Juan Ortega Chávez
Expediente 412/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 36 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Ortega Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por --------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: Duplicados, siempre que se cuente con el original; ." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional." Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, de igual forma es susceptible de destrucción. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado Acuerdo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 412/2021-VI, promovido por , por derecho propio, contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el tres de agosto dos mil veinte, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, del que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, , por propio derecho, promovió juicio de amparo contra los siguientes actos y autoridades: 1. "C. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 2. DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO. [.] 3. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL SIGUIENTE TRIBUNAL: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO (NAUCALPAN). [.] 4. JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA); [.] 5. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO; y 6. JEFE DE LA OFICINA REGISTRAL DE TLALNEPANTLA DEL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO (IFREM); [.] 7. OFICIAL VIANNEY HERNÁNDEZ CRUZ DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. [.]" IV.- Acto Reclamado. La falta de respuesta a una petición realizada, en contravención al artículo 8º Constitucional.1 SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se recibió por este órgano jurisdiccional en auto de seis de agosto de 1 El acto reclamado se desprende de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja 210/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el cual precisó que el quejoso "controvierte la falta de respuesta a la petición realizada, en contravención al artículo 8º Constitucional". dos mil veinte, en el cual se previno a la parte quejosa a fin de que realizara diversas presiones en torno a la misma; y tras diversos escritos en los que realizó manifestaciones encaminadas a desahogar la prevención, en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien la radicó bajo el número 210/2020, y seguido el trámite correspondiente en sentencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, resolvió que el recurso era fundado por lo que ordenó considerar que la prevención sí había sido desahogada en sus términos. En atención a la resolución dictada en el recurso de queja 210/2020, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, dictó el auto de seis de abril de dos mil veintiuno, en el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; y se admitió a trámite respecto de las demás autoridades, a quienes se requirió sus respectivos informes justificados; además se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, asimismo, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Tras el desahogo de diversos actos procesales, la audiencia constitucional previo diferimiento inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados carecen de ejecución material, y la demanda de amparo fue radicada ante este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En primer término, es preciso establecer que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama, lo siguiente: La falta de respuesta a una petición realizada, en contravención al artículo 8º Constitucional a cada una de las siguientes autoridades responsables: 1. Fiscal General de la República; 2. Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México; 3. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; 4. Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México; y 5. Jefe de la Oficina Registral de Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM); TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, todas las autoridades señaladas como responsables negaron la existencia de los actos reclamados, de manera específica: El Fiscal General De La República; manifestó no haber localizado correo electrónico alguno por parte del quejoso, entre las fechas que refiere fue remitido; El Delegado de la Fiscalía General de la República del Estado de México; negó de manera lisa y llana el acto reclamado; El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; precisó que después de haber realizado una búsqueda en los autos no se encontró escrito firmado por el quejoso en el que solicitara que se expida copia certificada de novecientas tres entrevistas realizadas a diversas personas. El Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México; refirió que no existe solicitud escrita realizada por en la fecha que aduce, recibida en la oficialía de partes de esa oficina, que cumpla con los requisitos que establece el artículo 8 constitucional. El Jefe de la Oficina Registral de Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral del Estado de México, manifestó no haber recibido ninguna petición vía internet formulada por el quejoso. Ahora bien, es importante aclarar que si bien, en principio, cuando se reclama un acto de carácter omisivo, si la autoridad responsable niega su existencia, a ésta le corresponderá probar su dicho y no al quejoso probar la existencia del acto, lo cierto es que antes de emitir un pronunciamiento al respecto, es preciso identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine.2 Así, antes de poder tener por acreditada la existencia de la omisión de contestar los diversos escritos de petición que el quejoso dirigió a las autoridades responsables, resultaba necesario que se hubiera acreditado que sí se habían presentado los escritos ante las autoridades responsables, ya que de otra 2 En el caso resulta aplicable por analogía la tesis: (V Región)2o. J/2 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Pag. 2351, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." forma, resulta una carga imposible de cumplir para la autoridad responsable acreditar la negativa de su omisión. En mérito de lo anterior, si las referidas autoridades responsables negaron la existencia de las omisiones reclamadas, era preciso que la parte quejosa probara que sí formuló las peticiones que refiere en su escrito de demanda; es decir, dada la naturaleza propia del acto reclamado, corresponde al particular demostrar que formuló su solicitud por escrito ante las autoridades, mediante signos distintivos como es su firma autógrafa o, en ciertos casos, la impresión de su huella digital. Lo cual además hace sentido conforme a la teoría de la carga dinámica de la prueba, regla que aplica cuando conforme a las reglas tradicionales de la carga probatoria, no es factible demostrar los hechos relevantes, dada la dificultad material que representan o la falta de disposición del medio idóneo, por lo cual, se traslada a la parte que disponga del medio de convicción y pueda aportarlo para evidenciar la verdad de los hechos, y resolver de manera justa la cuestión planteada.3 En consecuencia, si en la especie todas las autoridades responsables negaron el acto reclamado y además manifestaron que después de haber realizado diversas búsquedas en sus registros no encontraron ningún escrito físico o solicitud electrónica por parte del , resultaba 3 Al respecto es aplicable la tesis I.18o.A.32 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2919, de rubro y texto: "CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. SU CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN. La carga dinámica es una regla procesal en materia de prueba que impone a las partes el deber de probar afirmaciones sobre los hechos controvertidos aunque no las hayan vertido, y responde a las dificultades materiales de aportar los medios demostrativos eficaces; por ende, no se justifica en los principios ontológico y lógico, es decir, no atiende a quien afirma un hecho ordinario o extraordinario o uno positivo o negativo, sino a los principios de disponibilidad de la prueba y solidaridad procesal. Así, dicha figura se justifica cuando conforme a las reglas tradicionales de la carga probatoria, no es factible demostrar los hechos relevantes, dada la dificultad material que representan o la falta de disposición del medio idóneo, por lo cual, se traslada a la parte que disponga del medio de convicción y pueda aportarlo para evidenciar la verdad de los hechos, y resolver de manera justa la cuestión planteada." necesario que el quejoso cuando menos hubiera acreditado que sí presentó los escritos de petición de mérito. Sin embargo, en el presente juicio la parte quejosa no ofreció ninguna prueba con la que se pudiera corroborar esa circunstancia. Además, las impresiones de pantalla del envío de correos electrónicos a diversas cuentas de correo, que incluyó en el cuerpo de su demanda de amparo y escritos aclaratorios, resulten suficientes para acreditar que en efecto los remitió, pues a las mismas no se les puede asignar valor probatorio en atención a que éstas no presentan algún dato o signo que pueda garantizar la fiabilidad del método en fueron generadas o recibidas, asimismo ante la ausencia de firma autógrafa, electrónica o de algún sello digital, no es posible otorgar a esas impresiones la calidad de acuses de recibo.4 4 Es aplicable por analogía la tesis XVII.2o.C.T.23 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Página: 2467 , de rubro y texto: "TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. NO CONSTITUYEN DOCUMENTOS PRIVADOS, SINO ELEMENTOS DE PRUEBA DERIVADOS DE LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA, CUYA VALORACIÓN QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1205 del Código de Comercio y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal citado en primer término, por disposición de su numeral 1063, se advierte que en materia mercantil la ley reconoce como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos, tales como las declaraciones de las partes, periciales y documentos, entre otros, así como la información generada o comunicada en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Ahora bien, las transferencias de dinero realizadas vía electrónica, constituyen una información aportada como descubrimiento de la ciencia que reflejan imágenes en una pantalla electrónica, cuya expresión está supeditada a que se plasme en un objeto o cosa material para su exteriorización y manejo fuera del aparato que lo emite y reproduce, como lo es un documento, en el que la impresión escrita de una imagen proviene de la tecnología, es decir, derivada precisamente de la orden dada a un aparato electrónico, el cual finalmente editará la información que le es suministrada. Por tal motivo, a ese instrumento de información electrónico no le es atribuible el carácter de documento privado al carecer de la característica esencial de que pueda imputársele a persona alguna su elaboración o materialización ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, en términos de los artículos 1238, 1241, 1242 y 1245 de la citada codificación mercantil. Precisado lo anterior, queda al prudente arbitrio del juzgador la valoración de la información recabada de medios electrónicos, de conformidad con el segundo párrafo del invocado artículo 210-A, pues para ello se atenderá a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible su ulterior consulta. En ese sentido, si las transferencias obtenidas vía electrónica fueron exhibidas como prueba por la parte demandada, y éstas no fueron reconocidas por su contraria o por la institución bancaria ante la cual se realizó, ni contienen sello o firma digital, entendida ésta como una cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, que permita autenticar el contenido de ese documento digital, resulta inconcuso que tales constancias solamente tienen el valor de indicio, y no constituyen un medio probatorio eficaz para demostrar que, efectivamente, se haya realizado el pago, ante la falta de desahogo de diversos medios probatorios que robustezcan tal circunstancia, como pueden ser la prueba pericial en informática y/o confesional, entre otras." Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. Finalmente, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad responsable que denominó el quejoso como ---------, Oficial de la Fiscalía General de la República, toda vez que en la audiencia constitucional que antecede a la presente resolución se tuvo por inexistente a la misma. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por , por propio derecho, por los motivos expresados en el TERCER considerando de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes en auto de uno de junio de dos mil veintiuno, respecto del contenido del informe justificado rendido por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior, lo conducente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, rinde informe justificado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de mérito y dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de su contenido, asimismo, otórguese nueva cuenta con dicho informe en la celebración de la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, a efecto de no violar las reglas del procedimiento, lo conducente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, para el efecto de que si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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