Juan Osvaldo Chaparro Moreno

Expediente 56/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
56/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Juan Osvaldo Chaparro Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    De la constancia de uno de los actuales, se obtiene la imposibilidad de la actuaria judicial adscrita, para notificar a la parte quejosa el auto de treinta y uno de enero último, ya que se constituyó en la calle Ejido San Agustín, colonia El Papalote en esta ciudad, y al recorrer materialmente la misma, se percató que la numeración 300, no existe; motivo por el cual no dio cumplimiento a lo ordenado. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista al quejoso el auto de treinta y uno de enero último, así como los acuerdos subsecuentes, aun los que entrañen una notificación personal, hasta en tanto proporcione domicilio en que pueda efectuársele. En atención a lo anterior se notifica por medio de lista al quejoso el acuerdo de 31 de enero de 2019, lo anterior por estar ordenado en autos y que dice: Vista la demanda de amparo promovida por *******************, contra actos del Fiscal Especializado en Atención a Mujeres del Delito (sic) por Razones de Género y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Seis con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua. se advierte que señala como actos reclamados la orden dictada en contra del directo agraviado, para retenerlo y mantenerlo privado de su libertad, así como la ejecución de dicho mandamiento, lo cual estima violatorio de los derechos consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, previo a proveer lo conducente, regístrese la demanda en el libro de gobierno respectivo, con el número de expediente 56/2019-III y fórmese el expediente respectivo. Establecido lo anterior, es menester analizar si este juzgado resulta competente para conocer de dicha demanda, ello en virtud de ser la competencia una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte relativa establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" En relación con el artículo transcrito, conviene también atender lo que el diverso artículo 37 de la Ley de Amparo, previene en su texto: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Para una mejor comprensión, conviene decir que del contenido del artículo 37 antes transcrito, se consignan tres reglas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, respecto del conocimiento de los juicios de amparo; a saber: a) Conforme al párrafo primero, será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esta hipótesis carece de relevancia alguna el lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado; presupone además que después de su emisión, el acto reclamado requiere de ejecución material por parte de autoridad diversa de la ordenadora. b) El segundo párrafo, más que una regla, contiene una variante de la anterior, pues establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y se siga ejecutando en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda. c) En el último párrafo, se establece que cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En este supuesto el presupuesto fundamental radica en que el acto reclamado no requiera de ejecución material. En el caso particular, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado, ya que en la especie el que se combate sí requiere de ejecución. Es así, pues, como quedó precisado al inicio de este auto, el promovente señala como acto reclamado la orden de retenerlo y mantenerlo privado de su libertad en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Estatal Seis, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, así como la ejecución de dicho mandamiento. Por lo que, considerando que el agraviado se encuentra privado de la libertad en las instalaciones Centro de Reinserción Social Estatal Seis, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, compurgando la pena impuesta por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales, este juzgador considera que se actualiza la regla prevista en el primer párrafo del precitado artículo 37; por ende, quien debe conocer de la presente demanda es un Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital del mismo nombre, toda vez que la ejecución de tales actos tiene lugar en Hidalgo del Parral, Chihuahua, localidad comprendida dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción, aunado a que las autoridades tanto ordenadoras como ejecutoras a quienes se les atribuyen dichos actos, también residen en aquélla municipalidad. Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido que el artículo 17 de la Constitución Federal, dispone que la impartición de justicia deberá ser pronta y expedita, lo que puede definirse como el derecho fundamental que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Además, se debe tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer el primer párrafo del artículo 37 anteriormente referido, al otorgar al gobernado las condiciones necesarias para tener fácil acceso a la justicia federal. En las relatadas consideraciones, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 48, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo procedente es declinar competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, en turno, con residencia en la capital de esta entidad federativa, para lo cual, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia de la demanda y el presente proveído, remítase el escrito original, anexos y copias simples que se acompañan, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en la capital de esta entidad federativa, para que las remita al órgano de control de la constitucionalidad que corresponda, a fin de que dentro del plazo a que se refiere el artículo 48 de la ley de la materia, tenga a bien decidir si se avoca o no al conocimiento de la misma, con la atenta súplica del acuse de recibo correspondiente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a la suspensión de los actos reclamados, toda vez que no encuadran en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo.

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