Juan Ortega Chávez
Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Ortega Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 9696/2022, signado por el secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que remite testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial 22/2022, en el cual se resolvió: "ÚNICO. ES COMPETENTE LEGALMENTE el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca en Turno, para conocer del juicio de amparo promovido por JUAN MANUEL ORTEGA CHÁVEZ, contra los actos que reclama del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en la misma ciudad y otros, precisados en el resultando primero de la presente resolución." Sin acusar de recibido por así solicitarlo; realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Se hace constar que el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste, no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse declarado este juzgado legalmente incompetente para conocer de este asunto y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio 8545/2022, suscrito por el secretario de acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos del expediente en que se actúa e informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, registrando el asunto con el número C.C.P. 22/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo, mediante el cual el juzgado exhortado, devuelve diligenciado el exhorto 16/2022 (número de origen 163/2022-I), del índice de este juzgado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar, asimismo háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 2250/2022 signado por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el cual informa que no acepta la competencia planteada por los motivos que expone en el oficio de cuenta. Este juzgado sustentó su determinación con base en las siguientes determinaciones: Del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la orden de aprehensión y ejecución. Ahora, el promovente bajo protesta de decir verdad señaló: 1- Tener su domicilio fijo en calle de Nopal No. 38, Tequexquinahuac, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. No. 54020, también lo se advierte, en el capítulo respectivo ".EN LA DILIGENCIA QUE PRETENDIERON TOMAR A LA FUERZA LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS INMUEBLES QUE DEFIENDO, CON LA AYUDA Y PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL EN EL ESTADIO DE MÉXICO." El quejoso señala que pretendieron ejecutar la orden de la que se adule en el Estado de México, donde se encuentra su lugar de residencia. Lo resaltado es nuestro. Por lo anterior, este juzgado con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo1, este juzgado consideró 1 Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal carecer de competencia legal para conocer del asunto, toda vez que los citado actos atribuidos a la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otras autoridades. Ello porque, la orden de aprehensión, detención o tendrán ejecución fuera de la jurisdicción de esta autoridad, esto es, en el Estado de México, a saber, en calle de Nopal No. 38, Tequexquinahuac, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. No. 54020, pues ese es el domicilio del aquí quejoso, aunado a que de los hechos narrados por el quejoso en dicho domicilio se presentaron oficiales de la Policía Estatal pertenecientes al municipio de Tlalnepantla. De ahí que, en congruencia con la segunda regla deducida del numeral 37 de la Ley de Amparo y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados y autoridades que los emitieron, se estimó que corresponde conocer del juicio constitucional al juzgado federal que ejerza funciones en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, no acepta la competencia declinada, al estimar que el acto reclamado de les atribuye a diversos Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; por lo que la competencia le corresponde le recae en otro Juez del distrito cuya especialización sea conocer amparos contra actos en materia penal y para ello existen los Jueces de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia el Toluca. colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. No obstante, este órgano de control constitucional no comparte dicho criterio, por los motivos que a continuación se exponen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo es un todo y que, por ende, su análisis no debe limitarse al escrito inicial sino que también debe incluir el de sus documentos y anexos, así como el del escrito por medio del cual es aclarada. Por tanto, los juzgadores de amparo deben analizar e interpretar tales elementos para atender la pretensión que contienen desde el punto de vista material, no únicamente formal, así como deben prescindir de los calificativos que en ellos se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De ahí que deben cumplir las siguientes exigencias. En primer lugar, interpretar la demanda con un sentido de liberalidad no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de tal manera, armonizar los datos y elementos que la conforman sin cambiar su alcance y contenido; es decir, examinar sus elementos y establecer qué es lo que pretende conseguir mediante el juicio de amparo. En segundo lugar, a la luz de la intención identificada, verificar cuáles son los actos que causan perjuicio a la parte quejosa según sus conceptos de violación y al margen de que hubieran sido formalmente señalados como reclamados; esto es, a contrario sensu, descartar los que no la perjudiquen y los que no estén vinculados con su propósito. En tercer lugar, identificada la pretensión material de la parte quejosa y depurados los actos reclamados en función de su relación con ella, es necesario armonizar los datos de la demanda con toda la información del expediente a fin de atender a lo que dicha parte quiso decir --a su causa de pedir-- para lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto. De modo que los juzgadores de amparo están obligados a superar la valoración literal del capítulo respectivo y a interpretar integralmente las constancias del expediente para precisar los actos reclamados --la base de la litis del juicio constitucional-- únicamente a partir de lo que la parte quejosa efectivamente pretende reclamar. Luego, en este análisis, no debe omitirse el hecho de que, una vez recibida la demanda y para efecto de determinar la competencia, deben tomarse en consideración los actos reclamados, tal como hayan sido planteados en la demanda y los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad, por ser los datos que objetivamente se tienen en ese momento. En el particular, como ya se dijo, el que aquí provee estima carecer legalmente de competencia para conocer de la demanda de amparo, toda vez que los actos atribuidos al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otras autoridades, se hacen consistir en: la orden de aprehensión y su ejecución . En efecto, dicha ordene tienen o tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de esta autoridad, esto es, en el Estado de México, a saber, en calle de Nopal No. 38, Tequexquinahuac, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. No. 54020, pues ese es el domicilio del aquí quejoso, donde además dijo con uso de fuerza la policía estatal pretendieron ejecutara la orden aprehensión y al final no lo lograron; esto es, es indudable que en ese domicilio ubicado en el Estado de México se va a ejecutar a orden de captura reclamada. En tales circunstancias, y toda vez que este juzgado federal previno sobre la competencia citada, con fundamento en el artículo 37 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el citado juicio, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para que resuelva lo conducente. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales correspondientes y aperturas un cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente.
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