Juan Pablo Garza Galindo

Expediente 1490/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1490/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Pablo Garza Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por Juan Pablo Garza Galindo, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y otras autoridades; en consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno bajo el número 1490/2019-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis a la demanda de amparo y sus anexos, se desprende que Juan Pablo Garza Galindo, siendo parte demandada en el juicio hipotecario 284/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial, acude a la presente vía constitucional reclamando la resolución de diecinueve de noviembre de la presente anualidad, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se aprobó la diligencia de remate y se adjudicó en favor de HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, el inmueble materia de la hipoteca. En tal virtud, este Juzgado de Distrito advierte que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que apruebe o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" De acuerdo con lo dispuesto por este último precepto, cabe decir que para la impugnación de violaciones cometidas durante el procedimiento de remate, es requisito sine qua non que se hagan valer en contra de la última resolución dictada en esa fase, estableciendo la norma que por ella debe entenderse la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Lo anterior significa, en sentido contrario, que no está permitido legalmente promover juicio de amparo en contra de resoluciones que, dictadas en la etapa de remate, no constituyan la última, pues las violaciones que pudieran cometerse en ésta y dejaren sin defensa a la parte quejosa, pueden reclamarse en la misma demanda que se interponga contra la última resolución en dicha fase. Ahora, en el caso concreto, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de diecinueve de noviembre del año en curso, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de doce de agosto de dos mi diecinueve, dictado dentro del juicio hipotecario 284/2016, por el cual se aprobó la diligencia de remate de primera almoneda y se adjudicó en favor de HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, el inmueble materia de la hipoteca; por tanto, resulta axiomático que el acto reclamado se ubica en la fase ejecutiva de remate, sin embargo, dicha resolución no se está en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, pues no se trata de aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega del bien rematado, donde la parte accionante de garantías podrá hacer valer todas las irregularidades que estime se cometieron en esa fase, lo que no se configura en la especie. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial 75/2019, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la sesión privada de siete de agosto de dos mil diecinueve, que a la letra dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con los diversos ordinales 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Garza Galindo Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jerónimo Galván García, quien tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Dolores del Carmen Medrano Velasco, en virtud de no tener su cedula registrada en dicho sistema. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y el diverso 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan al Actuario de la adscripción días y horas inhábiles para la práctica de la presente notificación, así como para las subsecuentes que resulten necesarias en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma José Luis González Arredondo, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.

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