Juan Pablo Barajas Martínez

Expediente 767/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
767/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Pablo Barajas Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, tres de septiembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, conforme al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Colima, Colima, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención hecha en el auto de radicación ha fenecido, atento a lo anterior se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el cual la Juez Penal de Primera Instancia residente en Manzanillo, Colima, devuelve sin diligenciar por los motivos que en el mismo se expresan lo actuado en el despacho 197/2021-VII-L, que se remitió a efecto de notificar al promovente * * el proveído de veintinueve de julio del año en curso. Dese de baja la comunicación oficial en cita y acúsese recibo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso, de la Ley de Amparo, realícese por medio de lista, la notificación del proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno y las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la circunscripción o zona conurbana de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * * contra actos del Juez de Control del Tercer Partido Judicial y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 22 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico767/2021-VII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del escrito de demanda se advierte que Juan Pablo Barajas Martínez promueve por derecho propio y en favor de José Isabel Barajas López, en la que solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que enseguida se precisan: "(.) DE LA ORDENADORA RECLAMO: 1.- LA DETENCIÓN ILEGAL, LA DESAPARICIÓN FORZADA, LA INCOMUNICACIÓN, LA TORTURA Y TODO ACTO PROHIBIDO POR EL 22 CONSTITUCIONAL. 2.- ORDEN DE APREHENSIÓN, CAUEO O CUALQUIER ACTO DE MOLESTIA. DE LA EJECUTORA RECLAMO: 1).- LA DETENCIÓN ILEGAL, LA DESAPARICIÓN FORZADA, LA INCOMUNICACIÓN, LA TORTURA Y TODO ACTO PROHIBIDO POR EL 22 CONSTITUCIONAL. 2).- ORDEN DE APREHENSIÓN, CATEO O CUALQUIER ACTO DE MOLESTIA". La anterior transcripción se trae a colación, en virtud de que la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables, actos de los que podrían ser urgentes, de acuerdo al catálogo que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es de señalarse que de los hechos narrados en su demanda de amparo, tanto el promovente Juan Pablo Barajas Martínez como a quien lo promueve en su nombre José Isabel Barajas López, no se encuentran ante la potestad de las autoridades que señalan como responsables, pues de la misma narrativa se acredita que estos se encuentran en libertad y que por consecuencia, no están privados de libertad, ni siendo víctimas del delito de desaparición forzada, la incomunicación y actos de tortura. Asimismo, es de precisarse que ante tal circunstancia es que para que el primero de los nombrados promueva la presente demanda de amparo a favor de José Isabel Barajas López, debe cumplir con lo que señala los artículos 10 y 14 de la Ley de Amparo, mismos que a la letra dice: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión". Lo anterior, porque -se insiste- * * no se encuentra privado de su libertad, circunstancia que no actualiza la excepción para que una diversa persona promueva la demanda de amparo en su nombre. Por otra parte, es de señalarse que en el mismo capítulo de actos reclamados señala como tal, entre otros, la orden de detención; sin embargo, el Juez responsable no está facultado para emitir dicha orden, en tanto que el agente del Ministerio Público no puede librar órdenes de aprehensión. Por último, es de precisarse que si bien el promovente principal señala como actos reclamados los que considera prohibidos del artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que de su capítulo de hechos, comparece a este juicio de amparo realizando manifestaciones a manera de denuncia en virtud de los hechos acaecidos en su domicilio y persona, los cuales posiblemente podrían constituir un delito a su parecer "extorción". No obstante lo anterior, es preciso decirle al promovente * * que por razón de vía y en virtud de que este juzgado federal no es órgano constitucional encargado de la recepción de denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delitos, por lo que debe indicársele que de conformidad a los artículos 48, 50 a 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito no tiene la facultad para recibir denuncia de hechos que aparentemente constituye un ilícito. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tal facultad la tiene el Ministerio Público, el cual conforme a las facultades que le son propias, le corresponde la investigación de los delitos, para lo cual le otorga el control de los policías, para que bajo su conducción y mando ejerciten dicha función. El primer párrafo del precepto citado dispone lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función". Tales aspectos, conllevan a afirmar que este juzgado federal no se encuentra facultado para realizar la investigación correspondiente a los hechos denunciados. En tales condiciones, dígasele al promovente que tiene a su alcance hacer valer el medio de impugnación correspondiente, ante las autoridades competentes. Prevención. Entonces, en vista de que no justifica la personalidad en la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones I, II y III, de la ley, requiérase al promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Exhiba el documento idóneo con el que se acredite la personalidad con la que representa * * toda vez, que la persona a favor de la cual promueve la demanda aún no ha sido objeto de violación a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 22 de la constitución, púes no ha sido detenida, según manifiesta bajo protesta de decir verdad en el tercer párrafo del capítulo de hechos del referido ocurso. Qué precise que acto reclama a cada una de las autoridades responsables, toda vez que en el capítulo respectivo señala como tal, entre otros, las órdenes de detención; sin embargo, el Juez responsable no está facultado para emitir dicha orden, en tanto que el agente del Ministerio Público no puede librar órdenes de aprehensión. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En el entendido de que, la presente aclaración la debe hacer de manera directa el promovente, toda vez que si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Apercibimiento. Se apercibe al promovente que, en caso de incumplir con lo requerido o que lo haga de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 114 de la Ley, se tendrá por no presentada la demanda. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. El presente requerimiento se formula, sin prejuicio de que una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional, analice la competencia y procedencia del juicio. Pronunciamiento respecto a la suspensión de plano. No pasa desapercibido para este juzgador, que el promovente plantea su demanda de amparo en el sentido de que los actos que reclama a la autoridad responsable, es de los considerados como urgentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, del estudio integral de la demanda de amparo, en el capítulo de hechos, -se insiste- tanto el promovente * * como a quien lo promueve en su nombre * * * no se encuentran ante la potestad de las autoridades que señalan como responsables, pues de la misma narrativa se acredita que estos se encuentran en libertad y que por consecuencia, no están privados de libertad, ni siendo víctimas del delito de desaparición forzada, la incomunicación y actos de tortura. Lo que da lugar a que este órgano de control constitucional no provea sobre la suspensión de plano de los actos reclamados, que establecen los artículos 15 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la tesis con número de registro digital: 229397, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: I. 3o. A. J/7, fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis con registro digital: 179731, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: VI.1o.A.19 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1458, Tipo: Aislada, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Domicilio procesal e intervención de autorizados. Toda vez que del escrito de demanda se aprecia que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en * * * en consecuencia, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con los insertos necesarios gírese atento despacho al Juez Penal de Manzanillo, Colima, para que en auxilio y comisión de este juzgado notifique el presente proveído; asimismo, lo requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días contados a partir en que quede debidamente emplazado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Colima, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes que le resulten, aun las de carácter personal se le practicarán por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este tribunal. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a * * toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dicha persona únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.

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