Juan Ortega Chavez

Expediente 801/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
801/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
24/02/2017

Partes del expediente

  • Juan Ortega Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    mesas"3" Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Archivo Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo anterior, toda vez que se negó la medida suspensional solicitada. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa "3" Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra el proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno; y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales.

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual, el agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de Orientadora de la Mesa V de la Unidad de Atención y Determinación Tlalnepantla, Estado de México, rinde informe justificado. Fijación de la litis De las constancias que integran el presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado que en esta vía se combate, consiste en: - La omisión de dar contestación a la denuncia que presentó el quejoso vía internet el tres de agosto de dos mil dieciséis. Acto que reclamó inicialmente al Procurador General de la República, por lo que se solicitó su informe justificado respectivo. Antecedentes Mediante auto de quince de diciembre del año próximo anterior, se tuvo por recibido el informe con justificación de dicha potestad, se puso a la vista de las partes y se advirtió la existencia de diversa autoridad a la señalada por el impetrante de derechos en su demanda de amparo, por ende, se le requirió a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo por cuanto hace a dicha potestad. Desahogado el requerimiento señalado en el párrafo que precede, se tuvo como nueva autoridad responsable al Delegado Estatal de la Procuraduría en el Estado de México, de la Procuraduría General de la República, por lo que se solicitó su informe justificado respectivo, mismo del que se advirtió la participación del agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Orientadora de la Mesa V, de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a cargo del licenciado Juan Manuel Zapata Arrieta. Así las cosas, ampliada que fue la demanda por lo que hace a ésta última potestad y recibido en esta data su informe con justificación, se advierte que la autoridad ministerial oficiante negó el acto que se le reclama, y para sustentar su informe, anexó diversas documentales, entre ellas, copia de las siguientes documentales: - Acuerdo de inicio de investigación de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se asigna el número de carpeta de investigación a los hechos denunciados por el aquí quejoso, a saber, FED/MEX/TLAL/0002376/2016. - Citatorio de quince de enero de dos mil diecisiete, en el que se llama a Juan Ortega Chávez, aquí quejoso, ante la representación social federal responsable, a efecto de ratificar su denuncia interpuesta vía internet el tres de agosto de dos mil dieciséis; y, - Comparecencia del impetrante de derechos ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Mesa V de Atención y Determinación (UNAI), con sede en Tlalnepantla, Estado de México, en la que se advierte que ratificó en todos y cada uno de sus puntos, la denuncia que presentó vía internet el tres de agosto de dos mil dieciséis. Análisis previo Ahora bien, tomando en consideración que el acto reclamado que originó el juicio de amparo en que se actúa lo constituye la omisión de dar contestación a la denuncia que presentó el quejoso vía internet el tres de agosto de dos mil dieciséis, sin embargo, de las documentales en estudio, se advierte que dicha petición fue atendida, formándose la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0002376/2016, por los hechos declarados por el aquí quejoso, probablemente constitutivos de delito contra la administración de Justicia. Así, mediante oficio sin número, de quince de enero del año en curso, se le citó el veinticuatro de enero de esta anualidad y ante la autoridad ministerial responsable, a efecto de ratificar su denuncia. Sobreseimiento fuera de audiencia Conforme a lo axpuesto, y atenta a las documentales remitidas por la agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Orientadora de la Mesa V, de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, esta Juzgadora determina que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XXI, del normativo 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, consistente en la omisión de dar contestación a la denuncia que presentó el quejoso vía internet el tres de agosto de dos mil dieciséis, causal de improcedencia que debe estudiarse oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Asimismo, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa premisa, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, la citada causal de improcedencia se actualiza en el presente asunto, en razón a que, de las constancias que obran en autos, se colige que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dio contestación a la denuncia interpuesta por el justiciable; haciéndolo de su conocimiento mediante citatorio de quince de enero del año en curso y comparecencia de veinticuatro de enero en la que acudió a ratificar su denuncia; de ahí que cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia que se analiza. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Ortega Chávez, en contra del acto reclamado consistente en "la omisión de dar contestación a la denuncia que presentó el quejoso vía internet el tres de agosto de dos mil dieciséis", por actualizarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del siete de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el secretario Luis Mariano Sánchez Martínez que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA"3" Ciudad de México, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; y, en atención a su contenido, acúsese el recibo de estilo, respecto del oficio 3300 de su índice, así como de los autos del juicio de amparo 801/2016-3 y testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la queja penal Q.P. 128/2016, formada con motivo del recurso de queja interpuesto en el presente juicio de derechos. Cúmplase.

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