Juan Pablo Flores Zendejas
Expediente 1019/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juan Pablo Flores Zendejas
Actuaciones
- Principal
Se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido la resolución mediante la cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; no obstante de haber quedado debidamente notificada de la misma el veintinueve de julio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2°, de esta última legislación en cita, se declara que la resolución de veinticinco de julio de dos mil veintidós ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora bien, como la citada resolución no requiere de ejecución material alguna, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 214 de la ley de la materia; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción, por lo que cumplido el plazo de conservación, deberá ser destruido, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, inciso d), del capítulo Octavo, relativo a los expedientes destruibles, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.
- Principal
se notifica por medio de lista al defensor particular de la parte quejosa de la resolución de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la cual se proveyó: I. Recepción de ocurso. Glósese el escrito signado por Juan Antonio Sánchez Ho -quien se ostenta como defensor particular del quejoso directo Juan Pablo Flores Zendejas- a través del cual da cumplimiento a la prevención de seis de julio pasado y, para tal efecto, manifiesta bajo protesta de decir verdad que "la orden privativa de la libertad que reclamamos en el escrito inicial de demanda tiene su origen en causa penal DIVERSA a la 1049/2022, ésta última ya fue cumplimentada". En tal virtud se tiene al ocursante desahogando la prevención efectuada en los términos antes apuntados. II. Análisis y pronunciamiento de la demanda. Ahora bien, del análisis de la demanda génesis del juicio de amparo al rubro citado, se puede constatar que en ella no obra la firma autógrafa del quejoso directo Juan Pablo Flores Zendejas; sin que se inadvierta que la misma se encuentra signada electrónicamente por Juan Antonio Sánchez Ho, quien se ostenta con el carácter de defensor particular del quejoso directo, precisando en el escrito inicial de demanda, que dicha personalidad la tiene reconocida dentro de la causa penal 1049/2022, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad. Luego entonces, este Juzgado Federal procede a analizar la demanda de amparo para determinar la procedencia de su admisión o no; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. El artículo 113 de la Ley de Amparo señala: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable la desechará de plano." Tal precepto legal dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. Al respecto, es aplicable la tesis Jurisprudencial I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, del Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Bajo ese contexto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de un defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; (.)". Del texto del primero de los preceptos antes transcritos, se advierte que además de las causas de improcedencia consagradas en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pueden actualizarse aquellas que resultan de alguna disposición de la ley; mientras que de la segunda y tercera disposiciones legales previamente reproducidas, se advierte que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Por otra parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo establece que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo que implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular, esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. Lo anteriormente expuesto es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, se restablezca el orden constitucional afectado ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de la materia, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o, al haberlo presentado por medios electrónicos, la evidencia criptográfica del mismo. Así pues, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que es a través de la firma que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Luego, en el caso concreto, en el proemio de la demanda de amparo el ocursante Juan Antonio Sánchez Ho refiere que promueve la demanda que nos ocupa en su carácter de defensor particular del quejoso directo Juan Pablo Flores Zendejas, siendo el inicialmente citado quien firma electrónicamente la demanda en estudio. Empero, si bien es cierto el artículo 14 de la Ley de la materia, establece que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal, bastará con que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter; cierto es también que tal circunstancia se encuentra supeditada, en el caso que nos atañe, a que los actos reclamados tengan su génesis en la causa penal 1049/2022, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, toda vez que es en dicho proceso donde el promovente Juan Antonio Sánchez Ho señala que tiene reconocida dicha personalidad. Luego entonces, si en su ocurso de cuenta, el solicitante del amparo Juan Antonio Sánchez Ho manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la orden privativa de la libertad que reclama en la presente instancia judicial en favor de Juan Pablo Flores Zendejas, tiene su origen en una causa penal diversa a la 1049/2022 antes mencionada, resulta inconcuso que no puede tenérsele por reconocida la personalidad con la que se ostenta, pues los actos reclamados derivan de un proceso penal distinto a aquél en que sostiene tener reconocida la misma. En ese sentido, tomando en consideración que la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, es indubitable que sin ella no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, por ende, no se acredita la voluntad del quejoso directo. Lo anterior es así, ya que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda; de ahí, que resulta indispensable que conste la firma de quien solicita la protección y el amparo de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página trescientos tres, Tomo XV-II, Febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto, siguientes: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Tomo VII, Enero de 1991, página 210, Octava Época, registro digital: 223810, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no se ha promovido legalmente el juicio de garantías." Bajo esas circunstancias, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma autógrafa del quejoso directo) no puede corregirse mediante prevención, por no ser una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa del quejoso directo Juan Pablo Flores Zendejas, no puede decirse que exista voluntad de aquél de ejercitar la acción de amparo. De esta forma, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 6, ambos de la Ley de Amparo; y al ser una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Juan Antonio Sánchez Ho. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO que promueve Juan Antonio Sánchez Ho, quien se ostenta con el carácter de defensor particular de Juan Pablo Flores Zendejas, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, residente en esta ciudad.
- Principal
Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en Gómez Palacio, Durango; hace diversas manifestaciones; virtud que mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, causó estado el auto por el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia y se ordenó el archivo del mismo, lo anterior para los efectos a que haya lugar.
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