Juan Pablo Altamira Raygoza
Expediente 698/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan Pablo Altamira Raygoza
Actuaciones
- Principal
Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción...II
- Principal
expídanse a su costa copia simple de las constancias que refiere...II
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, a trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Blanca Esthela Raygoza Mejía, en representación del menor J.P.A.R., respecto de actos reclamados del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 698/2019-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: - Del (1) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La emisión y firma del memorándum de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual instruyó a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, así como a la de Hacienda y Crédito Público, a detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la reforma educativa. - De la (2) Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal: La emisión, ratificación y firma del señalado memorándum, así como todas las consecuencias legales que deriven del mismo. - De las Secretarías de (3) Gobernación, (4) Educación Pública y (5) Hacienda y Crédito Público: Las consecuencias legales que deriven del memorándum reclamado al Presidente. III. Causa de Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, en atención a los actos reclamados y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, este Juzgado Federal advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El artículo 1 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos u omisiones de autoridad e incluso de actos de particulares, cuando éstas vulneren derechos humanos y garantías individuales, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, de la misma ley, se refiere a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo, la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; definiendo además en qué caso se podría considerar a un particular con tal carácter. Por lo que, de la interpretación sistemática de los citados arábigos, se colige que el fundamento de la invocada causa de improcedencia descansa sobre la base de que en el juicio de amparo únicamente pueden analizarse aspectos relacionados con la violación de los derechos de los gobernados a causa de leyes o actos emitidos por quien tenga el carácter de autoridad. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Por tanto, se conserva así en la Ley de Amparo en vigor el concepto jurídico de "autoridad responsable" que sobre dicho concepto normativo ya existía respecto de la abrogada ley, conforme a la jurisprudencia 164/2011, que definió sus aspectos distintivos; misma que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a dicha tesis jurisprudencial, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que tenga características de órgano público; c) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, d) Emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, en el juicio de amparo no podrán analizarse actos que no revistan las características propias para considerar que es de autoridad, dado que para ello existen diversos medios de acción o de defensa ante instancias distintas a los órganos del Poder Judicial de la Federación (cuando funcionan como tribunales de amparo), y al no respetarse lo anterior, ello tiene como consecuencia la improcedencia de la acción constitucional. Conviene invocar, como ilustradora del caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." En el caso, la parte quejosa reclama el memorándum emitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como su ratificación por parte de la Consejería del Ejecutivo Federal y la ejecución de las medidas ordenadas en dicho documento por parte del Secretario de Educación Pública, la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Tal acto, por parte del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una comunicación interna, en ejercicio de su poder de mando, a quienes le son jerárquicamente subordinados, sin generar, por sí misma y hasta este momento, consecuencias jurídicas en los gobernados. Esto es así, en razón de que en el citado memorándum, el titular del Ejecutivo Federal comunica a sus Secretarios subordinados sobre el diagnóstico general de la denominada "reforma educativa" y la calidad de la enseñanza. Asimismo, les informa que no ha sido posible alcanzar acuerdos políticos con los sectores involucrados en la educación en México, comunicándoles además los lineamientos y directrices administrativas, presupuestales y penales que propone, exhortando a los maestros a mantener el dialogo permanente para evitar la confrontación. De ahí que con la emisión del señalado memorándum no se esté creando una norma general, imperativa y abstracta, que imponga restricciones o deberes a los particulares o que condicione el ejercicio de sus derechos, por lo que no se le puede considerar un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque con tal situación no dicta, ordena, ni ejecuta algún acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que le cause perjuicio a la parte quejosa. Y si bien el Presidente, es un servidor público que tiene la facultad de emitir órdenes a los Secretarios de Estado que conforman el gabinete de gobierno de la administración pública federal, a través del medio de comunicación que le parezca más conveniente, como es el caso del memorándum que por esta vía se pretende combatir, el cual constituye una forma de comunicación entre las propias autoridades; empero, por sí mismo no menoscaba los derechos del gobernado, pues no produce, modifican o extingue situaciones jurídicas o de hecho que afecten la esfera jurídica de éste, de ahí que el peticionario no resienta perturbación alguna susceptible de apreciarse objetivamente. Aunado a ello, a través del memorándum de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el Presidente de la República presenta los lineamientos y las directivas que tanto el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Gobernación, en el ámbito de su respectivas competencias, deberán tener como criterios orientadores en el ejercicio pleno de sus funciones como servidores públicos, particularmente en el ámbito de la educación pública y el activismo pacífico político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. Por lo que, si bien es cierto, dicho memorándum fue expedido por el Presidente Constitucional, dicha comunicación es de carácter interno, al no encontrarse publicado en algún medio oficial, tal como lo dispone el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la la tesis I.1o.A.E.150 A (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2724 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Décima Época, registro 2011799, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SU EFICACIA ESTÁ CONDICIONADA A SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y NO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A SUS DESTINATARIOS. Del artículo 9, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se advierte que la eficacia y exigibilidad de los actos administrativos válidos se encuentran condicionadas a su legal notificación al destinatario, sin distinguir expresamente entre los de efectos generales o individuales; sin embargo, en su segundo acápite introduce una hipótesis de excepción, consistente en que la legal notificación de los actos administrativos válidos no determinará su eficacia, si dichas actuaciones se refieren a: a) el otorgamiento de "un beneficio al particular"; o, b) actos de inspección, investigación o vigilancia. Así, la nota distintiva de estos casos, que involucran el otorgamiento de un beneficio o la realización de actos de verificación, es que se dirigen a sujetos individualmente determinados, en tanto que la expresión "al particular" empleada en su redacción, denota un solo sujeto y no una generalidad, de lo cual se colige que dicho precepto se refiere a actos administrativos de efectos individuales o particularizados. Por su parte, el artículo 4 del mismo ordenamiento contiene una disposición complementaria, en el sentido de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación será la condición para que los actos administrativos de carácter general, como los reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que establecen obligaciones específicas en materia de competencia, y cualquier otro tipo de actos de naturaleza análoga, produzcan efectos jurídicos. Por tanto, la eficacia de estos últimos está condicionada a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no a la notificación personal a sus destinatarios." Por lo tanto, el acto que se combate en la presente instancia constitucional es meramente una comunicación interna entre funcionarios públicos, por lo que no se ubica en lo establecido en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I, del artículo 1 de la ley de la materia, y de ahí que se actualiza la causal de improcedencia en cita, al no ser autoridades las que señala el quejoso, para los efectos del juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216 Sexta Parte, página 107, de rubro y texto: "CIRCULARES. CASOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. En términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de actos que no causen perjuicio al quejoso. Se está en presencia de esta hipótesis cuando se reclama una disposición (llámese acuerdo, circular, instructivo o regla de aplicación) dirigida por un órgano superior de la administración, en ejercicio de su poder de mando, a quiénes se encuentran jerárquicamente subordinados a él con el fin de informarles de las normas legales existentes que regulen su actuación, de fijar el régimen interno de las oficinas, de uniformar criterios, de darles a conocer una decisión adoptada en un caso particular, o de recomendarles ciertos comportamientos, todo ello sin generar consecuencias jurídicas en la esfera de los administrados; improcedencia que obedece a que esta norma tiene eficacia únicamente en el ámbito interno de la administración y, consecuentemente, carece de una función innovativa del ordenamiento jurídico. Sin embargo, puede suceder que a través de esa disposición (aun llamándose acuerdo, circular o instructivo), se cree una nueva norma general, imperativa y abstracta, que imponga restricciones o deberes a los particulares o que condicione el ejercicio de sus derechos, sea en forma inmediata o mediante un acto concreto de aplicación, como podrá ser una resolución desfavorable fundada en dicha disposición, en cuyo caso el particular tendrá expedita la vía del amparo puesto que el acto reclamado excederá del ámbito interno de la administración, causando agravio a los terceros ajenos a ésta. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por el criterio que informa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 779, de rubro: "PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES INNECESARIO QUE LAS COMUNICACIONES INTERNAS DE LAS AUTORIDADES SE NOTIFIQUEN AL PRESUNTO INFRACTOR. Conforme a los artículos 61 y 62 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como 140 a 144 de su Reglamento, el procedimiento sancionatorio se sustenta únicamente sobre la base de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento; es decir, los fundamentos conforme a los cuales puede sancionarse al particular son, precisamente, alguno de los hechos que fueron motivo del inicio del procedimiento de imposición de sanciones y, por ende, son éstos los únicos que deben notificarse al particular para que pueda alegar y ofrecer las pruebas conducentes en su contra. De ahí que resulte innecesario, para efecto de cumplir con los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, que las comunicaciones internas de los órganos del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se notifiquen al presunto infractor, ya que éstas únicamente tienden a proveer una mejor coordinación entre las autoridades, a efecto de que el Pleno del aludido Instituto pueda ejercer de mejor manera las facultades encomendadas por ley. En suma, si las comunicaciones internas sólo tienen como objeto externar información técnica que, inclusive, puede o no ser compartida o asumida por la autoridad al emitir la resolución en el procedimiento de imposición de sanciones, es innecesario que todo informe, reporte, resolución o comunicación entre autoridades, deba notificarse al presunto infractor." IV. Desechamiento. Así, en razón de lo expuesto en líneas precedentes, al no tener los actos reclamados las características exigidas para ser equiparados al de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se desecha de plano la demanda origen de este juicio, por estimarse notoriamente improcedente, en términos del primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, último párrafo y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorias las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado tiene las características exigidas para ser equiparado al de una autoridad para hacer procedente la acción constitucional. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Consulta de expediente electrónico. Tomando en consideración la solicitud que realiza la parte quejosa y toda vez que proporciona el nombre de usuario con que se registró; dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda tener acceso al expediente electrónico. Ahora bien, respecto de la diversa petición del promovente, y en virtud de que señala Firma Electrónica, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones del presente juicio de amparo a la parte quejosa, se realizaran por vía electrónica. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala la parte quejosa en el escrito de demanda, toda vez que en líneas que preceden se autorizó que las notificaciones se realizarían por vía electrónica...II
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