Juan Pablo Figueroa Gasque
Expediente 279/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Pablo Figueroa Gasque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente; archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno se concedió la suspensión provisional y por resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la sentencia interlocutoria que resolvió la suspensión definitiva. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido y signado por la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el A.R 295/2021 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada por este juzgado; asimismo, devuelve el expediente original del presente juicio de amparo 279/2021-II, dos cuaderno auxiliares; ejecutoria de la que aparece que el citado cuerpo colegiado confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Acúsese recibo. Hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes y de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita. Se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en sentencia firmada el diez de agosto de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente juicio de amparo; siendo que dicha resolución fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, en el A.R. 295/2021; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Se dispone desglosar del cuaderno auxiliar de este juicio de amparo, las copias certificadas remitidas por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, como justificación de sus actos, para devolverla a dicha autoridad, dejando constancia alusiva al respecto en autos y solicitando el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Se agrega para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por Carlos Alberto Arceo Arjona autorizado en términos amplios del quejoso Juan Pablo Figueroa Gasque, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el diez de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 279/2021-II. En tal virtud, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se agrega a estos autos una copia del memorial de cuenta y distribúyanse las demás entre las partes. Oportunamente remítase el original de dicho ocurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que la citada Superioridad acuerde lo que legalmente proceda, así como la copia destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado. Con transcripción de este acuerdo, gírese atento oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el que deberá remitirse a su correo institucional, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia médica del titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 279/2021-II, promovido por Juan Pablo Figueroa Gasque, en contra del acto que reclama al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, por estimarlos violatorio de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Juan Pablo Figueroa Gasque solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, de la Directora y Registradora ambos de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, el acto siguiente: - El acuerdo dictado por el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio extraordinario de arrendamiento 622/20214 de la toma de razón de embargo por la cantidad de un millón quinientos cincuenta y dos mil pesos sin centavos moneda nacional, sobre las acciones o capital social fijo de la demandada, Servicio Yucatanense, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y la ejecución ordenada al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Tercero. Actos existentes. La Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su respectivo informe justificado manifestó la certeza del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las constancias remitidas por dicha autoridad, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por lo que los actos atribuidos se consideran existentes. Sin que se soslaye la manifestación de la Registradora y de la Directora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en el que del contenido de sus informes justificados, niegan la existencia del acto reclamado; sin embargo, del análisis integral del acto verdaderamente reclamado y de las constancias adjuntas al informe rendido por la autoridad ordenadora, se desvirtúa la negativa y se corrobora su existencia. Cuarto. Antecedentes. De las constancias en consulta, remitidas por las autoridades responsables, valoradas previamente, se desprende que los antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1. El once de agosto de dos mil catorce, Beatriz Eugenia Madrigal Ibarguengoitia o Madrigal de Esquivel, promovió juicio extraordinario de arrendamiento, contra Servicio Yucatanense, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de una fracción del tablaje rústico ubicado en Cholul, Yucatán, con número catastral 18541, en el que demandó de las prestaciones siguientes: a) La rescisión o terminación del contrato de arrendamiento de catorce de mayo de dos mil doce, celebrado entre Beatriz Eugenia Madrigal Ibarguengoitia y la demandada, respecto del predio mencionado. b) La desocupación y entrega de la posesión del inmueble en favor de la actora. c) El pago de $66,000.00 (sesenta y seis mil pesos, sin centavos, moneda nacional) que corresponde al saldo de doce mensualidades cubiertas parcialmente, comprendidas en el período de diciembre de dos mil doce a noviembre de dos mil trece. Ajuste anual en proporción al incremento porcentual que haya registrado el índice nacional de precios al consumidor o proporcional al incremento del salario mínimo general vigente en esta ciudad. d) El pago de la renta normal equivalente a $15,500.00 (quince mil quinientos pesos, sin centavos, moneda nacional) a partir de diciembre de dos mil trece, hasta que se declare la rescisión del contrato de arrendamiento base de la acción, más el impuesto al valor agregado. Ajuste anual en proporción al incremento porcentual que haya registrado el índice nacional de precios al consumidor o proporcional al incremento del salario mínimo general vigente en esta ciudad. e) El pago de los intereses legales. f) El pago de daños y perjuicios; y, g) El pago de costas. 2. El catorce de agosto de dos mil catorce, la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió la demanda en la vía propuesta; en consecuencia, ordenó entre otras cosas, correr traslado, requerir a la demandada de pago de las rentas adeudadas, prevenirla para desocupar el inmueble en un plazo de tres meses, con apercibimiento de lanzamiento a su costa, en caso de no hacerlo y emplazarla a juicio. 3. Por escrito de uno de septiembre de dos mil catorce, la persona moral demandada dio contestación al reclamo, por conducto de José Gabriel Figueroa Gasque, en su carácter de gerente general, donde negó que la actora tuviera derecho a las prestaciones reclamadas, y para acreditar su carácter, exhibió el testimonio de la escritura pública número cuatrocientos tres, relativa a la constitución social de Servicio Yucatanense, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, integrada por Hernán, José Gabriel, Juan Pablo y Sebastián, todos de apellidos Figueroa Gasque, y en la que se acordó que el gerente general o quien designare entre los gerentes la asamblea de socios, sería el representante legal, siendo designado con tal carácter, José Gabriel Figueroa Gasque. 4. En acuerdo de once de septiembre de dos mil catorce, se tuvo por reconocido el carácter de quien compareció a juicio y por contestada la demanda instaurada. 5. El siete de octubre de dos mil quince, se emitió sentencia, en la que se declaró procedente el juicio extraordinario de arrendamiento, concluido el contrato base de la acción y su convenio modificatorio, condenó a la desocupación y entrega del inmueble en favor de la actora, así como al pago de diversas prestaciones. 6. Inconforme con dicho fallo, la demandada interpuso apelación, la que se declaró infundada y confirmada la sentencia y, en contra de ésta se promovió juicio de amparo directo, de lo que resultó que fue negada la protección constitucional, por lo que quedó firme la sentencia definitiva condenatoria. 7. Acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el que se ordenó tomar nota del embargo trabado, hasta por la cantidad de un millón quinientos cincuenta y dos mil pesos, sin centavos, moneda nacional, que en concepto de acciones o capital social fijo total, le corresponde a la persona moral Servicio Yucatanense, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con número de folio mercantil electrónico 52425, con fecha de inscripción de dieciséis de enero de dos mil catorce, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Este último acuerdo constituye el acto reclamado. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser esta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. A criterio de quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia de este juicio de amparo, de falta de legitimación, prevista en el artículo 61, fracción fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Los artículos en comento disponen: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: c) Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos. d) Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. De lo anterior, resulta de especial relevancia distinguir la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa, pues la primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; razón por la cual la legitimación ad procesum es un presupuesto procesal que puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. Por su parte, la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, en razón de que ésta consiste en la identidad del quejoso con la persona a cuyo favor está la ley. De tal suerte, que el quejoso estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, aunado a que el mismo deberá ser materia de un ataque por parte del acto de autoridad y además, su afectación debe ser real y actual. En ese marco legal, el juicio de amparo es improcedente cuando el gobernado que insta la protección de la Justicia Federal no acredita a través de los medios de prueba previstos en las leyes, que los actos que reclama afecten la esfera de su interés jurídico o legítimo, esto es, el derecho subjetivo tutelado por una norma objetiva o tampoco exista una afectación derivada del acto de autoridad que se combate o esta no resulte ser real, actual y directa. Por lo que de no aceptarse tal connotación, existiría la posibilidad latente de conceder el amparo por un acto o resolución de autoridad que no irrogue perjuicio al catálogo de derechos fundamentales del solicitante de amparo, lo cual quebrantaría los principios de instancia de parte agraviada y el del agravio personal y directo, inmersos en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 5 y 6 de la Ley de Amparo. Como apoyo de lo anterior, es aplicable la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Luego, de la interpretación de las normas legales transcritas se arriba a la conclusión de que el agravio y el perjuicio constituyen presupuestos de procedencia de la acción constitucional. Además, es destacable que tratándose del juicio de amparo el interés jurídico como noción fundamental, lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado o de un interés legítimo individual o colectivo, que se ve afectado por un acto de autoridad. De ahí que sólo el titular del derecho legítimamente protegible puede acudir ante un órgano de amparo en demanda para que cese esa transgresión. Sentado el contexto legal, se tiene en cuenta que el quejoso de atención promovió este juicio de amparo en su carácter de accionista de Servicio Yucatanense, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el que reclama el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el que, con base en la diligencia de embargo realizada en el juicio extraordinario de arrendamiento 622/2014, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, se ordenó tomar razón de ello, y su ejecución. En esa diligencia se embargó la cantidad de un millón quinientos cincuenta y dos mil pesos sin centavos moneda nacional, en concepto de acciones o capital social fijo total, como propiedad de la persona moral demandada, de la que el quejoso se ostenta como socio y poseedor de una parte social por la cantidad de $388,000.00 (trescientos ochenta y ocho mil pesos sin centavos moneda nacional), equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del capital social de Servicio Yucatanense, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Con la finalidad de acreditar su situación en relación con la persona moral demandada, el quejoso acompañó a la demanda de amparo, el testimonio de la diversa escritura pública número cuatrocientos tres, fechada el primer día de septiembre de dos mil once, correspondiente a la constitución social de Servicio Yucatanense, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, integrada por los socios Hernán, José Gabriel, Juan Pablo y Sebastián, todos de apellidos Figueroa Gasque; además, el diverso instrumento de escritura pública número seis mil quinientos ochenta y tres, de tres de octubre del año dos mil trece, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública número cuarenta y nueve, en ejercicio en el estado de Quintana Roo, que contiene la protocolización del acta de asamblea de socios sobre aumento de capital social, de fecha primero de agosto del año dos mil trece, del que se advierte que en la asamblea respectiva, en los puntos de acuerdo, se estableció en lo conducente, lo siguiente: ".AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. - - - (.) a) Se aprueba la moción de aumentar el capital de la sociedad. - - - b) En consecuencia, aumenta el capital social en un valor de $363,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL) por cada parte social, siendo el aumento del capital en su parte fija por un total de $1'452,000.00 M. N. (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), quedando en consecuencia, cada parte social de la siguiente manera: 1) El señor .; - -- 2) El señor.; - - - 3) El señor JUAN PABLO FIGUEROA GASQUE, con una parte social con valor de $388,000.00 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS SIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de la totalidad del capital social; - - - 4) El señor.; - - - .". De tal manera que con base en ese contexto, se estima que el peticionario de amparo no resiente agravio con los actos reclamados, ya que en primer lugar, dichas actuaciones fueron emitidas y en su caso ejecutadas en contra de la persona moral, demandada en el juicio de origen, Servicio Yucatanense, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, quien además fue emplazada al juicio de origen, dio contestación a la demanda entablada en su contra, ha interpuesto recursos e incluso solicitado el amparo y protección constitucionales, lo que se corrobora de las constancias remitidas por la juez responsable. Y en segundo lugar, la circunstancia de que el quejoso manifieste que es socio accionista de la persona moral demandada, no revela que por esa sola razón, los actos que se determinen en contra de dicha empresa, le irroguen una afectación a su esfera jurídica, pues dicha sociedad es una persona jurídica con personalidad y patrimonio propios. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXXVI/2010 estableció, en términos generales, que la sociedad mercantil es una persona jurídica distinta de los socios que la integran, derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y con fines de especulación comercial. En ese sentido, se invoca el criterio localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: P. XXXVI/2010, Página: 245, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD MERCANTIL. SU CONCEPTO. La Ley General de Sociedades Mercantiles regula las sociedades mexicanas, reconociendo a las siguientes: I. Sociedad en Nombre Colectivo; II. Sociedad en Comandita Simple; III. Sociedad de Responsabilidad Limitada; IV. Sociedad Anónima; V. Sociedad en Comandita por Acciones; y, VI. Sociedad Cooperativa. Sin embargo, no señala lo que debe entenderse por sociedad mercantil, para lo cual es útil acudir a la doctrina y a la definición de sociedad civil contenida en el numeral 2688 del Código Civil Federal, conforme al cual por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Conforme a lo anterior, por exclusión natural de uno de los componentes de la definición legal de sociedad civil se arriba al concepto de sociedad mercantil, a saber, el de la especulación, entendiéndose por ésta la ganancia, beneficio o lucro que se sigue de una actividad. Luego, en términos generales, la sociedad mercantil es la persona jurídica distinta de los socios que la integran derivada del contrato de sociedad, por medio del cual se obligan mutuamente a combinar sus recursos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y con fines de especulación comercial." Énfasis añadido Por lo anterior, se concluye que la sociedad mercantil cuenta con personalidad jurídica distinta de la de los socios, es decir, existe una separación del patrimonio de los socios y el de la sociedad; al respecto, cabe señalar que dicha separación es una necesidad y una garantía para el desarrollo empresarial y comercial, que de esta manera protege aquello que le permite potenciarse y desarrollarse sin interferencias permanentes que afecten los elementos sustanciales y particulares del proceso y de la inversión. Luego, tratándose de sociedades de capitales como la anónima y la de responsabilidad limitada, se tiene el conocimiento de que los socios solo están obligados al pago de sus acciones o aportaciones, es decir, su responsabilidad se constriñe a aquella derivada del pago de su participación social. Esa diferenciación entre la sociedad y sus socios afianza la escisión y segregación de las responsabilidades del accionista frente a la sociedad mercantil a quien se ha otorgado personalidad jurídica propia, ello a fin de incentivar la creación de sociedades mercantiles, como forma de instrumentar la dinámica económica de un Estado, dentro de cánones y conductas lícitas, a efecto de garantizar a terceros y a los propios accionistas que esa independencia y autonomía les permita su participación, sin afectar sus personales y propios intereses. Sirve de apoyo a tal consideración, la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia(s): Civil, Tesis: I.5o.C.68 C (10a.), Página: 1747, de rubro y texto siguientes: "VELO CORPORATIVO. ES UNA GARANTÍA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ÁMBITOS INTERNO Y EXTERNO DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL, QUE CONTRIBUYE AL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PERSONALIDADES. En lo interno hay quienes definen el velo corporativo como la separación del patrimonio y de la responsabilidad de los socios de los de la sociedad. Con el velo corporativo el mundo interno de la empresa se resguarda sólo para quienes, por los estatutos o por decisión de las asambleas societarias, lo determinan. Sin duda, el velo corporativo es una necesidad y una garantía para el desarrollo empresarial y comercial que de esta manera protege aquello especial que le permite potenciarse y desarrollarse sin interferencias permanentes que afecten los elementos sustanciales y particulares del proceso y de la inversión. Tratándose de sociedades de capitales como la anónima y la de responsabilidad limitada, es conocido que los socios tan sólo están obligados al pago de sus acciones o aportaciones, es decir, su responsabilidad se constriñe a aquella derivada del pago de su participación social, únicamente. Por ello, en estricto derecho no serán los socios responsables por las deudas de la sociedad, ni por la responsabilidad que a ésta resulte por las obligaciones contraídas, ni por los actos ilícitos en que se vea envuelta. Esa diferenciación entre la sociedad y sus socios afianza la escisión y segregación de las responsabilidades del accionista frente a la sociedad mercantil a quien, de normal, se ha otorgado personalidad jurídica propia, ello a fin de incentivar la creación de sociedades mercantiles, como forma de instrumentar la dinámica económica de un Estado, dentro de cánones y conductas lícitas y a efectos de garantizar a terceros y a los propios accionistas que esa independencia y autonomía le permita una participación sin afectar sus personales y propios intereses. Así, podría darse la hipótesis de las personas que deciden formar una sociedad con la única intención de limitar su responsabilidad y sucederá que en tales negocios aparecerá un socio con participación mayoritaria, en la generalidad de los casos con propiedad del capital social de manera casi absoluta y tan sólo figurará otra persona como accionista de un porcentaje mínimo, a fin de auxiliar al otro a cumplir con el requisito legal, del mínimo de integrantes para formar la sociedad." Énfasis añadido Ahora bien, de conformidad con los artículos 111 y 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles , la acción es la parte alícuota del capital social representada en un título de crédito que atribuye a su tenedor legítimo la condición de socio, así como la posibilidad de ejercitar los derechos que de ella emanan y de transmitir dicha condición a favor de terceros. Por tanto, la sociedad mercantil, en términos generales, es la persona jurídica distinta de los socios que la integran, que surge del contrato de sociedad, por medio del cual aquéllos se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y con fines de especulación comercial. No obstante lo anterior, como se ha expuesto, el capital social no debe confundirse con el patrimonio de la sociedad, pues aquél es la suma de las aportaciones de los socios, mientras que este último es la suma de los valores de contenido económico de que es titular la sociedad. Ahora bien, en las sociedades capitalistas los socios están obligados al pago de sus aportaciones y el capital social constituye la suma de responsabilidades de éstos; por ende, la función primordial del capital social es servir de garantía a todos los acreedores y a aquéllos con quienes contrata la sociedad, lo cual motiva que la Ley General de Sociedades Mercantiles subordine su integración, permanencia y modificación a una variada gama de normas de protección conocidas doctrinalmente como Principios del Capital Social. Dichos argumentos encuentran sustento en las siguientes consideraciones, emitidas por el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 233/2009: "(.) De esta forma, la sociedad mercantil, en términos generales, es la persona jurídica distinta de los socios que la integran que surge del contrato de sociedad, por medio del cual aquéllos se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico con fines de especulación comercial. (.) El capital social no debe confundirse con el patrimonio de la sociedad, pues aquél es la suma de las aportaciones de los socios, mientras que este último es la suma de los valores de contenido económico de que es titular la sociedad. Es decir, el capital social forma parte del patrimonio de la sociedad y es consecuencia de la existencia de la personalidad jurídica de ésta, mientras que el patrimonio es un atributo de la persona jurídico colectiva (conjunto de bienes, derechos y obligaciones), que puede aumentar o disminuir según las actividades de la empresa y no necesariamente debe coincidir con el capital social. Los indicados conceptos sólo coinciden al momento de la fundación de la sociedad, puesto que una vez iniciadas las operaciones, el patrimonio puede sufrir incrementos o decrementos, mientras que el capital social permanece inmutable. En las sociedades capitalista o intuiti pecuniae los socios están obligados al pago de sus aportaciones y el capital social constituye la suma de responsabilidades de éstos, por ende, la función primordial del capital social es servir de garantía a todos los acreedores y aquellos con quienes contrata la sociedad (aunque por agilidad se prefiera considerar a los activos de la sociedad como garantía) lo cual motiva que la Ley General de Sociedades Mercantiles subordine su integración, permanencia y modificación a una variada gama de normas de protección conocidas doctrinalmente como Principios del Capital Social a los que más adelante se hará mención. (.) De lo anteriormente desarrollado, se advierte que el capital social es un elemento de existencia jurídica de las sociedades mercantiles, representa el valor correspondiente a la suma de aportaciones de los socios, este capital debe ser constante, inmutable y único; (.)." Énfasis añadido Así, de ese contexto se puede concluir que la personalidad de la sociedad es distinta a la de los socios, la cual tiene un patrimonio diverso al de los mismos; por tanto, en esa medida, el patrimonio de los socios con el de la sociedad no coexiste, sino que es diferente. Asimismo, tenemos que el capital social es la suma de las aportaciones de los socios y es consecuencia de la existencia de la personalidad jurídica de la sociedad. Luego, las aportaciones son erogaciones realizadas por los socios para que la sociedad realice sus fines, por lo cual reciben a cambio derechos retributivos por medio de acciones a su favor, las cuales son de su propiedad y no de la sociedad. Asimismo, se tiene que la función primordial del capital social es servir de garantía a todos los acreedores y aquellos con quienes contrata la sociedad. En este orden de ideas, en el presente asunto el embargo recayó sobre el capital social de la empresa demandada, el cual no forma parte del patrimonio de los socios y tiene como función primaria responder de los créditos de la sociedad a favor de sus acreedores. Además, que embargar el capital social de una empresa, no conlleva implícitamente afectación a los socios, pues de estimarlo así, implicaría que la persona moral no tuviese personalidad propia y que el capital social fuese propiedad de los socios y no de la sociedad, lo que no es así. Entonces, si bien es cierto que el capital social es la cifra expresada en términos monetarios en que se estima la totalidad de las aportaciones de los socios, las cuales se representan en acciones y guardan una relación intrínseca con el capital social, también lo es que el embargo de éste, no recae sobre el título de crédito que atribuye a su tenedor como legítimo socio, es decir, sobre la acción propiamente, sino sobre el monto aportado por éste para que la sociedad exista jurídicamente, mismo que deja de ser parte del patrimonio del socio. Al caso, resulta relevante establecer que la acción, como parte alícuota del capital social, tiene como finalidad representar en dinero, la contrapartida de las aportaciones patrimoniales efectivas realizadas por los socios, las cuales son documentos constitutivos de derechos y obligaciones; por ende, al efectuarse el embargo del capital social no recae sobre las acciones, puesto que éstas si bien guardan relación con el capital social, no constituyen éste, aunado a que son propiedad de los socios. Tan cierto es lo anterior, que las acciones no pueden formar parte del patrimonio de la sociedad, esto es, las sociedades mercantiles no pueden adquirir sus acciones; prohibición que tiene fundamento en varias razones prácticas y descansa en la estructura del capital social, ya que si la sociedad compra sus acciones las paga con su patrimonio social, con lo que se perjudica a terceros porque disminuye la garantía que el patrimonio representa. Por lo que de lo expuesto, se corrobora que los actos reclamados por el quejoso no inciden en la afectación de sus prerrogativas en forma real y actual, dada la personalidad y patrimonio diverso de la sociedad respecto de la cual se trabó el embargo de atención, revelándose así que no existe un acto de autoridad que produzca agravio actual y real que incida en la esfera jurídica del peticionario. Ante las consideraciones que anteceden, es que no resulta aplicable al caso, la tesis invocada por el quejoso, de registro digital: 2010900, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Tesis: I.9o.C.28 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3317, Tipo: Aislada, de rubro: "EMBARGO EN BIENES DEL SOCIO COMO MEDIDA PRECAUTORIA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN SU CONTRA EN EL AUTO ADMISORIO DE DEMANDA ENTABLADA POR OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD (INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES)", ya que el criterio analiza el caso del embargo de bienes del socio, lo que no ocurrió en el juicio de origen del acto reclamado en el presente asunto. De lo anterior, al actualizarse la referida causa de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En esas condiciones, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de las cuestiones de fondo. El sobreseimiento de que se trata, se hace extensivo al acto de ejecución igualmente reclamado a las autoridades ejecutoras, en razón de que el mismo no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender del reclamado a la autoridad ordenadora. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Pablo Figueroa Gasque, en contra del acto que reclama al Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.
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