Juan Ortiz de los Santos

Expediente 556/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
556/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Ortiz de los Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la responsable Jueza Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; y anexo consistente en copia certificada del auto de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, deducido del cuadernillo administrativo ******************** de su índice, del que se advierte que la autoridad responsable reingresó el expediente ********************, y ordenó expedir copia certificada de diversas constancias solicitadas por el aquí quejoso, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngase a la responsable informando lo anterior. Ahora bien, a las referidas constancias se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme con lo establecido en el precepto 2° de la Ley de Amparo. Así, de las copias certificadas de mérito, se advierte el acuerdo al que recayó la petición formulada por el impetrante del amparo; esto es la juez responsable, el veinticuatro de octubre del año en curso, se pronunció respecto de la petición del aquí quejoso, en el sentido de acordar favorable la expedición de copias certificadas solicitadas por la aquí parte quejosa, lo que le notificó por lista de acuerdos de esa misma fecha. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio, por las consideraciones que enseguida se especifican. En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de garantías, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, dado que este órgano jurisdiccional estima operante la hipótesis prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso en torno al acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de expedir copias certificadas en el expediente ******************** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad. De acuerdo al citado numeral, el sobreseimiento del juicio de amparo se decretará cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Circunstancia que se observa actualizada con las copias certificadas que allega la responsable al oficio que se provee, a las que, como se dijo, se les concede pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del precepto 2° de la propia Ley, pues con ellas se demuestra que el veinticuatro de octubre del año en curso, la jueza responsable se pronunció en torno a la solicitud de copias certificadas en el expediente ******************** del índice de la responsable, y cuya omisión de emisión combate el impetrante del amparo en el presente asunto. Relatado lo anterior, si en el caso, la Jueza responsable acordó favorable la petición cuya falta de atención se dolía la quejosa, ordenando la expedición de copias, lo cual incluso hizo del conocimiento de la promovente mediante lista de acuerdos de esa misma fecha, resulta evidente que se han desvanecido las violaciones alegadas por el disconforme, como si se hubiere dictado una sentencia de amparo a su favor, pues los efectos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, devolviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, actualizándose así la causa de improcedencia del juicio por cesación de efectos. Al respecto debe decirse que los efectos de un acto reclamado cesan cuando se revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho que estimó violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En tal sentido, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la referida causa de improcedencia. Encuentra aplicación la jurisprudencia que dice: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Dicho de otro modo, han cesado los efectos del acto reclamado, pues se ha destruido en forma inmediata, total e incondicional, el acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Robustece lo anterior, las jurisprudencias que dicen: Registro digital: 196442 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. XLVIII/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 241 Tipo: Aislada CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Esta misma razón opera por mayoría de criterio, cuando existe una causa directa de sobreseimiento de las previstas en el numeral 63 de la Ley de Amparo, pues si la improcedencia contemplada en el arábigo 61 de la misma norma genera el sobreseimiento, éste también puede declararse fuera de audiencia cuando sobreviene una causa directa del citado precepto 63, como muerte del quejoso, desistimiento, o bien, como en el caso, la cesación de efectos. Sin que al efecto se otorgue oportunidad al peticionario del amparo para que ofrezca pruebas, pues en nada cambiaría el sentido de la presente resolución, además que, considerar lo contrario, vulneraría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional, ya que el acto omisivo reclamado ya cesó, al haber decretado lo propio la autoridad responsable, cuya omisión se reclamó. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el particular los actos reclamados se extinguieron. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, no se desatienda que en el auto de dieciséis de octubre de la presente anualidad, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, en virtud de que aún no ha sido emplazada a la presente instancia judicial, por lo que, conforme al principio de economía procesal y la pronta impartición de justicia derivados del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración que, a la fecha, no se le ha dado intervención alguna, es que se estima innecesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, dado que en esta fecha se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia por actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Notifíquese; y personalmente al quejoso; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito del autorizado del quejoso; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de tres de octubre de la presente anualidad, al proporcionar un domicilio de la tercera interesada ********************. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que emplace al presente juicio a dicha parte, en el domicilio proporcionado por el promovente, a quien le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como del auto admisorio y le hará saber la hora y fecha de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que si al constituirse el actuario en el domicilio que se trata, éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que la tercera interesada puede ser encontrada en otro lugar distinto ubicado en esta misma ciudad, se constituya de inmediato en ese domicilio a fin de que practique la diligencia encomendada, debiendo asentar la razón correspondiente. Por otro lado, visto el oficio signado por la responsable Jueza Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; y anexo consistente en el diverso oficio 5544 de once de octubre de los actuales, dirigido al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual requirió al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en esta ciudad, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngase a la responsable informando lo anterior. En virtud de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese; y emplácese a la parte tercera interesada por conducto de los actuarios adscritos. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio 5031/2023 signado por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; y anexos consistente en el diverso oficio 3335/2023 y escrito signado por el aquí quejoso, mediante el cual hace del conocimiento el auto de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, dictado en el cuadernillo administrativo ******************** de su índice, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngase a la responsable informando lo anterior. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Bruno Aníbal Rivera García, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, ante la persona secretaria Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Jueza Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada del cuadernillo administrativo auxiliar 110/2023, de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

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