Juan Pablo Hernández Vizcaíno
Expediente 997/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 35 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 21/07/2023
Partes del expediente
- Juan Pablo Hernández Vizcaíno
- Luis Eduardo Hernández Vizcaíno
- Juan Pablo Hernández Vizcaíno y Otros.
- Guillermo Tapia Moreno
- Congreso del estado de Jalisco
- Guillermo Tapia Preciado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del incidente innominado tramitado en los autos del juicio de amparo 997/2021-IV, promovido por R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. y otros, por su propio derecho, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Congreso del estado de Jalisco, contra actos precisados en la propia demanda de amparo. SEGUNDO. Separación de juicios. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien lo radico bajo el número de expediente y en auto de tres de junio de dos mil veintiuno, acordó la separación de juicios, conservando el correspondiente a Juan Pablo Hernández Vizcaíno y ordenando remitir el resto a la oficina de Correspondencia Común para su turno de manera separada. TERCERO. Conflicto de separación. De la demanda de amparo de Enrique Vizcaíno Zepeda correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, cuyo Titular, dictó proveído el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en que ordenó registrarla bajo expediente; y resolvió no compartir las razones expuestas por el juzgador de origen para separar los juicios por lo que ordenó remitir los autos a la superioridad a fin de que resuelva el conflicto de separación Del citado conflicto correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo registro bajo el número de conflicto de acumulación 1/2021 de su índice, y por ejecutoria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió que es procedente la separación de juicios. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el titular de este órgano jurisdiccional ordenó admitir la demanda de amparo y pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; seguido en sus etapas procesales, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente juicio amparo en el que se concedió la protección constitucional para el siguiente efecto: "(.) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho humano consagrado en el artículo 31, fracción IV constitucional, el Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco, deberá, desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la sobretasa prevista en el artículo 45, fracción I, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, durante todo el tiempo en que se encuentre vigente. Devolver la cantidad que enteró la parte quejosa con motivo del pago del impuesto predial consignado en el recibo electrónico de pago ********************, en el entendido de que dicha devolución versará exclusivamente sobre el monto de la sobretasa pagada, prevista en el artículo 45, fracción I, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021." QUINTO. Dicha resolución se declaró firme el veintiséis de junio de dos mil veintidós. SEXTO. Después de diversos requerimientos por el cumplimiento de la sentencia protectora, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó abrir incidente innominado para el efecto de determinar si respecto al recibo ********************, se aplicó la sobre tasa del 100% al momento de calcular el impuesto predial, y en su caso determinar la cantidad que deberá devolverse a la parte quejosa como pago de lo indebido. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo es legalmente competente para conocer del presente incidente innominado, en términos de lo dispuesto en los artículos 66, 67, 193 cuarto párrafo y 205 de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 55/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 67, Tomo XII, correspondiente a julio de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA E INCONFORMIDAD. CUANDO DE LA EJECUTORIA RESPECTIVA O DE LOS AUTOS NO SE DESPRENDEN ELEMENTOS PARA EVALUAR SI SE ENCUENTRA CUMPLIDA O NO, DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE TRAMITE UN INCIDENTE INNOMINADO A FIN DE QUE LAS PARTES PRUEBEN Y ALEGUEN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA PARA QUE AQUÉL ESTÉ EN APTITUD DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEL FALLO CONSTITUCIONAL. El artículo 105 de la Ley de Amparo establece las instituciones del incidente de inejecución de sentencia y la inconformidad como mecanismos procesales relacionados con el cumplimiento de un fallo constitucional; sin embargo, en ambos casos, se requiere para su tramitación que en la propia sentencia haya quedado precisado su efecto concreto y los actos que debe llevar a cabo la responsable para acatarlo, así como que del expediente se desprendan los elementos para evaluar si la ejecutoria se encuentra cumplida o no; por tanto, si de ésta y de las constancias respectivas no se desprenden elementos concretos para determinar tal circunstancia y, por lo mismo, si existe contumacia de la autoridad responsable en el incidente de inejecución o indebido cumplimiento del fallo constitucional en el caso de inconformidad, deben devolverse los autos al Juez de Distrito para que tramite un incidente innominado en el que precise el alcance material y concreto del fallo constitucional y, en su caso, se pronuncie sobre si la ejecutoria está cumplida o no, valorando los elementos probatorios allegados por las partes, conforme a lo prescrito por los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al amparo, como lo ordena el artículo 2o. de la ley de la materia". SEGUNDO. En ese orden de ideas, se procede a valorar el dictamen pericial emitido por la perito oficial Elizabeth Quezada Solorza, para ello, se debe atender lo que establece el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 del último ordenamiento, que establece: "Artículo 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Tribunal." Del precepto transcrito, se evidencia que la prueba pericial debe ser valorada por este órgano jurisdiccional conforme al libre arbitrio. En ese orden de ideas, debe destacarse que los dictámenes periciales deben ser valorados atendiendo a los criterios siguientes: La idoneidad de la prueba; 2. La lógica de los razonamientos expuestos en sus dictámenes; 3. Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; y, 4. Que las opiniones contenidas en los dictámenes, se refieran a cuestiones propias de su especialidad, en el entendido de que la falta de alguno de ellos, es suficiente para restarle valor probatorio, pues los dictámenes periciales no son verdades irrefutables, sino que su objetivo, es ilustrar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 254, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Tomo II, Sexta Época del Apéndice de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros.". Cabe precisar, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada por persona o personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual, se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento, respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o comprensión escapa a las aptitudes del común de la gente. Luego, el peritaje cumple con una doble función, que es por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar convicción en el Juez sobre tales hechos, e ilustrarlo, con el fin de que comprenda su complejidad y pueda apreciarlos objetivamente. Por ello, su valor probatorio radica en que el perito sea veraz y acertado, además que se advierta, que haya estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, haya realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso, con eficacia y haya emitido su conclusión sobre tales percepciones, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada y fundada. Esto es, el valor probatorio del dictamen profesional, depende de si está debidamente fundado y motivado así como la claridad en las conclusiones, su firmeza o la ausencia de vacilaciones, son imperantes para que sean convincentes. Asimismo, la lógica relación entre ellas y los fundamentos establecidos en la ley que las respaldan, deben existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Por ello, si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones, o si no existe armonía entre aquéllos y éstos; o si el perito no parece seguro de sus resultados, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Por lo que, corresponde a este juzgado apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba y con fundamento en las disposiciones transcritas, ordenar la repetición o ampliación de los dictámenes. Además, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas, y si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento de su decisión. Por tanto, la prueba por peritos o peritación, es una actividad procesal desarrollada por personas calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción escapa a las aptitudes del común de la gente, y cuya función tiene indispensablemente un doble aspecto: Verificar hechos que requieren conocimientos específicos, ya sean técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y, Suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los comprenda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Asimismo, le corresponde a este órgano jurisdiccional apreciar la argumentación del o de los dictámenes periciales, esto es, si aparecen los fundamentos para llegar a sus conclusiones, y de esa forma generar la convicción al juzgador, valorando la prueba a su prudente apreciación, de conformidad con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo la tesis de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Agosto de 1999, número I.8o.C.28 K, visible en la página 780, que es del tenor siguiente: "PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes periciales". Pero, esa prudente apreciación que tiene el juzgador al calificar la prueba pericial, debe ser según su ecuánime estimación, acorde a las reglas de la lógica y con fundamento en la legislación aplicable, además de expresar los argumentos por los cuales no le otorgó valor probatorio, esto es, al través del respectivo razonamiento lógico jurídico. Resulta aplicable, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 31 Sexta Parte, visible en la página 54, que al respecto dice: "PRUEBA PERICIAL. SU APRECIACIÓN POR EL JUEZ DE AMPARO. Si el Juez calificó la prueba pericial según su prudente estimación y tal calificación no va en contra de las reglas de la lógica, a más de que expresa razonamientos por los cuales no le otorga amplio valor probatorio al dictamen rendido por el perito del juzgado, acordes con las circunstancias del caso, no puede aceptarse que el Juez a quo hubiere impuesto su propio criterio en la materia técnica." También, en lo conducente, la tesis de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, visible en la Página 376, que establece: "PRUEBA PERICIAL, SU APRECIACIÓN. Si el tribunal ad quem al concederle valor probatorio pleno al peritaje rendido por el tercero en discordia utilizó las reglas de la sana crítica y prudente arbitrio que le concede la ley, su apreciación no viola garantías individuales en perjuicio del quejoso". De igual forma, la tesis aplicada por analogía, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 447, que expone: "PRUEBAS. VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El principio general para la valoración de las pruebas en el juicio de amparo, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, consiste en que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las mismas unas frente a otras y para fijar el resultado final de dicha valuación, restringida parcialmente esa amplia libertad, únicamente con las reglas específicas sobre apreciación de probanzas determinadas que fija la propia ley." En ese contexto, se conoce que la prueba pericial resulta imperativa, cuando surgen cuestiones que por su carácter eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular, que el órgano jurisdiccional está impedido para dar, por carecer de los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona tal dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta; por esto, es entonces evidente, que para que un dictamen pericial pueda ser estimado por la autoridad, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en él se indique ha de ser accesible o entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano resolutor. A la luz de las anteriores consideraciones, se examinará el dictamen del perito oficial. Es importante resaltar, que el perito oficial, acreditó cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 144 del Código Federal de Procedimientos Civiles para emitir su dictamen, toda vez, que con la cedula expedida por la Secretaría de Educación Pública, demostró ser licenciada en contaduría pública y con ello, demuestra su idoneidad para desahogar la pericial en cuestión, que requiere conocimientos en la materia contable. Ahora, se destaca del dictamen rendido por la citada perito, llegó a la siguiente conclusión: Perito oficial Elizabeth Quezada Solorza: "En relación con el predio referido en este Juicio de Amparo, el importe a pagar bimestral es de $907.79 y por todo el ejercicio 2021, el monto es de $5,447.00, de acuerdo con el cálculo realizado con los valores que se encuentran en la tabla del Artículo 45 fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, aplicable en el ejercicio fiscal de 2021, sin considerar la sobre tasa del 100% (cien por ciento). Con la aplicación de la técnica de análisis documental, me cercioré que en la información que consta en recibo electrónico de fecha 30 de abril de 2021, con referencia de facturación correspondiente a la cuenta predial con clave predial, a nombre del contribuyente Vizcaíno Zepeda Enrique que obra en autos, expedido por la Tesorería de Zapopán, por concepto de pago de impuesto predial del periodo correspondiente del primero al sexto bimestre de 2021, en la parte superior derecha "Datos del predio", en el segundo renglón (márgen derecho), se advierte el dato de la superficie construida de 00 y en el concepto de Estatus del predio "No edificado". De igual manera con la técnica de verificación de datos, me cercioré de que en el cálculo del impuesto predial del ejercicio fiscal de 2021, plasmado en el recibo de pago, sí se encuentra incluida la sobre tasa del 100% cien por ciento que se establece en el artículo 45 fracción , de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, misma que fue disminuida en el recuadro de "Descuentos" consecuentemente no fue pagada dicha sobretasa por el quejoso y no le causó detrimento financiero alguno. El quejoso realizó el pago por concepto de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, sin incluir la sobre tasa de impuesto conforme a lo establecido en el artículo 45 fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopán, Jalisco, vigente en dicho año. Quien determinará lo correcto en este Juicio de Amparo, será este H. Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo." En ese orden de ideas la perito oficial, como se adelantó fue contundente en establecer que en el recibo ********************, no se aplicó la sobretasa al 100% contenida en el artículo 45, fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno. Para llegar a la anterior conclusión, dicha experta consideró, a su decir, técnicas contables, legislaciones aplicables al caso, así como de las documentales que obraban en el expediente en que se actúa; de ahí que se le conceda valor probatorio pleno al dictámen pericial emitido. Por tanto, como se adelantó en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se le concede valor probatorio pleno a dicha opinión técnica, toda vez que la manera de dar respuesta a las interrogantes fue acorde a lo peticionado y con sustento, en los conocimientos del diestro en la materia. En razón de lo anterior, se afirma que por lo que respecta al recibo ******************** que fue materia de estudio de la incidencia que ocupa la atención, no resulta viable se realice devolución alguna a la parte quejosa derivado de la concesión de amparo en el presente juicio de amparo, al no haberse aplicado la sobretasa al 100% contenida en el artículo 45, fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno. Así, lo procedente es decretar infundado el incidente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 66, 67, 77, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se resuelve : PRIMERO. Es procedente pero infundado el incidente innominado resuelto en la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se determina que en el recibo ********************, no se aplicó la sobretasa al 100% contenida en el artículo 45, fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno; por tanto, no resulta procedente que se requiera a las autoridades responsables para el efecto de que realicen devolución alguna a la parte quejosa derivado de la concesión de amparo en el presente juicio de amparo.
- Principal
AUDIENCIA INCIDENTAL
- Principal
Vista la comparecencia signada por la perito ****quien manifiesta ser perito oficial en materia contable, designada este Juzgado mediante el cual ratifica, su opinión técnica presentada en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el ocho de mayo de dos mil veintitrés; agréguense a los autos, y con su contenido se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, atento al contenido del escrito signado por la perito oficial ******, mediante el cual exhibe la factura; envíese solicitud de pago a la Administración Regional en Zapopan, Jalisco del Consejo de la Judicatura Federal, junto con las constancias necesarias relativas a los documentos en los que consta que la experta de mérito realizó los las gestiones encomendadas, así como la copia del comprobante fiscal a efecto de que previa valoración y sí reúnen los requisitos fiscales necesarios, emita el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente y pueda recibir el pago de sus honorarios.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe ********************, perito oficial en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a su contenido, téngasele por rendida su opinión técnica al dilucidar el punto cuestionado en el juicio de amparo en que se actúa, la que será valorada y analizada en el momento procesal oportuno. Consecuentemente, requiérase a ********************, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en que se le notifique el presente acuerdo, acuda a este juzgado de Distrito, sito en la Ciudad Judicial Federal localizada en Periférico Poniente Manuel Gómez Morín número 7727, Edificio X1, segundo piso, Zapopan, Jalisco, a ratificar su dictamen pericial.
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