Juan Omar Medel Ibarra

Expediente 1534/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1534/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Omar Medel Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento Mediante ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ". el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje emita de inmediato el acuerdo conducente." Marco jurídico. Es oportuno reflexionar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, de modo tal, que debe realizar todos y cada uno de los actos determinados en él y en los cuales se traduce el núcleo esencial de las obligaciones exigidas. Si tal sentencia es cumplida en los términos en que se ordenó, el asunto quedará concluido y se ordenará su archivo. Sin embargo, puede suceder que, al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá "defecto", o bien, que vaya más allá de lo que se ha ordenado, hipótesis en la cual existirá "exceso" en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En términos generales existe defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando ésta se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin analizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, habrá defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable realice menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Existe exceso en la ejecución de la sentencia, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, es decir, extralimita su ejecución. En otras palabras, habrá exceso, cuando la autoridad responsable ejecute más actos que los deberes ordenados o impuestos en la ejecutoria. Encuentra apoyo lo referido con anterioridad en la tesis cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo defecto, no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo exceso sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo defecto, realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo" También es aplicable en lo conducente la tesis que dice: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada" Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 217, Octava Época. Tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, II, primera parte, julio a diciembre de 1988, página 241, Octava Época. Acciones de cumplimiento Sentado lo anterior, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se desprende que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Presidente del Tribunal responsable, remitió copia certificada de la determinación de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, dictada en los autos del expediente de origen, de la que se desprende que el Tribunal responsable proveyó el ocurso presentado por la quejosa el dos de mayo de dos mil veintitrés. De las comunicaciones se advierte: EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA El Tribunal Estatal de Conciliación emita de inmediato el acuerdo conducente dentro del juicio laboral 925/2010/E-3. El diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable proveyó el ocurso presentado por la quejosa el dos de mayo de dos mil veintitrés. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, con lo cual funda su dicho de haber dado cumplimiento con lo establecido en la ejecutoria de amparo. Así, de conformidad con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable: 1. El diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable proveyó el ocurso presentado por la quejosa el dos de mayo de dos mil veintitrés. Se tiene por cumplida Por tanto, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató la totalidad de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto al emitir el acuerdo correspondiente, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo protector y no sobrepasó lo establecido en la sentencia de amparo. Recurso de inconformidad Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se requirió a las autoridades responsables, para que acataran la ejecutoria pronunciada en el presente juicio, sin que a la fecha obre constancia alguna que acredite el cumplimiento dado a la sentencia de mérito. CONTENIDO DE INFORMES En efecto, derivado del requerimiento señalado, las diversas autoridades responsables informaron lo que enseguida se indica: 1. El Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que mediante memorándum de veinticinco de octubre del año en curso, solicitó a la Dirección General de Planeación y Presupuesto que informara las acciones que se estén realizando para subsanar el quebranto económico que pone en riesgo el pago de las pensiones de los quejosos y a la vez garantizar el pago de las mismas ante desfases futuros 2. La Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, que a través del oficio de veinticinco de octubre del presente año, solicitó al Secretario de Finanzas del Estado, que remitiera a este juzgado las constancias con las que acreditara las acciones concretas realizadas para subsanar el aludido quebranto económico. 3. El Congreso del Estado a través de la diputada presidenta de la Directiva, informó que a esa soberanía únicamente corresponde examinar y aprobar la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, por lo cual, los mecanismos financieros (asignaciones presupuestarias) para garantizar el pago de las pensiones por jubilación del sector telesecundarias, es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo del Estado. Y que respecto de los instrumentos jurídicos garantes del citado pago de pensiones, la Comisión Especial de Pensiones del Grupo Cotizador del Subsistema de Telesecundarias de dicho poder legislativo, llevó a cabo una reunión de trabajo el veintidós de septiembre de la presente anualidad, con la asistencia del Director General de Pensiones, quien solicitó el apoyo para que de manera progresiva se vayan incrementando los presupuestos de egresos del Estado futuros, acorde a las proyecciones realizadas por dicha dirección, las cuales ya fueron recibidas por la citada comisión legislativa. Asimismo, informó que la Comisión Especializada remitió oficio a la Comisión de Hacienda del Estado de ese poder legislativo, para que considerara lo expuesto y en su momento, se aprobara la propuesta señalada; y añadió, que una vez que sea presentada ante esa soberanía la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2024, se estará en condiciones de examinar y considerar fijar en forma progresiva el incremento a dicho presupuesto conforme a las proyecciones remitidas por la Dirección de Pensiones del Estado, para garantizar el pago de las pensiones por jubilación del sector telesecundarias. 4. La Dirección de Pensiones por conducto de su director general, que el veinticinco de octubre remitió a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de San Luis Potosí, la propuesta de reforma del artículo 28 de la Ley de Pensiones, para que de forma permanente, se incluya año tras año, en el presupuesto de egresos del Estado de San Luis Potosí, el monto a erogar anualmente por las prestaciones a los pensionados y así garantizar su pago vitalicio, con lo que se estima se estaría solucionando el problema de raíz al estar presupuestados los recursos y con ello se cumpliría oportunamente con los pagos mensuales de la nómina, al quedar establecido en la propia ley, la obligación de presupuestarlos. Todo lo cual acreditó debidamente con las constancias respectivas. CONTENIDO EJECUTORIA Y RECURSO DE INCONFORMIDAD Ahora bien, debe reiterarse que en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio se estableció: "De lo reseñado, resulta patente que la razón toral por la que se concedió la protección constitucional estribó en la obligación del estado de garantizar, en términos del artículo 28 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, el pago futuro de la pensiones de los quejosos, a través de la implementación de los mecanismos jurídicos y financieros conducentes; de ahí que, el efecto central de la protección constitucional, lo constituye el deber de garantizar el pago futuro de las pensiones, a través de la implementación de medidas encaminadas a tal fin y no el pago total del déficit existente, como lo refieren los quejosos. [.]" De igual forma, al resolver la superioridad el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa puntualizó: "En conclusión, de las acciones implementadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo, se advierte que, . dicho mecanismo se implementó únicamente para garantizar las obligaciones de pago correspondientes al aludido ejercicio fiscal y no posteriores derivados de desfases futuros de pago por ser inminentes, por lo que es indudable que no se ha acatado en su totalidad el primer efecto del fallo protector. Además, en relación con el segundo efecto del fallo protector, consistente en implementar las acciones inherentes y tendentes a subsanar el quebranto financiero, contra lo afirmado en el auto recurrido, debe concluirse que no se encuentra colmado, pues no existe constancia en autos que acredite que las propuestas de acción contenidas en el Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2023, hayan sido materializadas, es decir, no existe actualmente alguna acción concreta tendente a subsanar el déficit presupuestario en cuestión.1 Énfasis añadido Es decir, que de la ejecutoria de que se trata, se observa que las autoridades responsables se encontraban constreñidas a: Foja 701, del tomo I del expediente principal. IMPLEMENTAR MECANISMOS FINANCIEROS Y JURÍDICOS Y REALIZAR LAS ACCIONES TENDENTES A: 1. Garantizar el pago de las pensiones por jubilación de los quejosos. 2. Subsanar el quebranto financiero que pone en riesgo el pago de dicha pensión.2 ANÁLISIS No obstante lo anteriormente destacado, de los comunicados remitidos por las responsables Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, directora general de asuntos jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y Congreso del Estado a través de la diputada presidenta de la Directiva, no se advierte que obren constancias fehacientes que acrediten que hubiesen materializado alguna de las acciones que ordenaron se lleven a cabo, ni se ha demostrado alguna acción concreta tendente al establecimiento de los mecanismos jurídicos y financieros tendentes a satisfacer los puntos 1 y 2 antes referidos. Ello, no obstante que del oficio que el director de Pensiones de Gobierno del Estado, remitió al Presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, también se advierte que a pesar de haberse solicitado en tiempo y forma la inclusión en el presupuesto de egresos de los años 2021, 2022y 2023, del importe de las obligaciones de Fojas 698 y 699 del tomo I del expediente principal. pago de la nómina de jubilados y pensionados del sector telesecundarias, éstos no fueron aprobados. Aunado a ello, en relación al quebranto financiero que existe respecto del fondo de jubilaciones, en la exposición de motivos de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2023, se propusieron las siguientes acciones: Sin embargo, respecto de tales acciones o propuestas, las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, no han informado su total cumplimiento, por lo cual únicamente constan las citadas propuestas, plasmadas en dicha exposición de motivos, sin que conste que se hubiesen materializado las mismas. De manera que se estima inaplazable que las diversas responsables Secretaría de Finanzas, Gobernador Constitucional, Congreso y Dirección de Pensiones, todos del Estado de San Luis Potosí, ordenen, verifiquen y concreten, en el ámbito de sus respectivas competencias y previa coordinación, las acciones tendentes a acatar la sentencia dictada en el presente juicio, dado que a la fecha no se advierte gestión concreta alguna que justifique el retraso en el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, conforme lo dispone el artículo 193 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO Por consiguiente, a fin de estar en aptitud de, en su caso, continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de esta determinación, manifiesten conforme a su organigrama, el cargo del servidor público al que corresponde acatar la ejecutoria aquí dictada, en términos de lo anteriormente expuesto. APERCIBIMIENTO Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los numerales 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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