Juan Pablo Esteva Sunderland
Expediente 634/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Pablo Esteva Sunderland
Actuaciones
- Principal
LEÓN, GUANAJUATO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. I. SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. II. DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN Y ARCHIVO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN APROBADO EL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, SE DETERMINA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES, YA QUE: SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. HÁGASE ANOTACIÓN DE ARCHIVO Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
León, Guanajuato, seis de agosto de dos mil dieciocho. Quejoso. Juan Pablo Esteva Sunderland. II. Autoridad responsable. Delegada del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Ocampo, Guanajuato. III. Registro en libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 634/2018-IV, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. En efecto, el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del Trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Como puede observarse, el juicio de amparo es procedente contra actos definitivos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, fuera de juicio o después de concluido; serán actos definitivos aquellos en contra los cuales ya fueron agotados los recursos que con arreglo a la ley aplicable al caso concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto no sea definitivo, es decir, cuando no se agotó en su contra, el recurso ordinario que proceda, dado que a través de dicho medio de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado. El principio de definitividad rector del juicio de amparo debe cumplirse previo a promover el juicio de amparo y consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones previstas. Cabe precisar, que el recurso, juicio o medio de defensa que debe tener a su alcance el gobernado, para impugnar una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, debe ser el idóneo y procedente para revocar, nulificar o modificar el acto o la determinación impugnada. En ese sentido, los artículos 438 y 439 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, conforme a la cual se dictó la resolución reclamada y que regulan lo relativo al recurso de reclamación textualmente disponen: "Artículo 438. Cuando no esté satisfecha la reparación del daño, quien tenga derecho a esa reparación, podrá reclamar jurisdiccionalmente las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o las resoluciones de esa autoridad que se traduzcan genéricamente en reserva de la investigación, suspensión del procedimiento, no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Artículo 439. Las omisiones y actos reclamables del Ministerio Público, son entre otros, los siguientes: I. El rechazo definitivo a actos de investigación que le hayan sido solicitados tendientes a esclarecer los hechos; II. La decisión ministerial en la que se decrete la reserva de la investigación preliminar; III. La determinación de no ejercicio de la acción penal; IV. La decisión de no formular la acusación; V. La aplicación de un criterio de oportunidad; VI. La solicitud de sobreseimiento regulada en el artículo 288, párrafo segundo, fracción I; y VII. La solicitud del Ministerio Público para que se suspenda condicionalmente el proceso, prevista en el artículo 152, fracción V; y la solicitud de suspensión a que se refiere el artículo 288, fracción II.." De la interpretación de los numerales transcritos, se desprende que en las carpetas de investigación es procedente el recurso de reclamación en contra de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, del cual conocerá el juez de control competente. Medio de impugnación que resulta eficaz para revocar la determinación de no ejercicio de la acción penal impugnada. En el caso, el acto reclamado a la Delegada del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Ocampo, Guanajuato, se hizo consistir en la resolución dictada el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, a través de la cual determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 3756/2012. Resolución que fue dictada conforme a lo dispuesto por la ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dentro del juicio de amparo 157/2018-II, fue anexa por la autoridad responsable. Misma que de conformidad con lo dispuesto por los normativos examinados, puede ser revocada a través del recurso de reclamación del que conocerá el juez de control correspondiente, sin que de las constancias allegadas al presente juicio de amparo se advierta que el quejoso lo haya hecho valer; por tanto, el acto reclamado no es definitivo y no es apto para su estudio constitucional. En ese orden de ideas, es evidente que antes de promover el presente juicio en contra del acto reclamado, el quejoso tenía la carga de agotar el recurso de reclamación, ante el Juez de control correspondiente y, al no haberlo hecho, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste resulta improcedente. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, ni se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, ni el peticionario del amparo es tercero extraño a la averiguación previa de origen, sino parte denunciante. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 114/2000, consultable en la página 5, Tomo XII, Octubre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Penal, Novena Época, de texto y rubro: "ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA EN LEY LA VÍA JURISDICCIONAL DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA, PARA RECLAMAR LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). De la reforma al citado precepto constitucional, que entró en vigor el 1o. de enero de 1995, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte el reconocimiento en favor del querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de ésta o del legalmente interesado, del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, coetáneo del derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos, lo que se traduce en el nacimiento de una garantía individual, cuyo respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario, en los diferentes fueros, emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar por la vía jurisdiccional ordinaria las determinaciones de mérito, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, la protección del derecho garantizado es inmediata, ya que, en tal hipótesis, no se requieren medios materiales o legales diferentes de los existentes para que la autoridad cumpla cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, siendo obvio que dentro del sistema constitucional mexicano, el medio para controlar directamente el cumplimiento de esas funciones es el juicio de amparo. Por consiguiente, la ausencia de ordenamientos legales que precisen la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal que pueden ser violatorias de las garantías individuales del ofendido, no impide que tales determinaciones sean reclamadas de modo inmediato y en tanto se expidan las leyes ordinarias, a través del juicio de amparo, dado que al estar regulada la actuación relativa de la representación social por la propia Carta Magna, entre otros de sus preceptos, en los artículos 14 y 16, bien puede y debe examinarse esa actuación en el juicio de garantías, pues arribar a una postura que sobre el particular impida la procedencia de dicho juicio, sería tanto como desconocer la existencia de la mencionada garantía individual y el objetivo y principios que rigen al juicio de amparo, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales. En estas condiciones, debe concluirse que si las determinaciones del aludido representante social sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal pueden implicar la violación de garantías individuales, aquéllas podrán impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser esta vía la que revisa la legalidad del proceso indagatorio de la comisión de ilícitos, además de que desatender la norma constitucional reformada implicaría la inobservancia de los artículos 133 y 136 de la Constitución Federal, siendo que el espíritu del Constituyente Originario se orientó a la prevalencia de los principios de supremacía e inviolabilidad de la Ley Fundamental.". También la jurisprudencia número VI.2º.C.J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, es evidente que se actualiza el motivo de improcedencia establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha la demanda de amparo que ocupa la atención. V. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Laura Estrada Ramírez, Leopoldo Vanda Estrada y Alan Fernando Ramírez Hernández, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral y su correlativo 24 ambos de la ley de la materia a María Luisa Coronel Rugarcía, por no contar con dicho registro. Por otro lado, toda vez que el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen como uno de los requisitos de la demanda de amparo, que el quejoso señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del Juez que conozca del asunto, y en atención a que de la lectura de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Virrey de Mendoza número 212, piso 2, Colonia San Luis de la ciudad de Aguascalientes; en consecuencia, se ordena que la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, se haga por medio de lista que se fija en los estrados del local de este Juzgado de Distrito. VI. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3055/2018 de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, Vicente David Burguet Franco, quien actúa asistido de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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