Juan Ortega Chávez
Expediente 317/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 45 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Ortega Chávez
- Fiscal General de la República.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
MESA VII. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el acuerdo de tres de junio pasado, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno. En consecuencia, se declara firme dicho auto, por tanto, como se ordenó en el acuerdo de tres de junio del año en curso, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo, interpretado en contrario sensu, archívese el presente expediente por ser asunto concluido. (...)
- Incidental
MESA VII. Visto el estado de autos y tomando en consideración que el expediente principal del que deriva la presente incidencia se ordenó el archivo definitivo; en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese como asunto totalmente concluido. (...)
- Principal
MESA VII. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció, siendo que el quejoso presentó un escrito a través del que formuló algunas alegaciones; ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesoria se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en lo que ahora interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; inconforme con tal determinación la autoridad responsable Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que en sesión de veinticinco de junio de dos mil veinte, resolvió confirmar la sentencia recurrida. El catorce de octubre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad investigadora responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria; el trece de noviembre de dos mil veinte, el Encargado del Despacho de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, informó que el agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de acatar el fallo protector, ya no existía en esa institución, por lo que con el propósito de evitar mayores dilaciones, él llevaría a cabo dicho cumplimiento, así refirió que el seis de mayo de dos mil diecinueve, se dio respuesta a la solicitud que formuló el quejoso ***; en atención a ello, el uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por satisfecha la sentencia de amparo. Al no estar de acuerdo con ese pronunciamiento, el tres de marzo del año referido, el quejoso interpuso recurso de inconformidad. Por razón de turno, de ese medio de impugnación correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo registro con el consecutivo 18/2021 de su índice y el dos de septiembre de dos mil diecinueve, resolvió lo siguiente: ". ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto." Al respecto y dado el sentido de esta determinación, es oportuno destacar algunas de las consideraciones que expuso el tribunal colegiado: ". de la lectura del proveído de seis de mayo. se advierte que la aseveración emitida por la Representación Social, no constituyó una respuesta a la solicitud planteada por el gobernado, sino que se trató de un trámite realizado por la autoridad ministerial en aras de estar en posibilidad de pronunciarse respecto de la petición, puesto que, de manera puntual, expuso que para que estuviera en aptitud de proferir acerca de la procedencia o improcedencia de la expedición de la constancia escrita por la que se le informara el trámite dado a los dieciocho ocursos, era indispensable que el peticionario aclarara cuáles eran los escritos a los que se refería." "Razón por la que lo requirió para que en el término de tres días, subsanara la ambigüedad de su solicitud, bajo el apercibimiento de que de no aclararla se declararía imposibilitado para pronunciarse sobre la procedencia de dicha petición." "Es decir, lejos de considerar que la autoridad ministerial dio contestación a la solicitud. lo que se aprecia es que con él pretendió allegarse de mayor información que le permitiera acatar en sus términos la ejecutoria de amparo (dar contestación a la petición del gobernado); además, el actuar del Representante Social en torno a si la respuesta a la petición era en sentido afirmativo o negativo, quedó supeditado a que el inconforme desahogara o no el requerimiento impuesto." "... se estima que no es pertinente. pues el sentido de la respuesta (afirmativo o negativo), no integra el efecto de la sentencia, sino únicamente que se atienda (de manera real y no con evasivas) la petición." "Sin que de autos se desprenda la actuación que le recayó a dicho requerimiento, puesto que, la autoridad ministerial, sólo acompañó las constancias de las que se aprecia que el doce de noviembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de ***, el proveído de seis de mayo referido, sin referir qué contestación recayó en torno al actuar del gobernado" "Por lo que, en aras de pronunciarse respecto a de la legalidad en el acatamiento de la ejecutoria de amparo, se considera indispensable que el Juez Constitucional, requiera a la representación social responsable, para que remita el acuerdo del que se advierta que atendió la petición formulada, esto es, si la declaró procedente o improcedente." "En la inteligencia de que, tomando en consideración que la concesión de amparo se basó en una violación al derecho de petición, éste se reparara al momento en que la autoridad da contestación de manera congruente a la solicitud, sin que exista obligación de que el sentido de la misma sea acorde a los intereses del impetrante, puesto que, la concesión del amparo no se vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a lo pretendido por el quejoso." ". el acuerdo que se calificó como cumplimiento por parte de la responsable, no constituye una respuesta congruente a la petición de que se trata, de conformidad con el derecho constitucional estudiado, en la medida que no se da respuesta en sentido afirmativo o negativo a lo peticionado y únicamente se informan las gestiones necesarias para ello." Consecuentemente, en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento correcto al fallo protector. En ese sentido, del examen de las documentales que acompañó la autoridad responsable, en apoyo al cumplimiento de la ejecutoria que se le ordenó y las cuales, adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la ley de la materia. Al respecto, se advierte que dicha responsable llevó a cabo lo siguiente: El tres de diciembre de dos mil veintiuno, emitió un acuerdo a través del que dio respuesta a la solicitud que formuló el quejoso y precisó lo siguiente: ". 2. Que se le expida una constancia por escrito en donde se haga constar el trámite que se le dio a DIECIOCHO escritos de petición que ha formulado con anterioridad al que se atiende, para exhibirla al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República." "Por lo que hace a la solicitud identificada con el número 2 no es procedente atender su petición, respecto de la constancia que solicita ya que no señala o aporta mayores datos a efecto de saber cuáles son los DIECIOCHO derechos de petición de los que desea se haga constar el trámite, ello en atención a que no existe certeza de a qué escritos en particular se refiere, aunado a que no manifiesta la fecha de ingreso a esta institución, ni anexa acuse de recibo con los cuales pudieran ser rastreados, menos aún, relata de manera precisa lo que requiere, siendo ambigua y oscura su petición, motivo por el cual me encuentro imposibilitado jurídicamente para atender su petición en los términos que señala." Esa determinación la notificó personalmente al quejoso JUAN ORTEGA CHÁVEZ, tal como se hace constar a fojas 889 a 893 del expediente. En las relatadas circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Se afirma lo anterior, ya que de manera contraria a lo que alega el promovente, la autoridad responsable, en estricto acatamiento a los lineamientos precisados por el Octavo Tribunal Colegiado, atendió la solicitud del promovente y de manera congruente con lo peticionado, le dio contestación -sin estar vinculada a resolver en cierto sentido-, y determinó que era improcedente dado que se encontraba imposibilitada para responder a ***, en virtud de que formuló su petición de manera ambigua y oscura, dado que carecía de datos suficientes para identificar la fecha en que pudo haber solicitado diversa información -respuesta a dieciocho derechos de petición-, además de que tampoco proporcionó constancia de recepción de aquel requerimiento realizado a la autoridad investigadora, máxime que no relató en forma precisa lo que le solicita. Por tanto, la determinación adoptada por la autoridad responsable, es congruente con los efectos de la ejecutoria, pues en ella expuso las razones jurídicas que le impidieron dar respuesta a la petición que formuló el promovente. En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido. Se determina que este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se concedió la protección constitucional; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación la demanda de amparo, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al juicio, así como esta determinación, y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el último párrafo del citado artículo, una vez que transcurran tres años y terminado el proceso de depuración, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Finalmente, la decisión que precede, en modo alguno restringe el derechos de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el artículo 202 del referido ordenamiento legal.
- Principal
MESA I. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al momento de hacer el pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.
Quedan 41 actuaciones en este expediente
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