Juan Pablo Manjarres Fern+andez

Expediente 1849/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1849/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Pablo Manjarres Fern+andez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por********************, en su carácter de apoderado de ********************, contra actos del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de México, con residencia en Toluca; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1849/2023-II. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado, por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgado advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar lo siguiente: El acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del número de expediente 424/2023 del índice de la responsable, mediante el cual, admite la demanda y decreta la suspensión del procedimiento, hasta en tanto la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, informe sobre el resultado del procedimiento conciliatorio prejudicial previsto en el artículo 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, y se exhiba la constancia de no conciliación, o, en su caso, exista un desistimiento de ésta. Sentado lo anterior, se obtiene que, per se, el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del número de expediente 424/2023 del índice de la responsable, mediante el cual, admite la demanda y decreta la suspensión del procedimiento, hasta en tanto la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, informe sobre el resultado del procedimiento conciliatorio prejudicial previsto en el artículo 872, apartado B, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, y se exhiba la constancia de no conciliación, o, en su caso, exista un desistimiento de ésta, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que la posible consecuencia directa del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, esto es, que las partes agoten la etapa prejudicial de conciliación ante el Centro Federal correspondiente, y en su caso, culmine el procedimiento laboral en esa instancia, con una solución alterna -convenio entre las partes-y a su vez, ésta se eleve a categoría de sentencia ejecutoria, o, decidan continuar con el procedimiento laboral natural hasta que se dicte la resolución correspondiente. Además, tal acto no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si el peticionario de amparo logra conciliar y optar por una solución alterna a sus pretensiones demandadas, o, en su caso, obtiene resolución favorable en el procedimiento laboral que se desahogue ante la negativa de conciliación; de tal manera, la determinación reclamada constituye una violación procesal que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. Aunado a lo anterior, debe decirse al quejoso que el juez responsable no viola sus derechos sustantivos de modo irreparable al suspender el procedimiento laboral de origen, en atención a que, únicamente obligó a las partes a agotar una etapa procedimental necesaria para la procedencia de su demanda laboral, siendo así que, la misma potestad judicial dio como opción para continuar con la controversia obrero patronal, la exhibición de la constancia de desistimiento de la etapa conciliatoria; máxime, que su actuar se encuentra fundado y motivado por la propia ley de la materia, en el Título Trece Bis, Capítulo I, denominado Del Procedimiento de Conciliación Prejudicial de dicho ordenamiento legal. Orienta lo anterior, la jurisprudencia II.2o.T. J/4 L (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable bajo el registro digital 2024629, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. UNA VEZ ADMITIDA LA DEMANDA, PROCEDE POR FALTA DE LAS CONSTANCIAS DE NO CONCILIACIÓN POR ALGUNOS DEMANDADOS (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019). Hechos: Un trabajador demandó en la vía ordinaria laboral a diversas personas, pero sólo exhibió la constancia de no conciliación respecto de una. El secretario instructor, ante la falta de esa constancia de los demás demandados, inadmitió la demanda, ordenó el archivo del asunto por todos, y remitir los autos al Centro de Conciliación respecto de los demandados con quienes no se agotó la etapa prejudicial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal Laboral debe suspender el procedimiento con apoyo en una interpretación analógica de la Ley Federal del Trabajo ante la falta de disposición expresa y remisión a la hipótesis de suspensión prevista para el incidente de nulidad aplicada al caso, una vez admitida la demanda por un demandado y ante la falta de exhibición de las constancias de no conciliación por el resto de los demandados. Justificación: Es así, ya que el artículo 763 Bis, primer párrafo, de la ley citada, sí contempla la suspensión del procedimiento en la tramitación del incidente de nulidad, y el diverso 742, fracción V, estipula que al reanudarse deberá practicarse la notificación personalmente a las partes; entonces, al interpretar esos preceptos de manera analógica y sistemática, se considera que constituyen el sustento de la suspensión en el caso concreto; asimismo, en aras del respeto a la igualdad procesal entre las partes, así como de privilegiar los principios procesales de economía y concentración contenidos en el artículo 685 de dicho ordenamiento, se busca que con dicha medida suspensiva y al levantarse en el momento procesal oportuno, el juicio natural se tramite de manera simultánea contra todos los patrones señalados en la demanda, y se evite la duplicidad innecesaria en el desahogo de las etapas del juicio; sin soslayar que entre los efectos de la suspensión, queda reservar la admisión o el acuerdo que proceda, según el resultado que arroje el desahogo de la etapa prejudicial con los codemandados de los que no se exhibió la constancia de no conciliación": Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por********************, en su carácter de apoderado de ********************, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. En diversa guisa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el físico que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda, y por autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las personas designadas para tales efectos. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente.

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