Juan Pablo Galvan Perez

Expediente 69/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
69/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Pablo Galvan Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Declaración de estado Se tiene a la vista el estado procesal de autos y la primera certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso el recurso de queja en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por lo tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo vigente; y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Archivo del asunto. Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar archívese el asunto como concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Por otra parte, se valora que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículos décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VISTO. POR NO ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA, A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL CITATORIO QUE SE DEJO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; POR LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y POR LISTA EN LA PAGINA ELECTRONICA http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 29 Y 30 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFIQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado ********* en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que acompaña el expediente original *********, de su índice, en el cual obra agregada la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho y seis copias de la misma; asimismo, se observa que mediante resolución de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dicho tribunal oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa; consecuentemente, este juzgado federal, se avoca al conocimiento del asunto, remítase el acuse de recibo de estilo en los términos que lo solicita; y al respecto se provee: Vista la demanda de amparo signada por **********, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Valle de México Sur Subgerencia de Ingeniería de Servicios al Cliente de la Comisión Federal de Electricidad, División Valle de México, Sur Zona Lomas, Departamento de Procesos Comerciales Dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, y División Valle de México, Sur Zona Lomas, Departamento de Procesos Comerciales dependiente de la Comisión Federal de Electricidad; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 69/2018. Pronunciamiento respecto de la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, el numeral 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama expresamente: "V. ACTO RECLAMADO. Los actos reclamados son los que se mencionan a continuación en orden cronológico. 5°.- Con fecha 25 de julio de 2018, le fue notificad a una persona que presta los servicios domésticos en el domicilio que colinda con mi departamento, la Orden de Revisión número **********, mismo que se transcribe a continuación: "Orden de Revisión numero: ********* Ciudad de México, a 25 de Julio del 2018.Nombre Del Usuario: *********Número de Servicio: ********* Domicilio: ********* Número de Medidor: Estimado Usuario: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, con fecha 25 de Julio de 2018 se procederá a revisar en el domicilio señalado al rubro los equipos o instrumentos de medición instalados en el inmueble cuyo domicilio se señala en el presente, la cual se realizará de las 14:50 horas a las 15:10 horas, con el objetos de asegurar que los equipos o instrumentos de dedición se ajusten a la exactitud establecida en la norma oficial mexicana, norma mexicana o en la norma internacional aplicable. La revisión será realizada por conducto del C.***********, quien presentara su credencial vigente *********. La presente orden de revisión, se emite en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo primero, fracción I, del acuerdo numero CADIST-07/2016, Asignación de Funciones a CFE Distribución hasta en tanto se expide su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016. Atentamente Ing. *********** Jefe de Departamento de Medición, Conexión y Servicios. Persona que recibe la notificación:_________________:______ Nombre: ___________________________________________ En cuanto: (dueño, representante legal, cliente, usuario etc.) Fecha: 25 de Julio 2018_______________________________ Hora: 14:55_________________________________________ Firma: _____________________________________________ Razón: (señalar en este aparato las causas por las cuales la persona se negó a firmar) no firma debido a que comenta que es empleada domestica mujer estatura media, cabello negro morena". 6°.- Con fecha 26 de julio de 2018, se presento en el domicilio mencionado de **********, en la Colonia ***********, Delegación ********* de esta Ciudad de México, Código Postal *********, la persona que manifestó tener el nombre de *********, a revisar en el domicilio señalado, los equipos o instrumentos de medición instalados en el inmueble, mismos que ya fueron mencionados. 7°.- El sujeto mencionado en el punto anterior, levantó o llevó a cabo el levantamiento de un documento denominado Constancia de Revisión y Prueba numero *********, mismo que realizo el día 26 de julio de 2018 a las 15:00 horas y el cual se reproduce a continuación: "Orden de Revisión numero: ********* Ciudad de México, a 26 de Julio del 2018. Nombre Del Usuario: ********* Número de Servicio: ********* Domicilio: *********Número de Medidor: ********* Estimado Usuario: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, con fecha 26 de Julio de 2018 se procederá a revisar en el domicilio señalado al rubro los equipos o instrumentos de medición instalados en el inmueble cuyo domicilio se señala en el presente, la cual se realizará de las 13:20 horas a las 18:00 horas, con el objetos de asegurar que los equipos o instrumentos de dedición se ajusten a la exactitud establecida en la norma oficial mexicana, norma mexicana o en la norma internacional aplicable. La revisión será realizada por conducto del C. *********, quien presentara su credencial vigente *********. La presente orden de revisión, se emite en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo primero, fracción I, del acuerdo numero *********, Asignación de Funciones a CFE Distribución hasta en tanto se expide su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016. Atentamente Ing. ********* Jefe de Departamento de Medición, Conexión y Servicios. Persona que recibe la notificación: ________________________ Nombre: *********________________________ En cuanto: (dueño, representante legal, cliente, usuario etc.) Fecha: ______________________________________________ Hora:________________________________________________ Firma: ______________________________________________ Razón: (señalar en este aparato las causas por las cuales la persona se negó a firmar) ______________________________ El último acto reclamado es el siguiente: 8° .- Con fecha 05 Octubre de 2018 se presentó en mi domicilio de ********* en la Colonia *********, Delegación ********* de esta Ciudad de México, Código Postal *********, una persona que dijo ser trabajador del Servicio Postal Mexicano a efecto de hacer entrega del documento de fecha 28 de septiembre de 2018 y que en el margen superior izquierdo tiene los siguientes datos: N° de Ajuste: ********* Oficio N° ********* y está firmado por el Licenciado ********** Encargado del Departamento Comercial E. F. Zona las Lomas. División Valle de México Sur. Es conveniente hacer notar que el mencionado documento, nunca me fue notificado personalmente, sino que me fue entregado por un vecino." Asimismo, en desahogo a la prevención de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, reiteró que el único acto reclamado era el oficio ********** de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, atribuible al encargado del Departamento Comercial E.F. Zona las Lomas, División Valle de México Sur. En ese contexto de constancias se advierte que el inmueble de referencia a través de un contrato de naturaleza mercantil consumía energía eléctrica, no obstante, era irregular, por lo que se le realizó un ajuste de facturación y requirió al quejoso el pago de la cantidad referida. Acto del que se duele pues refiere que no incurrió en alguna irregularidad. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal". Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la citada legislación señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso concreto, de los actos reclamados y de los anexos que exhibe, así como de su escrito de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que la parte quejosa impugna de manera sustancial, la orden de revisión *********, de veinticinco de julio del año que transcurre; la diversa *********, de veintiséis de julio de dos mil dieciocho; así como el No. de ajuste *********, del oficio *********, atribuible al Encargado del Departamento Comercial E.F. Zona Lomas División del Valle de México Sur, del Departamento de Procesos Comerciales del Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad. Ello en virtud que se le determinó un valor de energía eléctrica consumida y no pagada a la Comisión Federal de Electricidad, por un periodo de consumo comprendido del 18 de enero de 2012 al 31 de julio de 2018, por la cantidad de $********* *********), respecto del inmueble ubicado en *********en el que se presta el servicio de energía eléctrica con el número de servicio ********* derivado del contrato de suministro de energía eléctrica que tiene celebrado *********con la empresa productiva del Estado *********, son de naturaleza mercantil. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación al 1° fracción I y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que los actos reclamados no son de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ya que su naturaleza es mercantil; ello, puesto que la responsable actuó en un plano de coordinación con el impetrante, al derivar su relación con la que refiere como autoridad responsable, de un contrato de suministro de energía eléctrica. Para demostrar lo anterior, es preciso puntualizar los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Para una mejor comprensión de lo anterior, debe partirse, además, del concepto de autoridad para los efectos del amparo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, consultable en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUÉLLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, también se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el particular, cabe afirmar que la relación jurídica entablada con motivo de los actos reclamados, consistentes en la orden de revisión *********, de veinticinco de julio del año que transcurre; la diversa *********, de veintiséis de julio de dos mil dieciocho; así como el No. de ajuste *********, del oficio *********, atribuible al *********, del Departamento de Procesos Comerciales del Suministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, respecto del inmueble ubicado en *********, en esta ciudad, efectuados por la responsable, desde el punto de vista de los tipos de relación, se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea del "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. En esas condiciones, toda vez que los actos reclamados por la sociedad mercantil promovente están directamente relacionados con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica celebrado entre la propia quejosa y Comisión Federal de Electricidad, lo que revela que es de naturaleza materialmente mercantil. En este sentido, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre el solicitante de amparo y la autoridad responsable; en consecuencia, la controversia que plantea la promovente, en todo caso, se debe ventilar en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. Es aplicable a lo expuesto, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 30/2018, cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." De igual manera, cobra especial relevancia la jurisprudencia 156/2017, sustentada de igual manera por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnado en la vía constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con carácter de responsable para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubiera sido emitido en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que la entidad señalada como responsable actuó en carácter de proveedor de un servicio y no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. Por lo antes expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, todos de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, ubicado en *********. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Autorizados Ahora, ténganse como autorizados en términos amplios a ********* por tener registrada su cédula en el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ahora bien, por cuanto hace a *********, si al momento de promover acredita tener registrada su cédula profesional ante dicho registro, se le reconocerá con tal carácter. De no ser así, se le tendrá por autorizado sólo para oír y recibir notificaciones. Fundamento: Artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, en caso de que sean informados de que las partes en el juicio pueden ser emplazados o notificados en domicilios distintos, deberán constituirse en el inmueble que para tal efecto les sea proporcionado. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notificaciones En el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Fundamento: Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, con número de registro 169,843, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Además, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables. Lo anterior es posible debido a que la notificación del diferimiento de la audiencia no está entre las actuaciones que la ley indica que deben ser notificadas personalmente. Este razonamiento también es aplicable a las autoridades señaladas como responsables y al agente del Ministerio Público. La notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. De ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, entonces debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador para esta formalidad, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Fundamento: Artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y los supuestos de la fracción I del mismo artículo, en sentido contrario; y la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), con número de registro 2,002,576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Por otro lado, en caso de que las partes deseen que les sean practicadas notificaciones por vía electrónica, deben solicitarlo expresamente, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 79, 80 y 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello (es decir, realizar la solicitud). También quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Para el acceso a las partes al sistema de consulta correspondiente, la parte que así lo desee deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Transparencia y datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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