titulares de la información que obra en poder de las autoridades para delimitar o determinar la parte que puede ser de conocimiento público, con el objeto de no poner en riesgo información relativa a secretos industriales o aspectos técnicos, entre otros y evitar con ello que se les perjudique en el desarrollo de su actividad y fin, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dada la función y objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparentar y publicitar todos los actos de las autoridades federales, así como garantizar el derecho a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, dicho ordenamiento debe buscar un equilibrio entre los principios contenidos en este precepto y aquellos que prevé el citado numeral 16, pues estimar lo contrario -que la información en la que tienen injerencia particulares y que obra en resguardo de las autoridades federales no puede ser proporcionada para consulta de otros gobernados- equivaldría a hacer nugatorio el derecho a la información y contravenir el propio fin para el cual fue creada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es por ello que en forma sui géneris se establecen los mecanismos para lograr el propósito de la indicada Ley y, a su vez, se garantiza a los particulares titulares de información en que interviene el Gobierno Federal, que no se trastoquen sus derechos públicos subjetivos. Por otra parte, vistas las constancias remitidas por la oficiante se advierte un escrito de veintidós de julio de dos mil diecinueve signado por el quejoso Abraham Terán Vargas en el cual solicita ante el Instituto Nacional de Migración la expedición de carta oferta de empleo, por virtud del interés de contar con los servicios de Manuel Vargas Alegría, sin que se advierta el trámite que le haya dado a dicha petición. En consecuencia toda vez que este juzgado se encuentra en aptitud de recabar las constancias que estime pertinentes para la integración del presente juicio, a efecto de mejor proveer, con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo, 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de lo dispuestos en su artículo 2°, requiérase al Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de éste proveído, realice lo siguiente: 1) Informe el trámite que en su caso haya realizado a la petición formulada por Abraham Terán Vargas el veintidós de julio de dos mil diecinueve y, en su caso, remita copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho. 2) Proporcione la denominación actual de la autoridad señalada en la solicitud de veintidós de julio de dos mil diecinueve como "Instituto Nacional de Migración Delegación Federal del INM de CDMX". Con el apercibimiento que de ser omiso o no manifestar su imposibilidad jurídica o material para ello, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a CINCUENTA VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En ese sentido, hágase de su conocimiento que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el artículo 30 del Reglamento de la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo anterior con base en el artículo segundo transitorio de la primera ley señalada, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiba, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo es obligación de este juzgado federal llevar a cabo la digitalización de todas las promociones y DOCUMENTOS que presenten las partes, lo cual debido al sistema de escaneo de las constancias judiciales instaurado en los órganos jurisdiccionales, para su incorporación en el sistema electrónico de promociones y documentos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse, al recibirse las promociones en la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional correspondiente, esto es, previamente a que el secretario o la titular de este órgano analicen el contenido de la información respectiva, por lo que en ese momento la única forma de identificar este tipo información y no proceder a su digitalización es que las partes la exhiban debidamente resguardada; en este orden de ideas, requiérase a las partes para que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, la envíen debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, apercibidas de que en caso de remitir documentación que consideren de carácter reservado o confidencial y omitan remitirla debidamente resguardada, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que la hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además acreedoras a una multa de CINCUENTA DÍAS el valor de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que cuando se trate de un órgano colegiado, dicha multa se impondrá a cada uno de sus integrantes, independientemente de que dicha multa se vaya duplicando con cada nuevo requerimiento que se le formule, al margen de que se hagan efectivas las multas a que se hagan acreedoras por el incumplimiento del requerimiento correspondiente, en virtud de que su actuación omisa o renuente provoca la dilación en la tramitación del presente juicio de amparo, lo que, como se precisó en párrafos precedentes, incide en la afectación en perjuicio de las partes de la garantía de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, aunado al hecho que provoca mayor gasto de recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo es obligación de este juzgado federal llevar a cabo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, lo cual debido al sistema de escaneo de las constancias judiciales instaurado en los órganos jurisdiccionales, para su incorporación en el sistema electrónico de promociones y documentos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse, al recibirse las promociones en la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional correspondiente, esto es, previamente a que el secretario o la titular de este órgano analicen el contenido de la información respectiva, por lo que en ese momento la única forma de identificar este tipo información y no proceder a su digitalización es que las partes la exhiban debidamente resguardada; en este orden de ideas, requiérase a la autoridad requerida para que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, la envíe debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, apercibida de que en caso de remitir documentación que considere de carácter reservado o confidencial y omita remitirla debidamente resguardada, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que la hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentra obligada a observar, haciéndose además acreedora a multa por CINCUENTA VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; independientemente de que se ubique en el supuesto del delito previsto en el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, para cuya comisión se establece: una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos y, en los demás previstos en las leyes aplicables. Por último, a fin de notificar el presente proveído a la parte quejosa, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Ma. Esther Prado Olvera, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.".
- Principal
** Téngase por rendido dicho informe, con su contenido y anexo dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga, como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar, y como pruebas las referidas.
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