Juan Pablo Alvarado Cortes
Expediente 658/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juan Pablo Alvarado Cortes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por JUAN PABLO ALVARADO CORTES, contra actos de la JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC y Q.F.B. CLARA ANDREA AGUILAR ALONSO, ADSCRITA AL ÁREA DE LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 658/2019 Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por otra parte, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De estas disposiciones se colige, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Y, como el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que aparece publicada en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia o laudo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el expediente de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contrario, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Ahora bien, en el caso, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es la diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, practicada dentro del expediente 675/2017, para la apertura del dictamen de paternidad o prueba para la determinación de perfiles genéticos, realizada en el área de laboratorios del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por la perito señalada como responsable y el quebrantamiento de la cadena de custodia respecto del mencionado dictamen. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado es la diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, efectuada dentro del expediente 675/2017, para la apertura del dictamen de paternidad o prueba para la determinación de perfiles genéticos, realizada en el área de laboratorios del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por la perito señalada como responsable y el quebrantamiento de la cadena de custodia respecto del mencionado dictamen, es evidente que los efectos de tales determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para la emisión de la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juez responsable, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. No ha lugar a tener por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones en virtud de que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; por lo que se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado a fin de que se constituya por esta única ocasión en el domicilio ubicado en Leonarda Gómez Blancos número veintiséis, Acxotla del Río, Totolac, Tlaxcala, y requiera al quejoso para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en que quede debidamente notificado del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Apizaco, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones le serán practicadas en la lista de acuerdos de este tribunal federal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27 Fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Finalmente, en observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente
- Principal
***Vista la demanda de amparo promovida por JUAN PABLO ALVARADO CORTES, contra actos de la JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC y Q.F.B. CLARA ANDREA AGUILAR ALONSO, ADSCRITA AL ÁREA DE LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 658/2019 Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por otra parte, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De estas disposiciones se colige, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Y, como el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que aparece publicada en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia o laudo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el expediente de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contrario, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Ahora bien, en el caso, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es la diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, practicada dentro del expediente 675/2017, para la apertura del dictamen de paternidad o prueba para la determinación de perfiles genéticos, realizada en el área de laboratorios del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por la perito señalada como responsable y el quebrantamiento de la cadena de custodia respecto del mencionado dictamen. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado es la diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, efectuada dentro del expediente 675/2017, para la apertura del dictamen de paternidad o prueba para la determinación de perfiles genéticos, realizada en el área de laboratorios del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por la perito señalada como responsable y el quebrantamiento de la cadena de custodia respecto del mencionado dictamen, es evidente que los efectos de tales determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para la emisión de la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juez responsable, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. No ha lugar a tener por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones en virtud de que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; por lo que se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado a fin de que se constituya por esta única ocasión en el domicilio ubicado en Leonarda Gómez Blancos número veintiséis, Acxotla del Río, Totolac, Tlaxcala, y requiera al quejoso para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en que quede debidamente notificado del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Apizaco, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones le serán practicadas en la lista de acuerdos de este tribunal federal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27 Fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Finalmente, en observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente
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