Juan Pablo Cisneros Escudero
Expediente 40/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Pablo Cisneros Escudero
Actuaciones
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con el que remite los autos originales del juicio de amparo 40/2023 del índice de este juzgado, así como copia de la resolución dictada en sesión de treinta de marzo del año actual, dentro del recurso de queja 31/2023, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Juan Pablo Cisneros Escudero, en contra del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, en el amparo indirecto 40/2023." Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa; acúsese recibo a la superioridad. Por consiguiente, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes respectivo, desglosándose del mismo, las copias certificadas con que se formó, toda vez que estas son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil 17/05/24 15:54:47 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.30.9b LUIS ALBERTO GONZALEZ VILLA veinte, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al citado acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, con el que remite los autos originales del juicio de amparo 40/2023 del índice de este juzgado, así como copia de la resolución dictada en sesión de treinta de marzo del año actual, dentro del recurso de queja 31/2023, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Juan Pablo Cisneros Escudero, en contra del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, en el amparo indirecto 40/2023." Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa; acúsese recibo a la superioridad. Por consiguiente, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes respectivo, desglosándose del mismo, las copias certificadas con que se formó, toda vez que estas son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil 17/05/24 15:54:47 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.30.9b LUIS ALBERTO GONZALEZ VILLA veinte, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al citado acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se agrega escrito del autorizado del quejoso mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dos de febrero del año en curso, se rinde el informe relativo a la materia de la queja interpuesta, manifestando la certeza del acto impugnado, cuya legalidad se sostiene por sus propios y legales fundamentos. Remítase el escrito original de interposición del recurso, al Tribunal Colegiado en turno del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente del Comité de Elecciones, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. Formación de expediente y registro Fórmese expediente, físico y electrónico, y regístrese con el número 40/2023, que es el que por orden le corresponde. Desechamiento de demanda Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en el dispositivo 113 de la ley de materia, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por resultar notoria e indudablemente improcedente, tal dispositivo prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y, lo indudable, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Resulta aplicable al particular la jurisprudencia V.2o. J/75, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Agosto de 1993, Página: 77; de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el casoconcreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En la especie, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir substancialmente en: La falta o ilegal emplazamiento al procedimiento de donde derivó la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Comité Electoral 2023 del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Nuevo Laredo, y su notificación; determinación en la que, como miembro o socio activo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Nuevo Laredo -aduce el quejoso- lo dejaron fuera de la contienda electoral como representante de la planilla dos (2), para contender como Secretario General Propietario. Bajo esa perspectiva, como se dijo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que se promueve, porque de su estudio integral se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo (este último interpretado en sentido contrario). El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el numeral 5, fracción II, del referido ordenamiento legal dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Como se advierte, a través de la disposición parcialmente transcrita, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, de la interpretación armónica de los preceptos trascritos se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando las conductas que se reclamen no resultan ser actos de autoridad, sino producto de que varias personas reunidas deciden la formación de un sindicato para la defensa de sus intereses, y aun cuando pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo, porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que por normas generales debe entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados, las leyes de los Estados, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto legislativo, y en contraposición, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley que es general, abstracta e impersonal que permite a los trabajadores formar sindicatos, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros, mas no las reglas que emiten los sindicatos, ya que no son generales, pues sólo se limitan a un cierto número de personas y a un determinado ámbito de aplicación, máxime que no se promulgan por los medios legales para crear normas generales. Así, las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no se encuentran dentro de la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado facultados para ello. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la autoridad laboral, por posible infracción de sus normas internas pero no en la vía de amparo. Esto es así, toda vez que del estudio del escrito inicial de demanda se advierten datos objetivos que ponen de manifiesto que el acto reclamado por el quejoso no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino dentro de una asociación formada con la intención de defender sus intereses (sindicato) y, por tanto, no es susceptible de combatirse en la vía de amparo. Resulta aplicable al caso la Tesis Aislada XXVI.2 A (10a.) sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, consultable en la página 3049 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia(s): Común; de rubro y texto siguientes: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." Del mismo modo es aplicable, por analogía, la Tesis Aislada XVI.1o.T.34 L (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 2524 de la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de rubro y texto siguientes: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." En este contexto, los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo son los que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra-subordinación y no de coordinación como acontece en los sindicatos. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales concretos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Sustenta lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, localizada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, al no tener el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo las señaladas por el quejoso en su escrito de demanda, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo (este último interpretado en sentido contrario), por lo que, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Juan Pablo Cisneros Escudero. Adicional a lo anterior debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación en la jurisprudencia 2a./J.13/2021 (10a), consideró que la facultad que tiene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en términos del artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para verificar que el procedimiento de elección de las directivas de los sindicatos cumpla con los requisitos legales y estatutarios, no contraviene derechos sindicales, de modo que es en otra vía en que el promovente del amparo debe hacer valer sus derechos sindicales. Se cita para ilustración la mencionada jurisprudencia. "CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN REGISTRO LABORAL. LA FACULTAD QUE TIENE DE VERIFICAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LOS SINDICATOS RESPETE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS QUE RIGEN A DICHAS ORGANIZACIONES, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). Hechos: Varios sindicatos promovieron juicios de amparo indirecto en contra del artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, al considerar que la intervención del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en las elecciones de las directivas sindicales constituye una violación al derecho de libertad sindical. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que la facultad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de verificar que el procedimiento de elección de las directivas sindicales cumpla con los requisitos legales y estatutarios para su celebración es constitucional, al tratarse de una medida idónea para garantizar la libertad sindical de los agremiados. Justificación: En el artículo 3 del Convenio Número 87, relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reconoce el derecho de las organizaciones de trabajadores y empleadores para redactar sus propias constituciones y estatutos, así como elegir libremente a sus representantes; asimismo, prohíbe toda intervención de las autoridades públicas que tienda a limitar o impedir el ejercicio de dicho derecho. Al interpretar el precepto mencionado, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la prohibición de intervenir en la elección de las directivas, no implica que la autoridad estatal no tenga la obligación de garantizar la democracia interna de las organizaciones, así como el apego a las normas estatutarias y legales en el desarrollo de las elecciones sindicales. En ese sentido, se advierte que la medida contenida en el artículo 371 Bis de la Ley Federal del Trabajo, respecto a la participación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a solicitud de los dirigentes sindicales, o bien de por lo menos el treinta por ciento (30%) de los afiliados del sindicato, en el auxilio de las organizaciones, a efecto de certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la elección de las directivas sindicales, no constituye una intervención prohibida en el derecho a la elección de los representantes sindicales, pues dicha verificación no implica que la validez de los resultados electorales esté sujeta a la aprobación por parte de la autoridad administrativa, en tanto que la actuación del registrador, como órgano independiente, se limita a la verificación razonable y objetiva de que los resultados correspondan a la voluntad de los agremiados, de acuerdo con los principios de confiabilidad, certeza y legalidad." Autorizados y Acceso a expediente electrónico Ténganse como autorizados de la parte quejosa en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a **** y ***, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior atendiendo a la reforma realizada al precepto antes mencionado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene al promovente, señalando la vía electrónica para la presentación de promociones, consulta de expediente y para oír y recibir notificaciones, por lo que el autorizado para tal efecto está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II del artículo 30 ya citado. Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A", realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario a nombre ****, únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. En otro orden, se le tiene proporcionando el número telefónico 867 712 72 69, para los efectos legales conducentes. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Cynthia González López, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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