Juan Pablo León López
Expediente 1499/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1499/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Pablo León López
- David Rojas Santiago y Otros.
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida ********; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora, vista la certificación de cuenta, toda vez, que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido..."
- Principal
"... Vista la demanda de amparo que promueve por *******, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Registro. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1499/2022. Desechamiento. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Enseguida, de la lectura integral de la demanda amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca: Todo lo actuado en el juicio agrario 486/2022, de su inventario... El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley... Del primer numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha ley. Mientras que de los restantes artículos se desprende que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, o por cualquier persona, en los casos previstos por la Ley de Amparo, salvaguardando dos principios fundamentales que rigen en el juicio de derechos fundamentales: el de instancia de parte agraviada y, el de agravio personal y directo. Es decir, el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, esto es, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promoverlo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido, en términos del artículo 5° de la citada legislación, como regla general. Ahora bien, las mencionadas autorizaciones y cumplimiento de los requisitos relativos, constituyen una institución procesal que se denomina legitimación procesal activa, la cual se define como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. Así, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, ya sea porque se ostente como titular de ese derecho o porque cuente con la representación legal de dicho titular, pues constituye un requisito para la procedencia del juicio contar y acreditar la legitimación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 351, registro digital 196956, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO... Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos en su carácter de comuneros del Núcleo Agrario denominado Tlaxiaco, Oaxaca, reclaman del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, todo lo actuado en el juicio agrario *****, de su índice, argumentando que son poseedores de tierras comunales pertenecientes a la citada comunidad, equiparándose como terceros extraños a juicio. Sin embargo, como se dijo, se estima que los quejosos carecen de legitimación para instar el juicio de amparo, para arribar a tal determinación, resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 14, 32, 33, 99, todos de la Ley Agraria, los que establecen:***** En ese sentido, los artículos citados de la Ley Agraria establece que los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son la existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre. De modo que no podría reconocerse la personalidad con la que se ostentaron los aquí recurrentes, pues en términos establecidos ya que el único órgano que puede ostentarse como representante legal del núcleo de población comunal es el propio comisariado de bienes comunales. De todo lo anterior, se arriba a la convicción de que en relación con la defensa de las tierras y el consecuente interés jurídico en el amparo, corresponde al comisariado ejidal, quien representa al núcleo de población ejidal, la defensa de las tierras ejidales de uso común que han sido dotadas al núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal. De lo que se puede concluir, que corresponde al comisariado ejidal la defensa de las tierras ejidales. Esto acontece, aun cuando una vez parceladas las tierras, ya sea de hecho o de derecho, es decir, inscritas o no en el Registro Agrario Nacional y expedido o no el certificado correspondiente, el ejidatario en lo individual tiene derecho a su uso y usufructo, lo cierto es que el comisariado ejidal está obligado a velar porque se respeten los derechos de los ejidatarios, como son aquellos de uso y usufructo, sobre las tierras ejidales, que han sido parceladas, de manera que si la asamblea de ejidatarios tiene facultades para representar al ejido y también para defender los derechos ejidatarios en particular, referente a las tierras ejidales; de ahí que, en lo individual los posesionarios no tienen interés jurídico para presentar el amparo. Pues de estimar lo contrario, implicaría restarle al Comisariado de Bienes Comunales, su facultad que la ley le establece... Lo anterior torna evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso 113 del cuerpo legal antes referido, se desecha la demanda de amparo..."
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