Juan Pablo González Maza
Expediente 1125/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Pablo González Maza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Devuélvase a la referida autoridad responsable el juicio ejecutivo mercantil ******************** que acompañó a su informe justificado, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo respectivo. Una vez hecho lo anterior, como está ordenado en auto de veinte de este mes y año, archívese este expediente.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante el cual transcribe la determinación de catorce de septiembre del año en curso, de la que se advierte que se señaló fecha y hora para la restitución del bien inmueble a la parte codemandada en el juicio de origen, sin que haya lugar a emitir mayor determinación al respecto, toda vez que el dieciséis de agosto del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente expediente y se ordenó el archivo definitivo del presente asunto.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual informa que se admitió el medio de impugnación interpuesto por Agustín Quistián Hernández, Abraham Medina Hernández y Francisco Quistiano Rodríguez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado ejidal del Núcleo Agrario Guadalupe Victoria y su anexo la Cruz, del municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, en contra del auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo, bajo recurso de queja 418/2023 de su índice; de lo que se toma nota para conocimiento.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Marco legal del desechamiento. Precisado lo anterior, este juzgado procede a analizar la demanda de amparo con que se formó el presente expediente, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión del acto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 995/2022, por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad, donde determinó improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó el desahogo de la prueba confesional ofrecida en ese juicio, con apercibimiento para el absolvente de declararlo confeso, en caso de no comparecer sin causa justificada. Calificación de improcedencia. Una vez establecido lo anterior, esta autoridad estima que la demanda de amparo es improcedente, al actualizarse de una manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, de la Ley de Amparo Marco normativo. Dichos numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones tienen sustento por identidad jurídica, en la tesis LXXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 373, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Por su parte, el diverso dispositivo en cita refiere que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Antecedentes del acto La parte quejosa señala, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, a saber: 1. El quejoso es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 995/2022 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad; 2. Seguido en sus trámites el juicio de origen en auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se calificaros las pruebas ofrecidas por las partes; 3. Inconforme con esa determinación el aquí quejoso, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, interpuso recurso de revocación; 4. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad, determinó improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó el desahogo de la prueba confesional ofrecida en ese juicio, con apercibimiento para el absolvente de declararlo confeso, en caso de no comparecer sin causa justificada. Dicha resolución, constituye el acto que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Mercantil de esta ciudad. Caso concreto Como ya se apuntó, en el caso el acto reclamado se hace consistir en la resolución interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 995/2022, por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de esta ciudad, donde determinó improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó el desahogo de la prueba confesional ofrecida en ese juicio, con apercibimiento para el absolvente de declararlo confeso, en caso de no comparecer sin causa justificada. La determinación anterior no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que inciden en el desahogo de pruebas dentro del aludido asunto. Cierto, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica dejar firme el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó el desahogo de la prueba confesional ofrecida en ese juicio, con apercibimiento para el absolvente de declararlo confeso, en caso de no comparecer sin causa justificada; cuestión que, contrario a lo manifestado por el peticionario del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos, pues el declararlo confeso sería solo una consecuencia de su actuar, y en caso de que así sea, será hasta que se dicte sentencia definitiva en el mismo cuando se advierta si esa circunstancia viola derechos sustantivos del quejoso. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, se insiste, atañe a la forma lograr el desahogo de pruebas dentro del juicio natural; empero, no lo da por concluido, ni priva a la parte promovente de bienes o derechos que se controvierten en el expediente en lo principal, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto, ya sea condenando o absolviendo a la parte demandada. Así, en todo caso, los vicios que pudieran haber acontecido con la emisión del acto reclamado, pueden derivar de una violación a las leyes que norman el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III y VII, de la Ley de Amparo. Y conforme a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de la Materia, dichas irregularidades sólo pueden combatirse a través del amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento correspondiente. En consecuencia, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas del quejoso, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, en caso de existir, al no haberse pronunciado la determinación de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable. Por tanto, como ya quedó establecido, el acto reclamado estriba preponderantemente en violaciones al procedimiento, por lo que no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados por la Constitución; así, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anteriormente determinado encuentra apoyo, por las razones que la sustentan, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del libro 7, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, Décima Época. Asimismo, se cita al respecto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, de abril de 1994, Octava Época, con registro digital 205484. Conclusión Por lo anteriormente señalado, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control respectivo.
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