Juan Pablo Flores Martínez

Expediente 802/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
802/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Responsable de la Agencia del Ministerio Público, Naucalpan de Juárez
  • Juan Pablo Flores Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veinte de agosto de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ***************************, por derecho propio, contra actos del Agencia del Ministerio Público y otra autoridad; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 802/2021-III. En este asunto el quejoso señala como actos reclamados la orden de comparecencia, presentación, detención y/o citación girada en su contra, así como su ejecución. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido de los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que el trece de agosto de este año, se presentaron en su domicilio personas que se ostentaron como agentes de la policía de investigación, preguntando por él, haciendo referencia que el motivo de su presencia era para cumplimentar una orden de aprehensión, comparecencia, presentación y/o detención dictada en su contra, personas que nunca se identificaron ni mostraron a la persona que atendió un documento que acreditara la legalidad de su presencia. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación al quejoso, puesto que no señala de manera concreta elementos objetivos que acrediten su dicho, puesto que es omiso en precisar el nombre de la persona que atendió en su domicilio a los policías, aunado al hecho de que refiere que dichos elementos se ostentaron como policías de investigación, sin indicar por que llegó a esa conclusión, para afirmar que pertenecen a determinada corporación, además de que en la especie no mostraron alguna orden o documento a la persona que afirma le informó el evento que narra. De esta forma es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que él haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial, ya que se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado Federal. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones personales que así lo ameriten. Se tienen por autorizadas a las personas que se mencionan para los efectos que se precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Citatorio. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el auto del veinte de agosto de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ***************************, por derecho propio, contra actos del Agencia del Ministerio Público y otra autoridad; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 802/2021-III. En este asunto el quejoso señala como actos reclamados la orden de comparecencia, presentación, detención y/o citación girada en su contra, así como su ejecución. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido de los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que el trece de agosto de este año, se presentaron en su domicilio personas que se ostentaron como agentes de la policía de investigación, preguntando por él, haciendo referencia que el motivo de su presencia era para cumplimentar una orden de aprehensión, comparecencia, presentación y/o detención dictada en su contra, personas que nunca se identificaron ni mostraron a la persona que atendió un documento que acreditara la legalidad de su presencia. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación al quejoso, puesto que no señala de manera concreta elementos objetivos que acrediten su dicho, puesto que es omiso en precisar el nombre de la persona que atendió en su domicilio a los policías, aunado al hecho de que refiere que dichos elementos se ostentaron como policías de investigación, sin indicar por que llegó a esa conclusión, para afirmar que pertenecen a determinada corporación, además de que en la especie no mostraron alguna orden o documento a la persona que afirma le informó el evento que narra. De esta forma es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que él haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial, ya que se encuentra dentro de la residencia de este Juzgado Federal. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones personales que así lo ameriten. Se tienen por autorizadas a las personas que se mencionan para los efectos que se precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

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