Juan Pablo Guillermo Molina

Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
797/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Juan Pablo Guillermo Molina
  • Luis Armando Hoil Be

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    III-Agréguese el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite testimonio de la sesión ordinaria virtual celebrada el once de febrero de dos mil veintidós, dictada en autos del recurso de queja 451/2021 en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez y otros, contra el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda del juicio de amparo indirecto 797/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal." Por tal motivo, remítase por la vía electrónica el acuse de recibo a la superioridad a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Imprímase el acuse de envío y glósese sin mayor acuerdo a los presentes autos como constancia de la remisión electrónica del comunicado relativo para los efectos conducentes. Asimismo, se hace la precisión, de que se estima innecesario agregar el anexo que acompaña el tribunal de alzada con la resolución que se atiende, en virtud de que únicamente se trata de copias certificadas que integran el expediente en que se actúa. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista a la parte quejosa y agente del ministerio público de la federación adscrito y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, signado por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que le fueron enviadas las copias certificadas que integran el juicio de amparo 797/2021-III-B. Asimismo, informa que el quince de diciembre de dos mil veintiuno, dicho tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Roberto Renato Rodriguez Rodriguez, por su propio derecho y en representación de Juan Pablo Guillermo molina, José Alejandro Marrufo Roldán, Luis Armando Hoil Be, Luis Manuel Cruz Hernández, Carlos Alberto Castillo Gamboa, Oscar Oswaldo Basurto Basurto, Fernando Escamilla Carrillo, Andrés Alberto Canul Novelo, Gonzalo Abelardo Herrera Castilla y Claudia Romanillo Villanueva, en contra del proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el cual quedó registrado bajo el número 451/2021 de su índice. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda debidamente enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista

  3. Principal

    III-Vista la certificación secretarial que antecede y toda vez que mediante oficio número SEADS/1135/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, se comunicó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal, acordó la adscripción del Juez David Pacheco Monroy, como Titular de este Juzgado Federal, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga.Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a estos autos el escrito signado por Roberto Renato Rodriguez Rodriguez, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en estos autos.En mérito a lo anterior, con fundamento en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de garantías en el presente juicio, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, tomando en consideración que el acto reclamado no constituye una resolución de la autoridad responsable en la que haya determinado inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto a la que considera competente, que es el requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial.De tal manera, se reitera, que el acto que reclaman los quejosos, consistente en que el Tribunal responsable continúe conociendo de los controvertidos de origen sin tener la competencia para hacerlo; no es definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que no produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las consecuencias jurídicas del acto reclamado. En tal virtud, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado; ello, en virtud de que, atendiendo al principio de economía procesal y al derecho fundamental de pronta y expedita administración de justicia, toda vez que el auto recurrido se trata de un desechamiento, las constancias que se han de remitir a la Superioridad para la substanciación del recurso interpuesto no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos, los proveídos de veinticinco y veintisiete de octubre del año actual, el auto recurrido, así como su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser enviadas a la Superioridad, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para este momento, no hay actuaciones diversas para resolver. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    III-Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, mediante el cual desahoga la prevención realizada en auto de veinticinco de octubre del año en curso, para los efectos legales conducentes.En tal virtud, se tiene a Roberto Renato Rodríguez Rodríguez, por su propio derecho y en representación de los diversos coagraviados, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad.Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de manera medular:Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, continúa conociendo de los diversos juicios de nulidad que promovieron ante dicha autoridad, no obstante que carece de competencia y debe declinar la misma a favor de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, esta resolutora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, tomando en consideración que el acto reclamado no constituye una resolución de la autoridad responsable en la que haya determinado inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto a la que considera competente, que es el requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Los numerales citados establecen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.""Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y; [.]". Sobre este tópico, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que el juicio de amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable. Ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo.En el caso, como ya se dijo, los quejosos no reclaman del Tribunal responsable una determinación en la que se haya desechado o desestimado un incidente y/o excepción de incompetencia por declinatoria a favor de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en los diversos juicios de nulidad que dicen haber promovido ante tal responsable o cualquier otra resolución en materia de competencia; pues de las manifestaciones que hicieron bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, se advierte que no existe un pronunciamiento por parte de dicha autoridad en ese sentido y el acto que reclaman lo señalan como el hecho de que ésta continúa conociendo de los controvertidos de origen sin tener la competencia para hacerlo. Lo anterior, pone de manifiesto que dicho acto que reclaman los inconformes no constituye una determinación definitiva en la que la autoridad a favor de la cual se declina competencia por declinatoria, la acepta, pues ni siquiera hay un pronunciamiento de incompetencia en ese sentido por parte del Tribunal responsable y, por ende, tampoco hay una resolución de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que haya recaído a una incompetencia declinada en cada uno de los juicios de nulidad de origen. De tal manera, se reitera, que el acto que reclaman los quejosos, consistente en que el Tribunal responsable continúe conociendo de los controvertidos de origen sin tener la competencia para hacerlo; no es definitivo para efectos de la procedencia del juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que no produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las consecuencias jurídicas del acto reclamado. Lo anterior, también se sostiene en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) que dirimió la contradicción de tesis 239/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, materia común. Por tanto, al haber analizado la causal de improcedencia en cuestión, en términos de los artículos 62 y 112 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior tiene sustento por analogía jurídica en la jurisprudencia número I.1o.A. J/4 emitida en la actual Novena Época por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII del mes de mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Finalmente, se levanta la reserva decretada en auto de veintisiete de octubre de este año, en el cual, se tuvo a la parte promovente ofreciendo diversas documentales; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto a las mismas, dados los motivos que se plasmaron en el presente acuerdo. NOTIFÍQUESE.

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