Juan Olvera Medina

Expediente 1312/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1312/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Juan Olvera Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, de la que se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, el original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha; toda vez que le fue concedida la suspensión provisional a la parte quejosa; en cumplimiento a dicho dispositivo, consérvese el proveído en el que le fue concedida la suspensión provisional, y en su oportunidad destrúyanse las demás actuaciones. No obsta a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, hayan quedado debidamente notificadas de la sentencia de amparo dictada en este juicio, pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por... atento a lo expresado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y cúmplase.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa Vista la certificación puesta por el secretario de este juzgado, deriva que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que haya realizado manifestación al respecto; en consecuencia, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y no se apliquen en lo futuro. La autoridad responsable, Administración Local de Recaudación de Torreón. De la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, deje insubsistentes los cobros de derechos por servicios registrales con folios 758558766 y 758558862, mismos que deberán ser con base en la cuota mínima que establece el artículo 79-B, es decir, por el monto de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.), por registro de compraventa y apertura de crédito, así como que se le reintegren los respectivos excedentes. Hecho lo anterior, proceda a devolver la diferencia de los pagos realizados por la parte quejosa al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, los cuales constan en los recibos indicados, correspondientes a los conceptos de los rubros de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD" E "IMPUESTO ADICIONAL". Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas. Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, esta juzgadora estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistentes los pagos contenidos en los recibos oficiales con números de referencia 758558766 y 758558862, el primero por la cantidad de $18,488.00 (dieciocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y el segundo por el monto de $16,848.00 (dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), y en consecuencia, realizó la devolución del excedente pagado por la quejosa relativo a la inscripción de documentos. En efecto, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $20,699.00 (veinte mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), mediante cheque expedido en favor de la quejosa Ana Isabel Ruiz Torres; asimismo, se advierte que desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa los preceptos impugnados de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que esta juzgadora advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que mediante proveído de cinco de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa respecto a la inexistencia de la autoridad denominada Comandante Regional de la Dirección Estatal de Investigación Zona III, con sede en Lerdo, Durango, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación respecto a dicha autoridad, en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído mencionado en líneas anteriores, por lo tanto se tiene como inexistente y se suspende comunicación con la misma. Notifíquese.

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