Juan Pablo Contreras Ventura
Expediente 1192/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juan Pablo Contreras Ventura
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado y documentos anexos rendido por la Jueza del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, en la que señala que es cierto el acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el retardo de impartición de justicia ante la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar sentencia en la causa penal 386/2017. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que el quince de noviembre del año en curso, el Juzgado responsable dictó sentencia en el expediente 386/2017, por lo que se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados por la parte quejosa; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que, conforme a lo dispuesto en el citado numeral, el juicio de amparo es improcedente cuando el efecto del acto reclamado haya cesado antes del dictado de la sentencia de amparo. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal se actualiza cuando el efecto del acto reclamado desaparezca o se destruya inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese sentido, la omisión de la autoridad responsable cesó, puesto que de las constancias remitidas por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán se advierte que, en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (tres de noviembre de dos mil veintidós), dictó sentencia en el expediente de origen Con lo anterior cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues ya fue reparada la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Ello es así, dado que de las constancias remitidas por el Juzgado responsable relativas al juicio 386/2017, se aprecia que en fecha quince de los actuales, el juzgado responsable dictó sentencia. De ahí que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas en el juicio en que se actúa. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación al acto reclamado por la parte quejosa, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de siete de noviembre del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas del siete de diciembre de este año. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a Juan Pablo Contreras Ventura, la suspensión definitiva. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Juan Pablo Contreras Ventura. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Tramítese el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente físico. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL SIETE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita; para lo cual, en su caso, deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir sus informes justificados, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Las constancias que en apoyo a su informe justificado remitan, deberán contener en original folio, rubrica, entre sello y la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia; apercibidas que no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento precisado. VI. Obligación de las autoridades de recibir oficios. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligados a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión. Lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados. En el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. A las autoridades responsables sólo se les notificarán por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en con sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 1253, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. VII. Señalamiento erróneo de la denominación de las autoridades responsables. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, por lo que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de aquéllas que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. VIII. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa improcedencia o de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. IX. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); lo cual les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones vía electrónica. Por lo que el hecho que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. X. Envío electrónico de constancias. Con sustento en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al enviar constancias adjuntas a los informes justificados o escritos, la parte que los envíe, incluidas las autoridades responsables, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento original. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a que se les dará tratamiento de copias simples de los documentos reproducidos. XI. Formas especiales y expeditas de contacto. Se requiere a las partes para que en el plazo de tres días propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. XII. Copias. Se autoriza la expedición de copias a costa de parte interesada, así como el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que requieran del presente expediente, siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o sobre los cuales deba guardarse sigilo. XIII. Tercero interesado. Se reserva proveer lo conducente a la parte tercero interesada, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, o en su caso, las constancias del procedimiento de origen. XIV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. XV. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese.
- Incidental
En Culiacán, Sinaloa, a siete de noviembre de dos mil veintidós. I. Trámite Incidente. Como está ordenado en proveído de la propia fecha y con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese por separado el presente incidente de suspensión. II. Habilitación de días y horas. De conformidad con el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente incidente. III. Audiencia incidental. Se fijan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DE CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para la celebración de la audiencia incidental. IV. Informes previos. En términos de los numerales 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento de su notificación, en el cual deberá expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos a su alcance que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. Apercibidas que de no rendir su informe previo dentro del lapso otorgado, se presumirá cierto el acto reclamado. En el entendido que podrán rendir el informe por cualquier medio de las oficinas públicas de comunicaciones, en cuyo caso no es necesario hacerlo vía ordinaria. V. Negativa de la suspensión. La parte quejosa señala como acto reclamado la inactividad procesal del expediente 386/2017, radicado ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, respecto del cual se niega la suspensión provisional. Ello virtud que el objetivo de la medida cautelar es el de paralizar y detener la acción de las autoridades responsables, mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una omisión o abstención en actuar por parte de las autoridades que se señalan como responsables; por lo que si se concediera la suspensión del acto reclamado, no tendría el efecto de paralizar su ejecución y mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En virtud de lo anterior, como ya se dijo, debe negarse la suspensión provisional del acto que por esta vía se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia I.3O.C.25 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 1468, Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que enseguida se transcribe: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." VI. Domicilio. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo. VII. Copias. Como lo solicita la parte quejosa, expídase copia certificada de esta determinación; recábese el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Alejandro Bringas Aquino, Secretario que da fe.
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