Juán Olmos González
Expediente 801/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Juán Olmos González
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el proveído de veintitrés de agosto del año en curso, notificado electrónicamente el veintinueve de agosto siguiente, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; en consecuencia, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 801/2022. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte." (.) HECHOS En el caso, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que se señala como acto reclamado: "LA DEMORA EN DEMASÍA PARA HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021 EMITIDO EN EJECUTORIA DE CUMPLIMIENTO DEL AMPARO DIRECTO *******DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL." Ahora bien, de los antecedentes que la parte quejosa narra bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente: Que en fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno se dictó un nuevo laudo en el expediente ******* en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con motivo de juicio de amparo promovido por la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Posteriormente el uno de marzo de dos mil veintidós se aperturó el incidente de liquidación y el veintiocho de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia correspondiente, no obstante en la misma fecha, la autoridad responsable se reservó de resolver. Así, de los datos que se expresaron en la demanda de amparo, en su contexto, se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de ejecutar el laudo, de lo que se colige que el impetrante de amparo no reclama un acto concreto, sino una omisión genérica que atribuye a la autoridad responsable. CONCLUSIÓN Se concluye respetuosamente que surge a la vida jurídica una causal de improcedencia del juicio de amparo promovido contra el acto reclamado, pues es evidente que es de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, que en este caso es el quejoso, y debe reclamar un acto u omisión en concreto. Para demostrar tal aserto, se transcriben los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz: "Artículo 223. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas, tienen obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes". "Artículo 224. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal o las Salas pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un Actuario o librarán exhorto en su caso, a quien corresponda, a fin de que, en unión de la parte que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndolo de que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en este artículo. Cuando la parte condenada sea una autoridad estatal o municipal, el laudo deberá cumplirse dentro de un plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación. Transcurrido este plazo sin que la autoridad haya dado cumplimiento al laudo, el Tribunal dictará auto de requerimiento de pago y embargo y lo notificará a la parte condenada, aplicando en lo conducente las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Bienes y el Código Hacendario Municipal, ambos ordenamientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave". Del primer precepto citado, se obtiene que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene a su cargo la obligación de proveer la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos y, para tal efecto, dispone de las medidas necesarias que discrecionalmente estime procedentes para lograr el cabal cumplimiento de dicha resolución. Asimismo, del segundo de los numerales reproducidos se desprende que el referido tribunal laboral requerirá la ejecución del laudo cuando lo pida la parte interesada, lo que implica que debe mediar su petición expresa para el inicio del procedimiento de ejecución forzosa. Además, dicho artículo establece que, al despachar el auto de ejecución, el tribunal laboral comisionará a un actuario, en su caso, para que, asociado de la parte beneficiada, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución. Esto es, el citado numeral 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado establece dos momentos en los cuales resulta necesaria la intervención de la parte que obtuvo resolución a su favor en el periodo de ejecución del laudo, a saber, el primero, en el que se requiere la petición de dicha parte para iniciar el procedimiento de ejecución forzosa y, el segundo, cuando una vez acordada tal solicitud, se despacha auto de ejecución, a fin que el actuario comisionado asociado de la referida parte requiera el cumplimiento del laudo. En ese contexto, no sólo corresponde a la parte interesada solicitar que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también dicha parte se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, pues resulta necesaria su asociación con el fedatario público, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo, pues la norma en cita precisa que, al ordenarse la ejecución forzada del laudo, necesariamente debe comisionarse al actuario para que, asociado de la parte que obtuvo sentencia favorable, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, sin que se haga excepción alguna al respecto. Así, resulta válido establecer que, de la interpretación armónica de dichos preceptos, se obtiene que si bien es cierto corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, no menos lo es que para llevar a cabo el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, resulta indispensable la petición expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. La consideración precedente se robustece con lo dispuesto por el artículo 102, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que establece: "Artículo 102. Prescribirán en dos años: (.) III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. (.)" Lo anterior, toda vez que no debe perderse de vista que el referido precepto regula la prescripción, entre otros supuestos, de las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en específico, el laudo definitivo, en el cual se condena a alguna de las partes en el juicio, el cual es de carácter declarativo y con base en tal determinación, la parte vencedora se encuentra facultada para exigir su ejecución. Acción que no puede considerarse en su ejercicio como indefinida, puesto que, de conformidad con el referido artículo, es de naturaleza temporal, ya que establece el lapso de dos años para ejercerla, con lo cual se garantiza el principio de seguridad jurídica tutelado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la parte que obtuvo sentencia favorable debe solicitar expresamente que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado numeral, so pena que su acción se declare prescrita. Ahora bien, dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de ejecución, tiene por efecto, entre otros, interrumpir la prescripción, desestimando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a operar a partir de éste o después del acto interruptivo. En tal situación, si el referido numeral 102, fracción III, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establece el término prescriptivo aplicable a la acción para ejecutar las resoluciones de dicho tribunal, luego, es necesario que la parte interesada solicite, antes que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, puesto que, tal y como quedó precisado en el párrafo anterior, dicha promoción tiene, en su caso, por efecto interrumpir la prescripción, pues estimar lo contrario daría lugar a que la acción para ejecutar el laudo se vuelva imprescriptible, lo que contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna. Lo anterior, ya que si bien es cierto que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte que obtuvo un laudo favorable en cuanto le corresponde manifestar de modo fehaciente su interés en que se ejecute el laudo, lo cual debe realizar dentro del término de dos años que indica el comentado artículo 102, fracción III, de la ley burocrática en cita, pues de no hacerlo, ello denotaría una falta de interés en esa ejecución, lo que, en su caso, actualizaría la prescripción de la acción respectiva; ello a fin de cuidar que no se cause algún perjuicio al principio de seguridad jurídica, como lo sería el dejar por tiempo indefinido la ejecución del laudo burocrático, puesto que el principio de certeza jurídica de los laudos debe prevalecer sobre el interés particular. En conclusión, no puede considerarse que corresponda al Tribunal de Conciliación y Arbitraje llevar a cabo, de manera oficiosa, la ejecución forzada del laudo, en razón que tanto el inicio de dicho procedimiento, como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte vencedora, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario; por tanto, es necesario realizar dicha solicitud, antes que transcurra el término para la prescripción aludida. Así, al reclamarse en el amparo en forma genérica la demora u omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de proveer lo conducente para la ejecución del laudo dictado en el expediente número *******, es un acto de realización incierta, en razón que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante -parte quejosa-, por lo que no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuye a la autoridad responsable. Robustece las consideraciones que anteceden, por su sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la que a la letra dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Jurisprudencia que es obligatoria para este órgano de control constitucional, por tanto, este Juzgado de Distrito debe normar su criterio atendiendo a la definición que dio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la naturaleza jurídica del acto consistente en la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo, en el que indicó, que debe tenerse como inexistente porque se requiere de una participación individualizada de la parte quejosa para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo. Como se ve, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, atendiendo a dichos preceptos, estableció la inexistencia de un acto genérico de omisión de ejecución del laudo señalando que se requiere de una participación individualizada para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo su ejecución. Esta determinación también debe regir a los procedimientos seguidos conforme a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, porque se refiere a la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo y en ambos ordenamientos se regula su ejecución a petición de parte, como se aprecia de lo dispuesto en los artículos 223 y 224 previamente transcritos. Máxime, que también existe jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo de este Séptimo Circuito, respecto al tema que nos ocupa, como se aprecia en la siguiente tesis de jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nació Registro digital: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.VII.L. J/10 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS Asimismo, se autoriza en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que el imperante de amparo es el trabajador en el juicio de origen, no obstante, se tienen como sus autorizados en términos restringidos de dicho numeral a *******, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 14 y 16 del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza a ******* en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con usuario "*******", el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de CONSULTA DEL JUICIO, PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES, ASÌ COMO RECIBIR NOTIFICACIONES POR ESA VÍA; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta, de conformidad con lo estipulado en el diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y su reforma contenida en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitar al referido usuario, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda, para que, en lo subsecuente, dentro del plazo legal, impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico las constancias de notificación que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. Asimismo, por cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones ubicado en esta ciudad, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud que en párrafos precedentes se ordenó efectuarle las notificaciones relativas al presente asunto vía electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 2017924 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.P.34 K (10a.) Página: 2364 "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." DATOS DE CONTACTO Respecto al correo electrónico que proporciona a efecto de recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar, en virtud que no está contemplado en la Ley de Amparo, como medio para realizar las notificaciones que deriven del presente juicio; sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa en virtud que señaló usuario para recibir notificaciones vía electrónica. No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y su reforma contenida en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, se toma en cuenta dicho correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva. En el entendido que, para el caso que deseen acudir para tal efecto, deberán programar una cita en el programa "Agenda OJ", acorde con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 reformado por diversos acuerdos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Secretario Encargado del Despacho y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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