Juan Pablo Jose Navarro Rangel

Expediente 595/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
595/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Juan Pablo Jose Navarro Rangel
  • Jose Fernando Fidel Navarro Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto dictado el diez de noviembre del año en curso (fojas 65 a 68), en que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento en cita, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Agréguese el escrito de cuenta mediante el cual los quejosos cumplen con la prevención formulada en proveído de veinte de octubre de este año. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107 fracción V, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por *** *** *** Y *** *** ***, ambos de apellidos *** ***, en contra del acto que reclaman del Juzgado Segundo Civil de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Del artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Del análisis integral de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado es la resolución de ocho de octubre de este año, a través de la cual la autoridad responsable, confirmó el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que no acordó de conformidad la petición formulada de los quejosos, relativa a que les fuera notificado de manera personal el diverso proveído de siete de julio de este año, mediante el cual se ordenó dar vista a los coherederos con la manifestación realizada por el mandatario del albacea en relación a las cuentas por rendir de la administración del albaceazgo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no es de imposible reparación. En términos del artículo 107 antes citado, dentro de un juicio, solo se pueden controvertir actos de autoridad, vía amparo indirecto, cuando sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por nuestro ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto del concepto "imposible reparación", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha realizado las siguientes precisiones: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Luego, por derechos sustantivos se entienden todos aquellos que se relacionan con el patrimonio, las relaciones familiares, el estado civil, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el honor, la intimidad y todos aquellos que contribuyen a que la persona se plantee un plan de vida y lo lleve a cabo; mientras que los llamados procesales, constituyen tan solo el medio para proteger o hacer valer a los derechos sustantivos frente al Estado dentro de procedimientos de carácter judicial o seguidos en forma de juicio, de modo que no constituyen un fin en sí. Ahora bien, a fin de evidenciar la actualización de la causal anteriormente referida en el presente juicio de amparo, resulta oportuno destacar el contenido de los artículos 585, 588 y 652, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, ya que el acto reclamado deriva de un juicio sucesorio intestamentario, cuyo trámite se encuentra en la tercera sección, tal como lo refirieron los quejosos, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda. Los preceptos referidos establecen en lo que aquí interesa que los juicios sucesorios se conforman por cuatro secciones, la primera de ellas denominada "sucesión"; la segunda "inventarios"; la tercera "administración" y la cuarta "partición". Asimismo que la tercera sección se tendrá por concluida una vez que la autoridad que conozca del juicio sucesorio emita una resolución en la que apruebe o desapruebe la cuenta de administración propuesta por el albacea de la sucesión; resolución que será apelable en el efecto devolutivo. Como ya se señaló en supra líneas, los quejosos, en su carácter de coherederos del juicio sucesorio de origen, reclaman en el presente juicio de amparo una resolución emitida por la autoridad responsable, a través de la cual confirmó la negativa de darles vista con la manifestación realizada por el mandatario del albacea, relativa a las cuentas de administración de la sucesión, por lo que dicho acto no es de ejecución de imposible reparación, partiendo de que su efecto es intraprocesal pues sólo genera que continúe el trámite de la tercera sección referida. Aunado a que, dicha afectación procesal puede ser reparable si los afectados, en su calidad de coherederos del juicio sucesorio, obtienen una resolución intermedia favorable a sus intereses, al momento en que la autoridad responsable resuelva si aprueba o desaprueba las cuentas rendidas por el albacea de la sucesión; o en caso de obtener una resolución adversa a sus intereses si se aprueban las cuentas, esa violación procesal podrá ser reclamable, en todo caso, a través del juicio de amparo indirecto, una vez que sea resuelto el recurso de apelación que se interponga en contra de la misma; regla que fue establecida a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia del proceso sucesorio. Dicho en otras palabras, la violación procesal de la que se duelen los quejosos no es de imposible reparación, ya que con su emisión no se vulnera materialmente alguno de sus derechos sustantivos, previstos en la Constitución o Tratado Internacional, por lo que la misma deberá hacerse valer, en todo caso, cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la resolución definitiva que concluya la tercer sección, de la que deriva el acto aquí reclamado; máxime que esa resolución reclamada no se considera autónoma o independiente de la diversa resolución que se emitirá en el momento en el que se vaya a finalizar la tercera sección del juicio sucesorio de origen, sino que se encuenta íntimamente relacionada, justamente, con la administración de cuentas ahí analizada, motivos por los cuales resulta improcedente el amparo indirecto aquí intentado. Bajo esas condiciones, en atención a que el acto reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo que se impone es desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Agréguese el escrito de cuenta, mediante el cual los quejosos pretenden cumplir con la prevención formulada en proveído de veinte de octubre de este año, sin embargo, del contenido del mismo se advierte que no acatan en su totalidad lo requerido en dicho auto, pues son omisos en destacar bajo protesta de decir verdad, las partes del juicio del que deriva el acto reclamado. Situación que resulta necesaria a fin de identificar la totalidad de los intervinientes del mismo, así como el carácter con el que figuran en el juicio de origen; máxime que de los antecedentes del escrito de cuenta se advierte, en términos genéricos, que en dicho juicio interviene el albacea, así como los coherederos del mismo; sin que se precisen los nombres de las personas a quienes les recaen dichas calidades, y los domicilios para que puedan ser emplazados. En esa virtud, requiérase de nueva cuenta a los quejosos, bajo el término y apercibimiento señalado en auto de veinte de octubre de este año, para que aclaren su escrito de demanda en los términos anteriormente indicados. En el entendido que el plazo de cinco días que les fue concedido para atender la prevención de mérito, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, puesto que la presentación del escrito de cuenta interrumpió el computo del plazo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: Téngase por recibida la demanda promovida por *** *** *** y *** *** ***, ambos de apellidos *** ***, contra actos del Juzgado Segundo de Partido Civil, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 108 fracción V, 112, 114, fracción II de la Ley de Amparo, se impone prevenir a los quejosos, a efecto de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: Destaquen en forma detallada los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, tales como las partes del mismo, su estado procesal, el contenido del auto contra el cual interpuso el recurso de revocación que dio origen a la resolución reclamada; lo anterior, con fundamento en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para el suscrito que los quejosos pretenden se tenga por satisfecho dicho requisito con la captura que hicieron de la página del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a través de la cual se advierte la síntesis del juicio 97/2017, seguido bajo el índice del Juzgado Segundo de Partido Civil, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato; sin embargo, de dicha síntesis no se advierten con precisión y claridad los antecedentes requeridos. Apercíbase a los quejosos que de no cumplir con lo anterior, en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de la materia. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. Se tiene como su autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala en su escrito, toda vez que así lo solicitan los propios quejosos. EXPEDICIÓN DE COPIAS

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