Juan Pablo Lozano Guzmán

Expediente 925/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
925/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Pablo Lozano Guzmán
  • David López Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio presentado electrónicamente por el actuario del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California; atento a su contenido y como lo solicita, infórmesele que mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 311/2020-I, y anexos, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que acompañó el testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el recurso de queja penal 61/2020, de su índice. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, ocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que el día de la fecha se dictó un proveído en el juicio principal del que deriva este incidente en el que se tuvo por cumplido el fallo protector emitido en el presente asunto y se ordenó el archivo de aquél expediente; en consecuencia, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se negó la suspensión provisional, y por resolución incidental de once de febrero del mismo año, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Finalmente, se ordena estampar en la carátula el original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente;

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso dejado el once de enero del presente año, en el domicilio de la parte tercero interesada David López Velasco, y se le notifica el auto de ocho de enero de dos mil veintiuno, que dice: "Ensenada, Baja California, ocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **, para efecto de que la autoridad responsable Juez de Control del estado de Baja California, con sede en esta ciudad: a) Dejara insubsistente el auto dictado el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el cuaderno preliminar ** de su índice. b) En su lugar emitiera otro, en el cual, de manera congruente, conforme a las constancias que integran el cuaderno preliminar ** de su índice, con libertad de decisión, se pronuncie respecto a la nulidad de actos que le fue planteada por el aquí quejoso ***. Determinación que al no haber sido recurrida por las partes, causó ejecutoria el catorce de diciembre de dos mil veinte y se requirió a la autoridad responsable Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el cabal cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. En acatamiento a ello, mediante oficios y anexos registrados con folio 9262 y 9273, los cuales fueron recibidos el dieciocho de diciembre del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la autoridad judicial responsable remitió las constancias con las que indicó dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a las partes con las constancias de referencia, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que expresaran manifestación al respecto, por lo que este órgano jurisdiccional procede a examinar el cumplimiento dado al fallo protector. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ha dado cumplimiento al fallo protector, ya que demostró que dejó insubsistente el auto dictado por su parte el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en autos del cuaderno preliminar *** de su lista de orden. Asimismo, en virtud que de manera congruente, conforme a las constancias que integran dicho cuaderno preliminar, mediante determinación de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se pronunció respecto a la nulidad que le fue propuesta por el aquí quejoso, en el sentido de que era extemporáneo el medio de defensa intentado, por lo que determinó que era procedente desechar el mismo; ello, sin incurrir en la falta de congruencia que fue precisó en el fallo protector y que se destacó había sido objeto violación a derechos fundamentales del aquí quejoso. Por lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos vulnerados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a lo expuesto y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. Una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. En ese contexto, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo

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