Juan Pablo Acosta Zapata
Expediente 48/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Pablo Acosta Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obran los oficios 770/2023 y 771/2023, ambos del diecinueve de abril citado, suscritos por la Presidente de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y por el Actuario de su adscripción, y anexo que se acompañó al primero de ellos, con los que informaron lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo. Y dado que mediante proveído de veintiuno de abril inmediato anterior, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto. Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Asimismo, por auto de quince de marzo de la presente anualidad, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las autoridades responsables que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ". Efecto del otorgamiento del amparo. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, procede otorgarle el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: - Verifique que la audiencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, se desahogue en la data fijada, debiendo la Junta responsable observar a cabalidad todos los requerimientos y disposiciones necesarias para que la misma tenga verificativo, entre otras, la notificación oportuna de las partes. - En caso de que la audiencia de ley no se desahogue en esa data, por motivos completamente ajenos a descuidos procesales, como lo es la falta de citación de las partes, el señalamiento de nueva data para ello deberá ajustarse al plazo indicado en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. En tanto que el Actuario responsable, deberá realizar lo siguiente: - De inmediato, procederá a llevar a cabo el emplazamiento de la totalidad de los demandados al controvertido de origen, en los domicilios señalados por la parte actora para tal efecto. Debiéndose precisar que el efecto de la sentencia únicamente versa sobre el plazo en que en caso de proceder, deba fijarse la fecha para la celebración de la audiencia, pero no incide ni en los términos en que se desahogue ni la etapa hasta la que comprenda, ni en la causa por la que en su caso su desahogo no haya sido posible, ya que son hechos futuros." Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Lo anterior, en virtud, de que la Presidente de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, y para ello, adjuntó la audiencia tripartita desahogada el catorce de abril de dos mil veintitrés, en el juicio de origen 675/2022, ante la comparecencia de Humberto Alejandro Chan Cocom, apoderado legal del actor aquí quejoso y la inasistencia de la parte demandada "Alta Creatividad y Generación de Empleos Approval", Sociedad Anónima de Capital Variable, y se fijaron las ocho horas con treinta minutos del diez de mayo del año en curso, para el desahogo de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, mismo que fue notificado a la parte demandada, por medio de la lista de estrados de esa Junta, el catorce de abril próximo pasado. De ahí que las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, han dado cabal cumplimiento al fallo protector, por las razones precisadas con antelación, pues se estima que los efectos del amparo concedido a la parte quejosa sí fueron cumplidos, ya que la audiencia señalada para el catorce de abril próximo pasado, tuvo verificativo en esa propia data. Por tanto, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios remitidos por la Presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y por el Actuario de su adscripción, con un anexo que acompaña la primera nombrada; mediante los cuales informan las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual, se remiten las constancias para acreditarlo; de las que se aprecia que éstas se encuentran en vías de cumplimiento. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintitrés.********************Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada el veinticuatro de febrero anterior, en el presente juicio de amparo; con apoyo en los artículos 356 del Código Federal de Procedimientos Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en relación al artículo 81, inciso e), del propio ordenamiento, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ al aquí quejoso ******************** HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. ********************Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados.********************Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución.********************Notifíquese por lista. ********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con trece minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 48/2023, promovido por Juan Carlos Acosta Zapata, por su propio derecho, contra un acto de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, del Presidente y del Actuario de su adscripción; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario da cuenta con las documentales remitidas por la Junta responsable. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario hace constar que las partes no los formularon; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 48/2023, promovido por Juan Pablo Acosta Zapata, contra un acto de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, del Presidente y del Actuario de su adscripción; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, remitida ese mismo día a este órgano de control constitucional, Juan Carlos Acosta Zapata, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, del Presidente y del Actuario de su adscripción, y que hizo consistir, medularmente, en el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se señaló una fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 675/2022, así como la omisión de emplazar a la parte demandada a dicho controvertido. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los preceptos 103, fracción l, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, numeral 6, y cuarto, fracción XIV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado y adicionado por el diverso Acuerdo General 12/2016, emitido por el propio Consejo; por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la parte peticionaria de amparo reclama de las responsables: - El auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se señaló una fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 675/2022, así como la omisión de emplazar a la parte demandada a dicho controvertido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de las responsables Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, Presidente y Actuario de su adscripción, en virtud de que así lo admitieron expresamente en su informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad que la parte peticionaria de amparo hace valer, en contra del acto reclamado que se hizo consistir en el señalamiento de una fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 675/2022, deben estimarse fundados. En efecto, para justificar lo considerado en el párrafo que antecede, es oportuno señalar que las garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional transcrito, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la justicia; derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos; debiendo agregarse que la circunstancia de que el citado precepto constitucional señale que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar ese derecho de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas no previstas en el texto constitucional. Así, la garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen que actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. En este contexto, para una mejor comprensión del asunto en estudio, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los plazos procesales que deben observar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para la fijación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en un procedimiento laboral de su conocimiento, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no ocurre a la audiencia." Ahora bien, la parte quejosa, como ya se dijo, se duele, esencialmente, de la negativa de la Junta responsable de administrarle justicia pronta y expedita, pues señaló una fecha distante para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio reclamatorio laboral 675/2022. En efecto, es evidente que la responsable, al fijar en el proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, las diez horas del catorce de abril de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, transcurrirán más de dos meses para que ésta tenga verificativo; lapso por demás prolongado que irroga por sí solo causa un perjuicio irreparable en contra del aquí peticionario del amparo, contraviniendo a lo dispuesto en el citado numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el término de quince días para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TÉRMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." También, sirve de apoyo a lo considerado, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, DIFERIMIENTO DE LA. TÉRMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN Y LA NUEVA FECHA DE CELEBRACIÓN. El artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo estipula que entre la fecha del emplazamiento y la señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, deben mediar diez días cuando menos. Empero, si dicha audiencia se difiere, la notificación del auto de diferimiento no tiene el carácter de emplazamiento y, por ende, no es imprescindible que entre la fecha de tal notificación y la nueva fecha señalada para el desahogo de la audiencia, deban mediar los aludidos diez días." En ese sentido, debe destacarse que si el legislador ordinario señaló plazos y términos, y el constituyente originario y permanente consagró a las personas el derecho de que se les imparta justicia con apego a ellos, debe concluirse necesariamente que los Tribunales del Trabajo deben adoptar las medidas generales y especiales para que se acaten en todos los casos. En efecto, no puede perderse de vista que el legislador, al fijar términos procesales en las leyes respectivas, lo hizo en atención a la variada e imprevisible gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten, como por la complejidad de los hechos a los que se refieren y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas, por lo que resulta lógico inferir que el legislador, tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, de acuerdo con la capacidad y diligencia del Tribunal laboral y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para su trámite correspondiente, de manera que, se reitera, es obligación de la autoridad responsable organizarse para que los mandatos constitucionales no queden al arbitrio de sus funcionarios; además que al existir términos debidamente establecidos en la legislación laboral, desde el momento en que se violenta uno de ellos, de inmediato se irrogan perjuicios a las partes en el procedimiento lo que, en la especie, no es atribuible al peticionario del amparo, sino a la Junta encargada de cumplirlos, quien en todo caso es quien pasa por alto los derechos de los expedientes también en rezago. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete, y que es del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Consecuentemente, la autoridad responsable debe cumplir con esas condiciones establecidas en la legislación obrera desde el inicio del juicio, en el curso de éste y hasta dictarse el laudo respectivo, por lo cual los términos establecidos al respecto no pueden ser aplicados por la Junta responsable arbitrariamente, sino que deben cumplirse con el fin de lograr que la instancia de justicia a su cargo, constituya un mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de sus relaciones jurídicas. En este contexto, debe concluirse que la autoridad responsable al omitir dar continuidad al procedimiento laboral a fin de que señalara fecha y hora a efecto de que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 675/2022, donde la parte aquí quejosa es actora, dentro del término que para tal efecto señala el artículo 873 del código obrero, indebidamente incurrió en omisiones y dilaciones que hacen nugatorio el derecho de mérito y por ende, son violatorias de la garantía constitucional de justicia pronta y expedita en perjuicio de la parte quejosa. Luego, al existir la violación al derecho a la pronta impartición de justicia, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal, pero este debe tener una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, antes, la sentencia debe restituir el derecho violado. Ello puede dar lugar a pensar que, para restituir a la parte quejosa, la autoridad responsable tendría que dejar insubsistente la fecha reclamada y fijar en su lugar, una nueva data ajustada a derecho para el desahogo de la audiencia de marras, con la subsecuente obligación de notificarla a las partes. No obstante, ello resultaría impráctico. En efecto, si se considera que la sentencia se emite hoy (veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés) y el veintisiete siguiente se notifica a las partes por lista (con excepción de las autoridades responsables), causará ejecutoria aproximadamente el quince de marzo del año en curso. Entonces, para cuando la sentencia cause estado y su cumplimiento resulte exigible, la fecha reclamada para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio de origen, estará a menos de un mes de celebrarse. Por tanto, conceder el amparo para que la Junta responsable deje insubsistente la fecha combatida y fije en su lugar, una nueva ajustada a derecho para la celebración de la audiencia de ley, con la subsecuente obligación de notificar a las partes, sería impráctico. No obstante, lo descrito no impide el resarcimiento de la violación, antes, para ese fin, el efecto de la protección constitucional, debe ser el siguiente: que la audiencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, se desahogue en la data fijada, debiendo la Junta responsable observar a cabalidad todos los requerimientos y disposiciones necesarias para que la misma tenga verificativo, entre otras, la notificación oportuna de las partes. En ese sentido, es menester indicar que al advertirse que el fedatario responsable, no ha efectuado el emplazamiento a juicio a la parte demandada, con al menos diez días de anticipación, la protección constitucional también debe otorgarse para el efecto de que dicho Actuario, de inmediato, realice el llamamiento a juicio de la totalidad de los demandados en el controvertido natural. Ahora, en caso de que la audiencia de ley no se desahogue en esa data, por motivos completamente ajenos a descuidos procesales de la Junta y Actuario responsables, el señalamiento de nueva data para ello deberá ajustarse al plazo indicado en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Se precisa que no será dable examinar la causa por la que en su caso, el desahogo de la audiencia de ley en la fecha próxima no fuera posible, pues sin perjuicio de lo que más adelante se diga, este fallo no puede extenderse a hechos futuros, porque ciertamente son inexistentes a la presentación de la demanda de amparo. Efecto del otorgamiento del amparo. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, procede otorgarle el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: - Verifique que la audiencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, se desahogue en la data fijada, debiendo la Junta responsable observar a cabalidad todos los requerimientos y disposiciones necesarias para que la misma tenga verificativo, entre otras, la notificación oportuna de las partes. - En caso de que la audiencia de ley no se desahogue en esa data, por motivos completamente ajenos a descuidos procesales, como lo es la falta de citación de las partes, el señalamiento de nueva data para ello deberá ajustarse al plazo indicado en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. En tanto que el Actuario responsable, deberá realizar lo siguiente: - De inmediato, procederá a llevar a cabo el emplazamiento de la totalidad de los demandados al controvertido de origen, en los domicilios señalados por la parte actora para tal efecto. Debiéndose precisar que el efecto de la sentencia únicamente versa sobre el plazo en que en caso de proceder, deba fijarse la fecha para la celebración de la audiencia, pero no incide ni en los términos en que se desahogue ni la etapa hasta la que comprenda, ni en la causa por la que en su caso su desahogo no haya sido posible, ya que son hechos futuros. Finalmente, debe destacarse que no constituye obstáculo a la anterior determinación, el que no hubieren sido llamados como terceros interesados, los mencionados por la parte quejosa en su demanda de amparo; ello, cuenta habida que al reclamarse su falta de emplazamiento al controvertido de origen, es evidente que no se han integrado a la relación procesal y, por ende, aun no cuentan con la calidad de contraparte del quejoso, por lo que no se ubican en alguno de los supuestos a que hace alusión el numeral 5 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Pablo Acosta Zapata, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, del Presidente y del Actuario de su adscripción; precisados en el considerando segundo de esta sentencia, y para los efectos precisados en el quinto subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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