Juan Ortega Melendez
Expediente 2270/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2270/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/10/2023
Partes del expediente
- Juan Ortega Melendez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, procedente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, se informan las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector; glósense a los autos y ténganse por hechas las manifestaciones respecto de los actos que se llevaron a cabo para dar cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído remita a este juzgado constancias fehacientes del cumplimiento dado al fallo protector; apercibido de que, se le impondrá una multa y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para su separación del cargo y consignación ante autoridad competente.
- Principal
Citatorio principal.- por este medio se notifica al Tercer interesado E.A.Z.P., el auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, que dice: Del análisis de las constancias que conforman este expediente se aprecia que por acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, adjunto al cual, exhibió copia certificada de la constancia con la que informó a este tribunal de amparo, la forma y términos en que se llevaron a cabo los actos tendentes a acatar la sentencia concesoria del amparo. Asimismo, en dicho auto se ordenó dar vista a las partes interesadas con el comunicado de mérito y anexos, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera con el cumplimiento dado por las citadas autoridades, apercibidas que, de no hacer manifestación alguna, éste órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la responsable. El acuerdo en comento le fue notificado al tercero interesado el dos de octubre y a la parte agraviada el seis de octubre posterior. En desahogo a dicha prevención, el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, manifestó su inconformidad en torno al pretendido cumplimiento, debido a que, en su opinión, la sentencia amparadora no se encuentra cumplida, debido a que, a su parecer, la responsable desestimó lo expresado por el abogado patrono de la quejosa como se indicó en el fallo protector. En estas condiciones, tomando en consideración que el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, impone la obligación a este Juzgado de Distrito de emitir resolución fundada y motivada en que se declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla, al respecto, se acuerda lo siguiente: Por tanto, si los motivos que originaron la concesión del amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa, medularmente fueron, porque se consideró que en la resolución impugnada vulneró en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal y en cumplimiento al fallo protector, después de nulificar la resolución declarada inconstitucional, pronunció una nueva decisión en la que subsanó la violación en que incurrió, es evidente que con ello se colman las garantías por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia. En razón de lo anterior, deben desestimarse los argumentos vertidos por el autorizado de la parte quejosa en su escrito registrado el trece de octubre del año en curso, en el que evacua la vista ordenada por acuerdo de veintiocho de septiembre en el sumario, toda vez que, opuestamente a lo indicado en el escrito de referencia, la autoridad si atendió la temática que aduce no fue abordada, pues expresamente señaló después de reproducir lo aducido en el escrito por el que evacuó la vista el abogado patrono de la aquí quejosa, que una vez ponderado lo hecho valer por este, para el cálculo del ?cálculo del 20% veinte por ciento de los ingresos del demandado incidental se tomaría en cuenta el oficio firmado por la representante legal de la empresa indicada, tal y como lo hizo la propia promovente de la planilla resuelta al cuantificar el adeudo que asevera tener el padre de la menor, pues las manifestaciones vertidas respecto de ingresos extras serán tomados en cuenta al resolver los alimentos definitivos, debido a que fueron hechos del conocimento de la autoridad judicial después de establecerse la pensión alimenticia y en cuanto a que no debían de considerarse las cantidades exhibidas por el deudor alimentario directamente ante el juez que conoce del negocio, refirió que si bien realizó diversos argumentos, omitió justificar a través de elementos de convicción idóneos para restar valor a los pagos realizados por aquél, los cuales forman parte de los alimentos a que alude el artículo 439 del Código Civil del Estado, que comprende todo lo que los integra y que serán considerados para determinar la pensión alimenticia definitiva, pues de querer modificarla, debió promover el incidente correspondiente. Consecuentemente, en su oportunidad, archívese el presente asunto, previas las anotaciones en el libro correspondiente, como definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este tribunal considera que el presente juicio es susceptible de conservación en un plazo de tres años, por haberse concedido el otorgamiento de la tutela federal y por carecer de relevancia documental, sin que las partes hubiesen exhibido documentos originales.
- Principal
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