Juan Pablo Mendizabal Pérez

Expediente 279/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
279/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2019

Partes del expediente

  • Juan Pablo Mendizabal Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por Juan Pablo Mendizabal Pérez, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DOCE DE ABRIL DOS MIL VEINTICUATRO. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con posterioridad al DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Téngase por recibida la razón actuarial de uno de abril de la presente anualidad, en donde el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional asentó la imposibilidad que tuvo para notificar al promovente del presente juicio de amparo, Juan Pablo Mendizabal Pérez, el proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; lo anterior en virtud de que el domicilio que señaló en su escrito de demanda resultó inexacto, por los motivos expuestos en la razón en comento. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), se ordena notificar por lista de acuerdos a la parte en cuestión, el presente proveído, así como el diverso de veintinueve de marzo pasado, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, en tanto no señale otro domicilio en esta ciudad para oírlas y recibirlas, o de ser el caso, precise el señalado en su escrito de demanda. Sin que sea óbice a la anterior determinación, que el promovente haya proporcionado el correo electrónico robertoramirezgarcia@hotmail.com, para la realización de notificaciones electrónicas; toda vez que no proporcionó el usuario registrado en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, del que se desprenda que previamente haya obtenido su Firma Electrónica, de ahí que no se esté en posibilidad de ordenar la notificación electrónica en comento. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Mendizabal Pérez, contra acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 279/2019-IVB. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. En ese sentido, el quejoso, dentro de su demanda de amparo, señaló como acto reclamado: "EL AUTO DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2019 EL CUAL REFIERE QUE ES PROCEDENTE DECRETAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2018 DICTADA EN EL TOCA 230/2017 DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE VERACRUZ (SEGUNDA SALA) RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO.- 442/2016 DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE VERACRUZ. RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016 DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN NÚMERO 001/206 POR EL FISCAL GENERAL DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE VERACRUZ Y POR ENDE DEJA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2016 EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN NUM.- 302/2015 DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD DE LA VISITADURIA GENERAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En el caso, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XIV de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, que a la letra establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Lo subrayado es propio). De lo anterior se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente, que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la Jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." (Lo subrayado es propio). En ese sentido, es necesario precisar que el quejoso Juan Pablo Mendizabal Pérez manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ". FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE EL ACTO IMPUGNADO TUVE CONOCIMIENTO DEL MISMO EL 5 DE MARZO DEL 2019, CUANDO ME CITÓ EN SU DESPACHO EN LA CIUDAD DE ORIZABA, VER., EL LIC. ROBERTO CARLOS RAMÍREZ GARCÍA QUIEN ES MI ABOGADO PATRONO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 420/2016 DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL ESTATL (SIC) DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA VERACRUZANA AUTORIZADO Y QUE ME INFORMÓ QUE EL DÍA 28 DE FEBRERO SE APERSONÓ EN LA SALA UNO DEL PRESENTE TRIBUNAL Y SOLICITÓ EL 442/2016 Y FUE COMO SE ENTERÓ DEL INCUMPLIMIENTO Y DE UNA SERIE DE IRREGULARIDADES QUE SE ATACARAN POR OTRO MEDIO, PUES LA PERSONA QUE HABÍA AUTORIZADO ASÍ COMO SU DOMICILIO JAMÁS ME AVISO DEL ESTADO PROCESAL DE MI EXPEDIENTE SINO HASTA L DI (SIC) 27 DE FEBRERO QUE AL LICENCIADO ROBERTO CARLOS RAMÍREZ GARCÍA SE LE AUTORIZÓ PODER OBTENER FOTOS DE MI EXPEDIENTE." En ese contexto, resulta menester tomar en consideración que el propio promovente adujo, bajo protesta de decir verdad, que su abogado patrono tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de febrero de la presente anualidad, pues fue en esa misma data que consultó el expediente 442/2016, del índice de la autoridad responsable, de donde a su vez deriva el acto reclamado, por lo que, al ser éste su abogado patrono, y por ende su autorizado en el juicio natural, se debe de tener a esta data como la fecha en que la parte actora tuvo conocimiento del acto que en esta vía constitucional se reclama; asimismo, del sello estampado en el escrito de mérito, se advierte que la demanda de amparo y las siete copias de la misma, fueron depositadas en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el veintisiete de marzo de la presente anualidad, a las diecinueve horas con diez minutos. De ahí que, como se dijo de inicio, el suscrito estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, toda vez que su promoción resulta extemporánea, debido a que ésta no se promovió dentro de los quince días siguientes a aquél en que la parte actora de donde emana el acto reclamado tuvo conocimiento del auto que combate. Al efecto cabe destacar lo estipulado por el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el plazo para presentar la demanda de amparo, previsto por el diverso ordinal 17 del mismo ordenamiento, se contará a partir de que del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado. Por lo tanto, el plazo que tuvo el impetrante de amparo para promover la demanda respecto al acto del cual tuvo conocimiento el veintiocho de febrero de la presente anualidad, transcurrió del uno al veinticinco de marzo de la presente anualidad; en virtud de que éste comenzó a computarse a partir del día siguiente hábil de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, el día veintiocho de febrero del año en curso; por lo tanto, resulta indudable, que la presentación de la misma resulta extemporánea. Lo anterior, tiene sustento en la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Amparo, que reza lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." (Lo subrayado es propio). No es óbice a las anteriores consideraciones el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación respecto del auto que en esta vía constitucional se combate, en virtud de que la manifestación que realizó bajo protesta de decir verdad, el promovente Juan Pablo Mendizabal Pérez, genera prueba plena de que su abogado patrono fue quien se impuso del conocimiento del acto reclamado, y al ser éste junto con el quejoso, la parte actora, es necesario tomar en cuenta la fecha en que tuvo conocimiento el abogado patrono; pues de lo contrario, se estaría computando el plazo desde una data posterior al momento en que, propiamente la parte actora tuvo conocimiento del acto y estaba en posibilidades de combatirlo. De igual forma, siguiendo este orden de ideas, la circunstancia de que la fracción XIV del numeral 61 de la ley de la materia precise que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el referido artículo 17 de la Ley de Amparo; tampoco podría estimarse que resulte contrario al acceso a la justicia. Ello, porque las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Lo anterior, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a esas garantías. De ahí que, por regla general, las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, constituyen parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. En efecto, el texto Constitucional y en la legislación secundaria se pueden establecer válidamente condiciones para la procedencia de ciertos medios de impugnación, sin que ello implique una vulneración a los derechos humanos. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014, con rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." (Lo subrayado es propio). En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que se colige que existió consentimiento de su parte en lo que hace al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, es menester precisar que al caso no es aplicable lo que dispone la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En virtud de que los efectos jurídicos del acto reclamado no transgreden la esfera jurídica del quejoso en los supuestos que describe el precepto antes transcrito. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el suscrito determina procedente desechar de plano la demanda de amparo en cuestión, en virtud de que ésta es extemporánea, sujetándose a lo establecido por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y que a su vez con ello se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de ese mismo ordenamiento, lo que genera la imposibilidad jurídica de admitir la demanda y estudiar la constitucionalidad e inconstitucionalidad del auto reclamado, pues no encuadra con la naturaleza del juicio de amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, se tiene el que señala en el escrito que se provee, y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Vera Sosa, Roberto Carlos Ramírez García, Edgar Romero Vega, Víctor Manuel García Jahuey y Alfonso Rodríguez Cotera, por así haberlo solicitado el promovente. No pasa inadvertido para el suscrito, que la parte quejosa también solicitó la práctica de diligencias electrónicas; sin embargo, toda vez que no se puede ordenar la notificación de un proveído a la misma parte en dos modalidades, estese a la espera del resultado de la notificación personal que se realice en el domicilio señalado, para que, de ser el caso, se ordene la notificación vía correo electrónico. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano