Juan Pablo Guillermo Molina

Expediente 355/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
355/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Pablo Guillermo Molina

Actuaciones

  1. Principal

    II- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 572/2022-lV-B de su índice, del que se advierte en su parte conducente que acusa recibo del oficio con el cual se le remitió el expediente original 355/2022-II-C, promovido por Juan Pablo Guillermo Molina, contra los actos del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, y se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo. En consecuencia, hágase las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, procédase al archivo del presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21, del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso j) del indicado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto antes citado. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese.

  2. Principal

    II- Agréguese el oficio signado por la fiscal especializada en combate a la corrupción de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de la autoridad oficiante antes señalada, para ser tomado en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales públicas que señala la autoridad oficiante a su informe de ley, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta para ser tomadas en consideración y ser valoradas conforme a derecho en la audiencia constitucional correspondiente. Aplica en lo conducente, la tesis Jurisprudencial I.5o.C.2.K, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Notifíquese.

  3. Principal

    II.-Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Juan Pablo Guillermo Molina por conducto de su apoderado legal Alonso Román Cuevas Ocampo, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, y otra autoridad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de que se trata, se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 355/2022-II-C, y se ordena dar la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito. En atención a lo solicitado por el agente del ministerio público de la federación adscrito, con el oficio 47/2022, de veinticinco de marzo de dos mi veintidós, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, toda vez que previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "sergio.villadadelapiedra", se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Hágase lo anterior del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Pídase su informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendirlo por escrito o por medios magnéticos dentro del término de QUINCE DÍAS, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Además, con sustento en el párrafo cuarto del numeral citado en el párrafo precedente, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, se sirva remitir copias certificadas legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas al mismo; apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe correspondiente. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 63, fracciones IV y V, 64 y 251, del ordenamiento legal invocado, requiérasele para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa por la cantidad $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el invocado artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo. Igualmente, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa en contra de los actos reclamados, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido, que de no hacerlo se les hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil veintidós, la cual, si las características del objeto del presente asunto lo permiten, conforme a los artículos 25 y 26, del referido Acuerdo General, en relación con el numeral 28 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este Juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Por otra parte, se determina que no habrá necesidad de emitir el oficio correspondiente a las autoridades responsables, para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, en virtud de que tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=54&Exp=2 con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Ahora, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a la consulta de un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente, la que podrán tramitar a través de la página electrónica https://www.firel.pjf.gob.mx/. Asimismo, acorde con lo establecido en la fracción II, del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Dante Rodríguez Loria, por encontrarse registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; y a la diversa persona que menciona en su ocurso de cuenta únicamente para los fines que expresamente señaló. Ahora, atendiendo a las manifestaciones mediante las cuales solicita se le autorice a consultar y ser notificado vía electrónica de las actuaciones relativas al presente juicio de amparo; previa búsqueda en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que los usuarios ""roberto_renato" y "ALONSOCO" se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios para consultar el presente expediente en línea, así como se le practiquen con las notificaciones electrónicas por dicho medio. Lo anterior, hágase del conocimiento analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese.

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