Juan Pablo Alatoma Medina
Expediente 303/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Pablo Alatoma Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Certificación. En dieciocho de mayo dos mil veintitrés, el licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, certifica: que el dieciséis de mayo del año en curso, se recibió en el correo institucional de este Juzgado de Distrito 3jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el acuse de cuenta, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar; asimismo que en cumplimiento a lo ordenado en autos, la presente promoción con número de registro 6789, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Doy fe.
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Causa estado proveído de diecinueve de abril del año en curso (fojas 43-46). En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha resolución. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública en el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
CERTIFICACIÓN.
- Principal
Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra regulada en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". De la citada porción normativa, se desprende que esta causal de improcedencia se actualiza cuando deja de existir el objeto o materia del acto reclamado y, por ende, ya no puede surtir ningún efecto legal o material, por lo que sería imposible restituir el goce del derecho violado a la parte quejosa, o bien, que la sentencia concesoria no tendría ningún efecto jurídico. Por tanto, se estima que los elementos integradores de dicha causal son: a) Que el acto reclamado subsista. b) Que haya ocurrido una modificación en el entorno en que se emitió el acto reclamado. c) Que lo anterior sea consecuencia de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y, por ende, no pueda surtir efecto legal o material alguno. Al respecto, cabe precisar que la inexistencia del objeto o materia recae sobre el acto reclamado y no en el juicio de amparo en sí; además, dicha circunstancia surge con posterioridad a la emisión del acto controvertido y puede acaecer por razones naturales ajenas a la voluntad de la autoridad emisora, las cuales hacen imposible que aquél surta sus efectos legales o materiales. Por ende, dicha causal se verifica cuando el juzgador de derechos fundamentales advierte que al haberse modificado el entorno en el que se emitió el acto de autoridad, sus efectos dejaron de incidir en la esfera jurídica del quejoso; de ahí que aún de concluirse que dicho acto es inconstitucional, no sería posible, jurídicamente, restituirle en el goce del derecho violado ni se podrían concretar los efectos de la sentencia concesoria. Lo anterior, pues no obstante que subsista el acto reclamado, la situación jurídica surgida con motivo de aquél se modifica sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado que sea susceptible de reparación y, por ende, se impide que el fallo protector cumpla con su finalidad restitutoria. Sirven de apoyo, por sus consideraciones jurídicas, los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". En el caso, para demostrar la actualización de la referida causal de improcedencia es indispensable tener en consideración lo siguiente: La quejosa reclama como acto: La retrasmisión de la orden de inmovilización de las cuentas bancarias números 0246086208 y 0677084200 aperturadas en la institución crediticia denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. No se soslaya que el quejoso señaló en el apartado de acto reclamado la orden de aseguramiento, embargo, inmovilización, congelamiento o cualquier otra acción similar, no obstante ello, de autos se advierte que la responsable únicamente retrasmitió la orden de inmovilización de cuentas bancarias a nombre del accionante del amparo emitida por el administrador Desconcentrado de Guanajuato "3". Ahora, de las constancias que allegó la directora Contenciosa y subdirector Contencioso, ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos C, en representación del coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe de ley, se advierte lo siguiente: El oficio 400-27-00-02-00-2023-0852, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por el administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", mediante el cual solicitó que se instruyera a las instituciones financieras, para que realizaran la inmovilización de todos los depósitos localizados a favor del deudor -quejoso-, únicamente en lo que respecta a los retiros de fondos de dichas cuentas o inversiones hasta por la cantidad de $119,195.00 (ciento diecinueve mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional) -fojas 33 a 35-. En atención a lo anterior, la autoridad responsable mediante oficios 214-1-1427678/2023 y 214-1-1427679/2023, de trece de febrero del año en curso, retrasmitió el oficio 400-27-00-02-00-2023-0852 (acto reclamado a la autoridad responsable) -fojas 36 y 37-. Por oficio 400-27-00-02-00-2023-1568, de ocho de marzo del año en curso, el administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", solicitó se instruyera a las instituciones financieras, para que los depósitos bancarios que fueron inmovilizados fueran liberados -fojas 38 a 40-. En virtud de lo antepuesto, la responsable emitió el oficio 214-1-2158559/2023, de quince de marzo de los actuales, a través del cual retrasmitió el oficio 400-27-00-02-00-2023-1568, al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, a fin de que desbloque las cuentas que fueron inmovilizadas -foja 41-. Constancias las cuales hacen prueba plena en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de su encargo. En ese sentido, de los constancias mencionadas, se tiene que la autoridad responsable retrasmitió el oficio 400-27-00-02-00-2023-0852 suscrito por el administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", mediante el cual se solicitó que se instruyera a las instituciones financieras, para que realizaran la inmovilización de todos los depósitos localizados a favor del deudor -aquí quejoso-, únicamente en lo que respecta a los retiros de fondos de dichas cuentas o inversiones hasta por la cantidad de $119,195.00 (ciento diecinueve mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional) Sin embargo, dicha retrasmisión reclamada no podrá surtir efecto legal o material alguno, porque con posterioridad a ello, el quince de marzo del año en curso, la responsable retrasmitió el comunicado 400-27-00-02-00-2023-1568, signado por el administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", a través del cual solicitó al Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, para que los depósitos bancarios que fueron inmovilizados fueran liberados. Es decir, se concluye, que si bien la quejosa reclama la retrasmisión del oficio a través del cual se ordena la inmovilización de las cuentas bancarias a nombre del quejoso, no surtirá efecto, porque con posterioridad a ello, la responsable retrasmitió el comunicado signado por el administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", a través del cual solicitó la liberación de los depósitos que fueron inmovilizados con motivo del comunicado 400-27-00-02-00-2023-0852. De ahí que no hay materia para continuar con el presente juicio de amparo por lo que hace a dicho acto. Lo anterior es así, ya que a ningún fin práctico llevaría la eventual concesión del amparo, pues en caso de resultar inconstitucional la multireferida retrasmisión del comunicado de inmovilización de cuentas; el efecto inmediato de la concesión sería que se liberaran los depósitos de las cuentas bloqueadas, pero al estar estas liberadas por la misma autoridad exactora que ordenó su aseguramiento, resulta evidente que no podrá surtir efecto legal o material alguno. Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En mérito de lo antepuesto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional -once horas con treinta y tres minutos del dos de mayo de dos mil veintitrés-; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Ahora bien, no se desatiende, que la constancia que se acompaña al informe justificado, se desprende que pudiera tener el carácter de autoridad responsable el administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3", dado que mediante oficio 400-27-00-02-00-2023-0852, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, solicitó que se instruyera a las instituciones financieras, para que realizaran la inmovilización de todos los depósitos localizados a favor del deudor -aquí quejoso-, únicamente en lo que respecta a los retiros de fondos de dichas cuentas o inversiones hasta por la cantidad de $119,195.00 (ciento diecinueve mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 moneda nacional); no obstante a ello, no es el caso dar vista al quejoso para que manifieste si es su deseo señalar a dicha autoridad como responsable, puesto que como se advierte en los antecedentes narrados en líneas anteriores, dicho comunicado cesó en sus efectos, pues, básicamente, se restituyó a la parte agraviada en el uso y disfrute de su derecho violado, al volver las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión constitucional, como si se hubiese concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin dejar huella en su esfera jurídica, toda vez que con posterioridad a la orden de inmovilización de cuentas bancarias del quejoso ordenó su liberación.
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