Juan Ortiz Guzman

Expediente 2888/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2888/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Ortiz Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI.- CAUSA ESTADO: Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de fecha veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    *NE-Q MESA VI.- Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo se obtiene que la parte promovente reclama a la Comisión Federal de Electricidad, el corte de suministro de energía eléctrica de fecha veinticinco de noviembre del año en curso, en el local comercial Puesto Bisutería S/N del Tianguis ubicado en la ********************. Seguidamente, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Precisado el acto reclamado en líneas precedentes se advierte que, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5º, fracción II, párrafo primero (interpretados a contrario sensu), de la Ley de Amparo; por lo que, se estima procedente desechar la demanda de amparo. Tales preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, no se realizaron desde un plano de supra a subordinación, por lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, conforme la interpretación de las disposiciones citadas el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad que violen o restrinjan los derechos humanos del quejoso.- - - Así, debe precisarse que las relaciones del Estado descansan sobre una dualidad subjetiva, es decir, entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídica política y sus órganos de autoridad por un lado y el gobernado por el otro (relaciones de supra a subordinación).- - - De igual forma, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular. b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, que mediante publicación realizada el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil trece, la Comisión Federal de Electricidad publicó el modelo de contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión que celebra la Comisión Federal de Electricidad con la persona que solicita la prestación del servicio de energía eléctrica, del que se desprende que trata de un contrato de naturaleza mercantil.- - - En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio en el que estableció que en las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación.- - - Esto es así, porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente al corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, consideró la Segunda Sala, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Asimismo, precisó que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino que sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros. En esa línea argumentativa, sostuvo que el corte del suministro derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales no puede verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Razonamientos que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Ahora, en el particular, a la Comisión Federal de Electricidad, no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que su actuar está relacionado con la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica. No se pasa por alto que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia citada, la Sala destacó la eventualidad de que la Comisión Federal de Electricidad pudiera llegar a ser autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto en algunos supuestos; ejemplificativamente, expuso algunos: I. La negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico. II. En situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. III. Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). IV. Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). V. Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Sin embargo, el suscrito considera que el particular no se actualiza alguno de los supuestos de excepción descritos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia que surge de interpretar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Autorizados. Asimismo se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que acreditó estar facultado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado; y a ********************, con las limitaciones a las que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditaron dicha autorización y no se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que la presente demanda versa en materia administrativa. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRONICO. Toda vez que los nombres de usuarios "********************" y "********************", se encuentran inscritos en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y con ello, sus firmas electrónicas reconocidas por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas; con fundamento en la sección tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con los nombres de usuarios mencionados o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los usuarios. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicita que las notificaciones en este asunto se le hagan vía electrónica, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, proporcionando las claves de usuarios "********************" y "********************", que se encuentran inscritos en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y con ello, sus firmas electrónicas reconocidas por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. En consecuencia, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la Ley de Amparo no contempla la duplicidad de notificaciones en la tramitación del juicio de amparo, por lo que toda vez que la parte promovente solicita expresamente que desea ser notificada vía electrónica, este Juzgado ordena que las notificaciones a la parte quejosa se realicen vía electrónica a través de los usuarios que señaló. Por tanto, con fundamento en la sección tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con los nombres de usuarios mencionados o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como para oír y recibir notificaciones, para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario. Medios electrónicos Este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que las partes en el presente juicio, obtengan la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Expediente electrónico Conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en este expediente. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuar las diligencias respectivas. Supresión de impresión. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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