Juan Pablo Adelid Barriga Magaña
Expediente 81/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/02/2023
Partes del expediente
- Juan Pablo Adelid Barriga Magaña
Actuaciones
- Principal
Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino del expediente principal. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión dado que no se tramitó. Vista con documentos. De conformidad con el artículo 21, segundo párrafo del acuerdo citado en párrafos anteriores, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recoger los documentos originales que exhibió junto a su demanda de amparo; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, los documentos mencionados se glosarán a los presentes autos y podrán ser depurables junto con el expediente, una vez que transcurra un término de tres años contados a partir de la notificación del auto que ordenó el archivo definitivo del presente expediente, previo cotejo y toma de razón que de su entrega se deje en autos la parte quejosa o sus autorizados para tal efecto. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Analizadas las constancias del expediente electrónico derivado del juicio de amparo en el que se actúa, y por así permitirlo el estado procesal de los autos y al ser innecesaria su retención en este juzgado de Distrito, devuélvase al Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el cuaderno de pruebas consistente en un tomo que se formó con las constancias que allegó en apoyo al informe justificado.
- Principal
Ténganse por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada de la resolución celebrada en sesión ordinaria virtual el cinco de enero de dos mil veintitrés, relativa a la revisión principal ******************** de su índice y los autos originales del juicio de amparo indirecto en que se actúa Hágase del conocimiento a las partes que el referido órgano colegiado resolvió lo siguiente: ". PRIMERO. Resulta infundado el amparo en revisión. SEGUNDO. Se confirma el fallo recurrido; en consecuencia TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adriana Robles Marentes, contra los actos reclamados al Director General y Titular de la Contraloría interna, ambos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco, para los efectos precisados en el fallo recurrido y por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. ." Bajo dicho tenor, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Glose de cuaderno de antecedentes. Súmense a los autos el testimonio de referencia y el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; en el entendido que únicamente deberán conservarse las actuaciones originales posteriores a la interposición del medio de impugnación; ello para evitar una duplicidad innecesaria de constancias. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector emitido en este asunto, se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: "SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Cabe destacar que no resulta factible dejar insubsistente todo lo actuado hasta el ilegal emplazamiento realizado por la autoridad responsable, dentro del procedimiento administrativo de separación IJCF/CONTRALORÍA/06/2020-PAR, instaurado contra la perito, aquí quejosa; lo anterior, en atención al imperativo previsto en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, que se traduce en la imposibilidad absoluta de reincorporar a un perito aun cuando esta autoridad de amparo haya resuelto que existió una infracción a los derechos fundamentales del servidor público, pues en ningún caso procede la reincorporación al servicio. Deeterma que, como se precisó, las autoridades responsables únicamente tienen una obligación resarcitoria al servidor público, como responsabilidad administrativa del Estado, pues esa fue la intención del constituyente permanente, porque la reforma constitucional privilegió el interés de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones honestas, profesionales, competentes, efectivas y eficaces. Lo que enlaza o vincula, si tomamos en consideración el contenido del artículo 4º de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco, se advierte que dicha institución se encuentra en el rubro de seguridad pública. En ese sentido, la excepción constitucional establecida en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, aplica para todos los peritos, sean, federales o estatales, por lo que prevalece dicha norma constitucional frente a las disposiciones legales y reglamentarias que se le opongan, atento al orden jerárquico que establece el artículo 133 de la misma Constitución, que otorga a esta, la Supremacía sobre cualquier otra disposición. Más aun cuando existe jurisprudencia de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Tienen apoyo lo anterior en la jurisprudencia 2ª./J. 198/2016 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de dos mil diecisiete, Tomo I, página quinientos cinco, de rubro y texto siguientes: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2ª./J. 119/2011 Y AISLADAS 2ª. LXIX/2011, 2ª. LXX/2011 Y 2ª. XLVI/2013 (10ª.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contratoaun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos." Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, a fin de que el Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco, lleve a cabo lo siguiente: Dicte una resolución en la que ordene el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la parte quejosa, con motivo del cese, baja, remoción, separación o terminación de la relación administrativa de su cargo injustificadamente. Asimismo, la presente determinación constriñe a la responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado la parte quejosa mediante el pago de: La indemnización consistente en el pago de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, conforme lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII constitucional y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y, De las demás prestaciones a que tenga derecho, consistente en el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía la servidora pública por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional. ." Ahora bien, dada la naturaleza de las gestiones que se deben realizar a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, lo procedente es otorgar el plazo de tres días hábiles previsto en el artículo 192 Ley de Amparo. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se requiere a las autoridades responsables correspondientes para que dentro del plazo referido, cumplan con el fallo protector y lo acrediten con las constancias conducentes, o bien, informen las gestiones que se encuentran realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tengan para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa a la omisa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Finalmente, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Juan Ortiz Meza1589/2020
- Juan Ortiz Meza12/2022
- Juan Ortíz Meza1744/2021
- Juan Ortiz Meza542/2022
- Juan Oscar Rico1054/2017
- Juan Oswaldo Castillo García1186/2021
- Juan Pablo Arevalo Rodríguez1224/2020
- Juan Pablo Barba Quezada2110/2021
- Juan Pablo Beas Hernández1728/2022
- Juan Pablo Beas Hernández311/2023
- Juan Pablo Briones Ramírez641/2021
- Juan Pablo Buenrostro Plascencia1054/2023